Alertan que una ley impulsada por el STJ «pondría fin a los amparos colectivos”
Se trata del nuevo "código de constitucionalidad", que establece fuerte restricciones para las demandas por temas ambientales, derecho a la salud y derechos del consumidor. La semana próxima la Legislatura lo tratará en segunda vuelta.
El proyecto de ley promovido por el STJ rionegrino para crear el Código Procesal de Constitucionalidad que ya tiene aprobación en primera vuelta generó alarma entre decenas de ambientalistas, gremios, organizaciones de jubilados y de derechos humanos, que lo consideran un ataque directo contra derechos básicos, al fijar condiciones casi incumplibles para la presentación de amparos colectivos.
De aprobarse la semana que viene en segunda vuelta -como está previsto en el orden del día para la sesión extraordinaria del miércoles- “el Superior Tribunal se habrá sacado los amparos de encima”, denunció la legisladora de Vamos con Todos Magdalena Odarda.
Casi 40 entidades de toda la provincia se presentaron ante la Legislatura con notas fundadas para pedir que se suspenda el tratamiento del proyecto y se escuchen sus opiniones.
Figuran entre otras en esa lista la APDH, la organización ambientalista Árbol de Pie, la CTA de los Trabajadores, la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Río Negro, la multisectorial feminista de Viedma y Patagones, comunidades mapuches como Newen Tain Mapu, Ancalao, Newen Zomo, la Asamblea por la Tierra y el Agua, el Sitrajur y la Asamblea por los Derechos Humanos de Valle Inferior.
Algunas de esas presentaciones denominan al llamado Código Procesal Constitucional promovido por el STJ como “proyecto de desamparo”. Subrayan allí que la regulación propuesta es “violatoria del principio de no regresividad” que rige para el derecho ambiental. Con el cometido de resumir y simplificar la normativa existente, el proyecto deroga seis leyes, entre ellas la 2.779 de amparo colectivo, por la que siempre se destacó Río Negro, como una provincia “de avanzada” en la materia.
La ley que aprobaría la Legislatura en pocos días es “intimidatoria y afecta la participación ciudadana” -según los denunciantes-, porque cuando un amparo es desestimado carga las costas del juicio de las dos partes sobre los demandantes.
Esa imposición se suma a otras, como la que establece en el caso de de los amparos interpuestos contra actos del poder Ejecutivo que las acciones sean declaradas “inadmisibles” y remitidas a la justicia contencioso administrativa, “que demora años en resolver”.
Consideraron que esas limitaciones -en la práctica- le cerrarán el camino a los ciudadanos que reclamen por derechos vulnerados por ejemplo contra el Ipross, el ministerio de Salud, el de Educación, demandas por derechos laborales o por casos de contaminación.
Uno de los artículos, incluso, permite multiplicar por diez los gastos y costas del juicio cuando el STJ considere que un planteo es “temerario”.
El oficialismo bloquea cualquier revisión
Odarda dijo la intención declarada del Superior Tribunal es agrupar la legislación “dispersa” que acumula la provincia en relación al hábeas data, hábeas corpus, acceso a la información y derechos colectivos, pero la solución encontrada, a su juicio, es “inconstitucional”.
Dijo que el amparo “es el último bastión de derecho de los ciudadanos” para enfrentar abusos del poder administrador, y la ley que ya tiene sanción en primera vuelta ataca ese derecho “en consonancia con la línea que hoy impone el gobierno nacional”.
El proyecto fue sancionado en primera vuelta con el voto favorable del oficialismo y otros bloques afines. Sólo se opusieron el PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.
Según Odarda, el tratamiento de un proyecto de ley en doble vuelta está previsto para darle publicidad y efectuar consultas amplias a los interesados, lo que no ocurrió en este caso. “Están decididos a aprobarlo en la próxima sesión. Es muy raro -opinó la Legisladora-, porque en sesión extraordinaria por lo general se tratan proyectos que pide el Ejecutivo y acá el impulsor es el STJ”.
Recordó que no hace mucho, en una situación similar, la cámara de fabricantes de pirotecnia pidió ser escuchada por un proyecto de ley que la afectaba y se generó una reunión de comisión para asegurarles ese derecho. “Ahora debería pasar lo mismo, pero hasta ahora el reclamo de las organizaciones no tuvo ningún eco”, afirmó.
Casos “complejos”
La legisladora opositora dijo también que el proyecto incluye un concepto vidrioso como la “complejidad”. Si el STJ considera que una demanda encuadra en esa condición puede derivarla a la Justicia ordinaria. “Es confuso y se presta a cualquier cosa, todas las cuestiones ambientales son complejas”, argumentó.
De resultar aprobado, el nuevo código eliminará también la obligación de publicar los amparos por defensa del consumidor y reclamos ambientales para que otros ciudadanos puedan conocerlo y adherir. Algo que suele ser de práctica en demandas contra empresas de servicios como luz y gas.
Odarda dijo que el bloque oficialista conoce las objeciones “pero no quiere escuchar a nadie, ni aplazar el tratamiento” del proyecto, al que consideró “restrictivo e intimidante”. Subrayó que desalienta la participación ciudadana, e implica un retroceso en materia de derechos, en abierta violación de convenios internacionales.
El proyecto de ley promovido por el STJ rionegrino para crear el Código Procesal de Constitucionalidad que ya tiene aprobación en primera vuelta generó alarma entre decenas de ambientalistas, gremios, organizaciones de jubilados y de derechos humanos, que lo consideran un ataque directo contra derechos básicos, al fijar condiciones casi incumplibles para la presentación de amparos colectivos.
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