A un año del desalojo, los pobladores aún viven con temor en Villa Mascardi
El 4 de octubre del 2022 un megaoperativo desalojó a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de varios lotes que usurpaban desde hace casi 5 años en esa zona. Residentes sostienen que el conflicto aún no se resolvió.
Pobladores de Villa Mascardi aseguraron que la calma relativa que se vive es por la presencia de efectivos de fuerzas federales en el lugar. (Foto: Marcelo Martinez / Patagonia)
Antes de que amaneciera, el 4 de octubre del 2022 más de 200 efectivos de la Policía Federal se desplegaron en la zona de Villa Mascardi. Tenían la orden de la entonces jueza federal María Silvina Domínguez “de hacer cesar el delito que se viene cometiendo (para lo cual deberán desalojarse completamente) como asimismo lograr la detención de todas las personas que sean habidas en el interior” de los predios. Por eso, los policías irrumpieron en los 9 lotes que los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu usurpaban y los desalojaron. Solo detuvieron a las mujeres, que estaban con sus hijos pequeños. Los varones lograron burlar el cerco policial y huyeron hacia la montaña.
Un año después, en Villa Mascardi se percibe algo de tranquilidad. Pero es una calma que pende de un hilo, porque el conflicto de fondo aún no se resolvió. Y pocos creen que habrá una solución en el corto plazo.
Diario RÍO NEGRO estuvo este miércoles en la zona y los pocos pobladores que se animaron a hablar lo hicieron sin levantar la voz. En absoluta reserva. Aún viven con el miedo a las represalias. “Vivimos cinco años de terror”, resumió una mujer, que vive desde hace décadas en ese lugar y conoce la historia de la villa. “Se hizo mucho daño”, lamentó.
En algunos de los predios que la comunidad Lafken Winkul Mapu mantuvo usurpados desde noviembre de 2017 hasta el 4 de octubre del año pasado solo hay escombros. El hotel Mascardi no existe más. También, numerosos árboles talados.
La antigua pobladora mencionó que se recuperó una relativa tranquilidad, pero lo atribuyó a la presencia permanente de miembros de las fuerzas de seguridad que custodian la zona. Dijo estar convencida de que si los efectivos se marchan, los integrantes de la comunidad retornarán.
No están dadas las condiciones
Los propietarios de los lotes usurpados, que sufrieron la destrucción de sus viviendas y terrenos, coincidieron en que no están dadas aún las condiciones para reconstruir sus casas. Esperan el cambio de Gobierno a nivel nacional para volver a poner de pie esas construcciones que fueron incendiadas y destruidas.
Un hombre que trabaja desde hace unos años en el lugar dijo aliviado que ya no hay más cortes de ruta. Recordó el último que se prolongó una noche por casi cinco horas, con todas las complicaciones que provoca. Opinó que los años que duraron las usurpaciones hubo un Estado ausente. También, se tiraban la pelota entre los funcionarios de la justicia provincial y la federal.
Otra mirada
El coordinador del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, tiene otra mirada. “Por supuesto que el desalojo no era la opción que iba a solucionar el conflicto. De ninguna manera, como tampoco lo fue el 23 de noviembre de 2017”, afirmó.
El conflicto se originó cuando a principios de noviembre de 2017 un grupo de personas ocupó dos predios de la Administración de Parques Nacionales en Villa Mascardi. Los varones estaban encapuchados. Esa metodología de reclamo llamó la atención. Se identificaron como comunidad Lafken Winkul Mapu y alegaron que se trataba de una recuperación de territorio mapuche.
Villa Mascardi: «El desalojo no era la opción que iba a solucionar el conflicto»
Pocos sabían que los manifestantes eran miembros de la familia Colhuan Nahuel, que había sido reconocida como comunidad y el Estado les había entregado un predio en el barrio Virgen Misionera en la zona oeste de Bariloche.
La usurpación comenzó con amenazas a guardaparques que se acercaron a pedirles explicaciones. También, operarios de la CEB fueron intimidados por los encapuchados.
Así, se inició el primer expediente penal (llamado la causa madre del conflicto) por usurpación y el 23 de noviembre de 2017 el juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba el juzgado federal de Bariloche, ordenó el desalojo.
El caso Rafael Nahuel
Efectivos de la Policía Federal y de Prefectura entraron a ese predio. Detuvieron solo a las mujeres, con sus niños. Los varones escaparon hacia los cerros. Dos días después, ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel que recibió un balazo por la espalda. Tenía 22 años y había llegado horas antes a Villa Mascardi, para apoyar a sus tíos y primos, que ocupaban el predio.
El homicidio ocurrió cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Desde finales de agosto pasado hasta la fecha, cinco albatros están siendo juzgados por el crimen de Nahuel.
El 24 de octubre se desarrollará en Villa Mascardi una inspección ocular por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca que juzga a los cinco albatros imputados. Vendrán los jueces, el fiscal federal y su equipo, los abogados querellantes, los familiares de la víctima y dirigentes mapuches posiblemente. Faltan 19 días, pero algunos pobladores ya perciben que esa jornada será complicada en la zona.
Este miércoles estaban en la zona gendarmes y policías federales. También, personal de Prefectura vigila la villa, ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la Ruta Nacional 40. Hasta hace unos días hubo miembros de la PSA, que se retiraron porque fueron asignados a la custodia de Yéssica Bonnefoi, que estuvo varias semanas detenida en instalaciones que la PSA tiene en el aeropuerto de Bariloche, comentaron fuentes oficiales.
La joven mapuche pertenecía a la lof Lafken Winkul Mapu y había sido declarada en rebeldía por la justicia federal porque no compareció a las citaciones del juzgado. Además, tenía una orden de captura. La detuvieron a principios de agosto pasado tras huir con otro joven en un control de tránsito, en Bariloche. Cuando la arrestaron y cargaron sus datos saltó que tenía el pedido de detención del juzgado federal.
Fue condenada por el juez federal Hugo Greca el 22 de septiembre pasado a 6 meses de prisión en suspenso por causar lesiones leves dolosas agravadas a una agente de la Policía Federal y resistencia a la autoridad durante el primer desalojo. También está imputada por las usurpaciones. La semana pasada, le concedieron la prisión domiciliaria porque es madre de cinco hijos que tiene a su cargo.
Los acuerdos conciliatorios
Greca fue el juez que homologó uno de los acuerdos conciliatorios que surgieron del convenio que alcanzaron el de junio último funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes de comunidades mapuches.
En esa mesa de diálogo acordaron que Parques Nacionales desistiría de seguir adelante en las causas por las usurpaciones para resolver el conflicto. Los funcionarios de Nación se comprometieron a reconocer el sitio donde la comunidad Lafken Winkul Mapu levantó el rewe para la machi Betiana Colhuan, en un lote de Parques Nacionales. También, a construir tres viviendas en ese lote. Una para la joven, otra para sus colaboradores y una tercera para sus pacientes. También, que la comunidad sería reubicada en otro punto de la región. Como contrapartida, los miembros de la comunidad estarían a derecho y regularizarían su situación ante el Estado.
En el caso de la resolución de Greca, que homologó a finales de junio último ese acuerdo presentado por los abogados de las imputadas, se desistía de la persecución penal contra las mujeres de la comunidad imputadas por la primera usurpación, pero excluyeron a todos los que están prófugos de la justicia federal. En esa situación están Cristian Germán Colhuan, Matías Daniel Santana (esposo de la machi) y Juan Pablo Colhuan. También, Bonnefoi.
Pero la fiscalía federal la apeló la resolución de Greca ante la Cámara Federal de Casación Penal, que aún no se expidió. Pobladores de Mascardi rechazan ese acuerdo, porque advierten que reactivará el conflicto.
Las causas unificadas
Hay otro acuerdo conciliatorio que los defensores de la Gremial de Abogados de la Argentina de los imputados presentaron a mediados de junio pasado ante el juez federal Alejandro Silva, que no dictó ninguna resolución todavía.
En ese acuerdo incluyeron las causas que la jueza Domínguez unificó a finales de octubre del año pasado, cuando procesó a las mujeres y varones de la comunidad. En un solo expediente quedaron las usurpaciones del predio donde estaba el exHotel Mascardi, de la propiedad La Escondida, del predio de la Unión Personal de Gas del Estado y por el ataque contra un grupo de gendarmes que sucedió a finales de septiembre del año pasado, en la propiedad Los Radales.
Allí, un grupo de encapuchados atacaron a tiros a unos gendarmes que custodiaban ese predio, según la acusación fiscal. Los gendarmes tuvieron que replegarse para preservar su integridad. Después, incendiaron la casilla rodante donde pernoctaban y usurparon la propiedad. Los defensores Virgilio Sánches y Eduardo Soares sostienen que es «una causa trucha».
En Villa Mascardi desde casi 1890 hay presencia mapuche. Se trata de las familias que con el paso de los años conformaron la comunidad Wiritray. Esa comunidad canalizó su reclamo territorial de manera institucional, sin apelar a las vías de hecho o usurpaciones.
Fuentes que conocen la historia reciente de esa Lof explicaron que apenas fue sancionada la ley 26160 de comunidades indígenas por el Congreso de la Nación se relevó a la comunidad. Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les entregó en enero de 2012 la carpeta técnica. Destacaron que la werken de la Lof Wiritray Clarisa Montenegro, comenzó con todas esas gestiones ante Nación.
La referente del pueblo mapuche murió a principios de febrero del 2021. Fue una de las pocas autoridades mapuches que denunció la violencia que ejercieron los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu desde que llegaron en 2017 a Villa Mascardi.
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