A meses de la temporada, Bariloche investigará los alojamientos no habilitados para turismo

La Secretaría de Fiscalización de Bariloche tomó cartas en el asunto a partir de una denuncia de la Unión de Inquilinos de Río Negro y en los próximos días, iniciará inspecciones en las inmobiliarias de la ciudad.

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La entidad realizó un relevamiento en 95 inmobiliarias de Bariloche registradas en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Tercera Circunscripción. Alrededor de 60 establecimientos -un 65%- no tienen habilitación comercial.

«Habrá un cruce de información para verificar la denuncia de esta organización respecto a varios socios del Colegio de Martilleros que no estarían habilitados por la Municipalidad, de acuerdo a la ordenanza del 2016 que regula los servicios inmobiliarios», resumió el secretario de Fiscalización, Claudio Otano.

Recalcó que muchas inmobiliarias tampoco «cumplen el artículo 47 de la ley provincial 2051 que determina que los martilleros deben tener una oficina de atención para ejercer la actividad».

El funcionario aseguró que se otorgará un plazo para regularizar la situación a quienes no cuenten con la habilitación correspondiente y advirtió que el anuncio fue «muy bien recibido por muchas inmobiliarias habilitadas que se ven perjudicadas por la competencia desleal».

Durante el encuentro con miembros de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Otano se comprometió a fiscalizar la oferta de alojamientos turísticos no habilitados. «Se planteó que hay escasa oferta para alquilar en forma permanente debido al exceso de oferta para alojamiento turístico. Lo cierto es que tenemos mucha oferta ilegal en plataformas reconocidas como Airbnb, Booking o Trivago y en redes sociales, como Facebook», aseguró el funcionario municipal.

Puso como ejemplo, numerosas maniobras de estafas a turistas que se detectaron durante la última temporada estival. «Previendo lo que puede llegar a pasar en invierno, vamos a iniciar pesquisas en las redes digitales para cotejar la oferta con los establecimientos registrados«, explicó Otano.

Reconoció que hasta ahora, los inspectores intervenían «a demanda» a partir de alguna denuncia puntual. «La idea es que, a tres meses de la temporada invernal, los inspectores se anticipen al problema», dijo.