A tres meses de la ley, los radares siguen sin definiciones en Río Negro
Se cumple el plazo para regularizar los cinemómetros pero la Provincia todavía no reglamentó la norma. Hay cuatro municipios con aval de Nación que esperan quedar excluidos.
En Río Negro hay radares instalados, pero que no están habilitados. (Archivo)
Esta semana se cumplirán 90 días de la sanción de la ley N° 5726, que establecía ese período para la regularización del “funcionamiento” de los radares en Río Negro y mientras tanto se prohibió su uso en las rutas rionegrinas.
El plazo fijado -legalmente- se extenderá hasta fin de mes por la fecha de publicación y también de su correspondiente puesta en vigencia.
Pero, igualmente, vale la referencia para dimensionar que no existieron avances en estos tres meses por parte del Poder Ejecutivo ya que ni formalizó aún el decreto reglamentario que debería precisar el alcance de la norma.
Un punto no resuelto se corresponde con los radares de los municipios autorizados por Nación. Sus intendentes niegan que la Provincia pueda prohibirlos.
La autoridad de aplicación de la norma es el ministerio de Seguridad y Justicia, que conduce Daniel Jara, y esa cartera habría planteado un proyecto reglamentario, pero el decreto nunca fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck.
“Se está trabajando en el reglamento”, respondieron del área a Diario RÍO NEGRO, tres meses después de la sanción de la ley.
El proyecto de radares pertenece a la bancada del ARI y, posiblemente, eso explique el aparente desinterés del oficialismo.
Su aprobación en primera vuelta ocurrió en una sesión del 16 de mayo y, luego, el 12 de julio fue la sanción. En esta ocasión, el oficialismo logró apoyos suficientes para iniciativas de su pleno interés, como la renegociación de contratos petroleros, la adhesión al RIGI, reformas impositivas y, también, la reforma del poder judicial.
También, con algunas reformas, el ARI consiguió su ley de radares. Siempre pareció que su progreso parlamentario respondía más a una compensación, que a la valoración de JSRN por esa propuesta arista.
Con ese origen, la implementación inicial ya tuvo su inconveniente. El presidente de la bancada del ARI, Javier Acevedo, consideró que la ley prohibía a la totalidad de los radares cuando, en principio, la Agencia de Seguridad Vial, a cargo de Marcelino Di Gregorio, interpretaba que la Provincia no podía avanzar sobre aquellos avalados por la Nación.
Seguridad no defendió el criterio de Di Gregorio y, al final, anuló las multas, pero no sumó ninguna claridad más.
Nadie tiene precisiones qué ocurrirá con los radares porque, si bien ley habilita su continuidad, hay un componente para profundizar.
La operatividad está cargo de la Cámara de Empresas de Control y Administraciones de Infracciones de Tránsito (Cecaitra), que es propietaria del equipamiento y, además, tiene la gestión de cobranza de las multas.
El primer quebranto de esa concesionaria estuvo en la norma de prohibición de los radares por 90 días y en la parálisis de las infracciones. Obtiene un porcentaje de esos ingresos por la prestación del servicio aunque su perjuicio esencial recayó en la anulación de más de 400.000 infracciones en proceso.
Hasta ahora, la Cámara formalizó un simple cuestionamiento a Seguridad pero está expectante cuál será la decisión final de la Provincia en relación a los radares. Evalúan mientras tanto canales de reclamos de las multas operadas y no cobradas, pero tampoco habría realizado nuevas inversiones. Por caso, según trascendió, parte de los “cinemómetros” estarían provisoriamente inhabilitados para operar por la pérdida de vigencia de sus autorizaciones de funcionamiento.
Los municipios esperan antes de plantear la inconstitucionalidad
Los municipios que cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para administrar sus propios cinemómetros de velocidad, esperan la reglamentación de la ley y que se aclare su exclusión de la medida.
Una vez que entró en vigencia la ley, en julio, se suspendieron todos los radares provinciales y el cobro de multas, a excepción de los municipios de Bariloche y El Bolsón que decidieron mantener la operatividad por un gris en la legislación aprobada.
A mediados de julio se apagaron los radares que tenían habilitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial ubicados en los accesos a Villa Regina, Cipolletti, Río Colorado, Sierra Grande, Lamarque y Campo Grande-Barda del Medio. También se suspendieron los de Dina Huapi y Contralmirante Cordero, aunque contaban con autorización nacional.
Aunque las dos últimas localidades que administran sus radares con el aval nacional se plegaron a suspender la operatividad, también esperan una aclaración en la reglamentación de la ley junto a Bariloche y El Bolsón y le trasladaron esta inquietud 15 días al titular de la agencia provincial, Marcelino Di Gregorio, en la oportunidad de un encuentro.
“La voluntad de la provincia es volver a foja cero con la ley, reglamentarla para no complicar a los municipios que estamos en orden con habilitación de la agencia nacional”, dijo a Diario RÍO NEGRO Hernán Terrens, jefe de Gabinete de Dina Huapi.
El funcionario advirtió que los cuatro municipios “podríamos ir por la inconstitucionalidad de la ley” si no se aclara su exclusión de la normativa provincial y remarcó: “Nosotros tenemos acuerdos con la agencia nacional desde antes de la sanción de la ley provincial y somos municipios autónomos”.
Dina Huapi está gobernada por Hugo Cobarrubia, un intendente radical con buena sintonía con el gobernador Alberto Weretilneck, por eso la comuna decidió dar tiempo y mientras tanto suspender los radares a pesar de que consideran un perjuicio y riesgo para la localidad por el fluido tránsito en la Ruta Nacional 40, cargado además por el flujo de camiones trasandinos.
Terrens remarcó que la situación de incertidumbre se habló con Di Gregorio, el ministro de Seguridad, Daniel Jara y el exministro de Gobierno, Federico Lutz. Por ahora no hubo avances.
El Bolsón está en la misma situación, aunque el municipio comandado por Bruno Pogliano, de Juntos Somos Río Negro, decidió mantener operativos los radares cuando entró en vigencia la ley porque entendían que no estaban abarcados con las pautas de la normativa.
“Estamos a la espera de la reglamentación de la ley del Ejecutivo provincial. Confiamos que la reglamentación a los artículos 2 y 4 de la ley 5726, establezca que quedan excluidos de la prohibición los radares, cuya instalación y funcionamiento ya se encuentran debidamente autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, explicó la asesora letrada municipal, Cristina Serante, que tiene a su cargo el tema.
La funcionaria remarcó que en esta condición regular están El Bolsón, Bariloche, Dina Huapi y Contralmirante Cordero.
Los artículos a los que se refiere Serante son el que prohíbe el funcionamiento de cinemómetros que no cuenten con autorización de la agencia “provincial” y el punto que declara nulas las infracciones labradas.
En Bariloche existe la mayor cantidad de cinemómetros instalados con el aval de la agencia nacional, pero a diferencia de las otras localidades la mayoría está en avenidas internas de su jurisdicción, solo uno está ubicado en la Ruta Nacional 40. El director de Tránsito y Transporte, Carlos Catini, ratificó que se mantienen operativos hasta tener novedades de la Provincia.
Comentarios