A los empleados públicos de Neuquén podrían descontarles las deudas de sus salarios, si se aprueba una ley
Alcanzaría a quienes ingresen al Estado provincial, una vez que entre vigencia la norma, y los cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado. Una diputada del MPN ya planteó su rechazo a la iniciativa.
Marcelo Bermúdez (PRO) es el autor del proyecto. Foto Cecilia Maletti.
El diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, presentó un proyecto de ley para que el personal estatal de Neuquén esté obligado a no tener deudas vencidas con la Provincia, y por eso autoriza los descuentos de haberes, con un tope del 50% del importe neto. Aclaró que no sólo alcanzará a los puestos jerárquicos de los tres poderes -gobernador, vice, legisladores, jueces, fiscales y defensores- sino también a los empleados y empleadas públicas que ingresen tras la sanción de la norma. «No estoy de acuerdo», planteó Ludmila Gaitán, una de las diez integrantes del bloque del MPN, e hizo hincapié en el carácter alimentario del salario.
La iniciativa se trató por primera vez hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura. Lo que básicamente propone es que concluido el plazo de intimación de pago, el Estado neuquino estará facultado a descontarlo automáticamente de los haberes.
Bermúdez afirmó que no se procederá a la quita de salarios sin antes intentar la regularización, a través de un plan de pagos. Dijo que el proyecto no elimina la intimación y reconoce un límite al descuento.
Esto comprendería a todas las deudas posibles que se puedan contraer con la Provincia: desde los impuestos hasta las cuotas de los planes del IPVU. Justamente el diputado insistió en este punto. De unas 58.723 viviendas que se han construido en Neuquén, sólo el 17% fueron canceladas.
El legislador Darío Martínez (Unión por la Patria) se mostró en general de acuerdo con la propuesta, pero quiso saber cómo operaría este descuento cuando hubiese, por ejemplo, cuotas alimentarias fijadas y si merecía una aclaración en este aspecto.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) y su par Zulma Reina (Comunidad) remarcaron que el máximo debería ser inferior: bajarlo del 50% al 30%. Además insistieron que habría que retocar la redacción en cuánto al procedimiento del descuento.
Quien se mostró en contra fue Gaitán (MPN). Aseguró que dentro del Poder Ejecutivo estaban incluidas categorías con salarios «muy bajos» que no llegan a cubrir, dijo, la canasta básica. Enfatizó que el proyecto no es claro en cuanto a las instancias previas que deben agotarse hasta ejecutarse los descuentos. Sostuvo que para algunos haberes altos se podría implementar, pero no hacerlo extensivo a todas las categorías.
Sobre esta crítica, Bermúdez respondió que el alcance no es retroactivo. Será únicamente para el personal nuevo. «No sé si hay muchos empleados públicos que ganen menos que un empleado privado», señaló. Consideró que el aspirante sabrá de esta ley, y así evaluará si le conviene o no entrar a la planta pública.
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