Policías violentos

El aberrante caso de abuso sexual sufrido por un ciudadano cipoleño esta semana pone una vez más en debate serios problemas de formación y manejo de las fuerzas policiales provinciales, que en esta pandemia tienen un rol clave en las medidas de confinamiento y control de los movimientos de la población.

El hecho ocurrió en mayo, pero recién se ventiló esta semana, cuando siete policías fueron imputados penalmente por vejaciones, abuso sexual con acceso carnal y abuso de autoridad. El hecho fue denunciado por el joven que fue arrestado cuando aparentemente robaba con otra persona en una iglesia en el barrio Anai Mapu. Tras un aparente tiroteo, uno de los detenidos fue derivado al hospital y otro a la comisaría 45ª del barrio. Allí, el hombre relató que fue salvajemente golpeado y empalado por policías, algo que certificó una revisión en el hospital.

No es la primera causa. Cipolletti, junto con Bariloche, presenta los índices más elevados de denuncias de abusos policiales, con al menos cuatro hechos graves de brutalidad policíaca en esta ciudad en los últimos años. Y los casos de arbitrariedades se han incrementado debido al protagonismo que han adquirido las fuerzas policiales en esta pandemia.

Un reciente informe de Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) documentó al menos 18 hechos graves de prácticas violentas, torturas y hasta ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas federales y provinciales en casi todas las provincias. Allí se destacan hechos como un joven baleado mientras iba a comprar pan, un hombre mayor salvajemente golpeado cuando paseaba su perro, la irrupción violenta de Gendarmería en un festejo no permitido que dejó heridos graves, arbitrariedades como obligar a hacer sentadillas o cantar el Himno durante detenciones en la calle, personas halladas sospechosamente ahorcadas o golpeadas durante detenciones por infracciones menores, abusos sexuales a mujeres y ensañamiento con homosexuales y personas trans, violencia contra comunidades indígenas, entre otros.

La reiteración de hechos llevó a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) a recordar que los agentes policiales y de fuerzas de seguridad no pueden apartarse de los protocolos que regulan el uso racional de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad. No pueden dispersar grupos en la vía pública masivamente a bordo de vehículos, no pueden detener nadie sin consultar antes los motivos por los cuales la persona está fuera del domicilio. O realizar detenciones y traslados a comisarías sin informar a la autoridad judicial. O impedir la filmación de la intervención policial ni retener y secuestrar DNI o documentación de los infractores en un control.

Los elevados niveles de violencia hicieron que organismos de derechos humanos y el CELS reforzaran los pedidos de reformas en las fuerzas no solo federales sino también de las provincias, donde se ha dado la mayoría de estos abusos. Una mayor profesionalización de los cuerpos, revisando y mejorando la formación de agentes; reentrenamientos en base a estándares internacionales; diseñar organismos de control externos a las fuerzas con capacidad real de investigarlas; producir información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público sobre las policías; desarrollar protocolos de actuación claros, son algunas propuestas.

No es posible tener hoy agentes en cuerpos de seguridad que todavía sientan que pueden manejarse a su arbitrio y por fuera de la institucionalidad democrática. Los expertos destacan dos tipos de legitimidad con que deberían contar los cuerpos policiales. La interna (la percepción de los propios policías de que su institución es transparente, los trata bien, los prepara para su tarea y se preocupa por su bienestar) y la externa (la confianza, el apoyo público y la cooperación de los ciudadanos para obedecer y hacer cumplir la ley y reportar delitos). Hoy ambos principios de legitimidad están lejos de cumplirse, por lo que urgen reformas que permitan restablecerlos.

La emergencia por la pandemia de ninguna manera suspende el Estado de derecho ni puede justificar arbitrariedades y abusos.