Milei propone un recorte millonario a los gremios tras asfixiar a los gobernadores

En un nuevo capítulo de su «motosierra» de ajustes, Javier Milei centró su atención en los gremios y sus obras sociales. Después de un enfrentamiento con los gobernadores por la Ley Ómnibus, el presidente evalúa un significativo recorte en los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales administradas por los líderes de la CGT.

El ajuste se planea ejecutar a través de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), dirigida por Gabriel Oriolo. La estrategia política del gobierno se alinea con la idea de desplazar a intermediarios en la gestión de fondos, un enfoque que también pretende implementar en los movimientos sociales encargados de planes de asistencia.

Este proceso ya comenzó en enero, cuando el gobierno no asignó alrededor de $5.000 millones a las prestadoras sindicales, pertenecientes al programa SUR que subsidia tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos.

Sin embargo, el recorte planeado va más allá y amenaza con afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Se estima una reducción de aproximadamente un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinados a cubrir servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a costearlos con recursos propios.

Desde la CGT, advierten que de implementarse el recorte, recurrirán a la Justicia para frenarlo, uniéndose a la contraofensiva judicial lanzada por algunos gobernadores tras la quita de subsidios al transporte y del Fondo de Incentivo Docente.

La central obrera buscó durante años que el Estado asuma directamente el costo de los servicios para evitar desfinanciar el FSR, inicialmente destinado solo a tratamientos costosos. Aunque se incluyeron $132.000 millones para discapacidad en el Presupuesto 2023, solo se transfirieron $70.000 millones hasta diciembre, y la gestión de Milei anticipa que no continuará con dichas transferencias.

José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente de la CGT, sostuvo que «este recorte no castiga a los sindicalistas, sino que afecta a los trabajadores y la salud pública ya colapsada». Con las prestadoras ahora obligadas a sufragar parte de los servicios, la situación del FSR, financiado por los aportes de los trabajadores, se vuelve «crítica».

En enero, el FSR recaudó $55.200 millones frente a $50.505 millones en gastos por discapacidad, tomando el 90% de los recursos. La central obrera estimó que, manteniéndose esta situación, las obras sociales cerrarán el año con un déficit de $200.000 millones, una suma insostenible solo con los aportes sindicales.

A este complejo escenario se sumó la intención del gobierno de dar de baja los subsidios automáticos de SUMA, SUMA+ y SANO, destinados a compensar los aportes de monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios.

«No hay diálogo, no se sabe qué va a pasar», expresaron desde la CGT, aludiendo a la incertidumbre sobre los fondos de enero y febrero. Las prestadoras sindicales recibieron las transferencias correspondientes a diciembre, pero no hay confirmación oficial sobre el destino de los fondos de los meses siguientes.