La violencia narco en Rosario que derrama miedo al resto del país

Cuatro trabajadores asesinados a sangre fría en cinco días. Para Rosario no es un récord, al menos en lo numérico, aunque sí lo es en lo simbólico. La ciudad en los últimos 15 años está sumida en un crecimiento y aumento de la narcocriminalidad con guerras entre bandas. Pero estos últimos asesinados están enmarcados en una batalla de organizaciones narco, anteriormente rivales, y aparentemente unificadas, contra el Estado provincial. Todo esto a partir del endurecimiento de las condiciones de detención en los penales santafesinos hacia los reclusos considerados de “alto perfil”, eufemismo penitenciario para enmarcar a los narcos, transas, sicarios, tiratiros y afines.

Lentamente, hacia fines de esta semana, la ciudad comenzó a recomponer su fisonomía tras una oleada de terror narco que motivó el undécimo desembarco de fuerzas federales desde abril 2014, cuando el entonces ministro de Seguridad de Nación, Sergio Berni, desembarcó con 3.000 gendarmes para derrumbar búnkers. A partir del martes la ciudad se fue quedando sin taxis, transporte urbano, estaciones de servicio, recolección de residuos, sin clases en las escuelas. Progresivamente se fue ingresando en un estado de aislamiento social preventivo pero no por un virus, como en marzo de 2020, sino por miedo a ser asesinados en tránsito y sólo para ser utilizados como parte del mensaje.

En cada casa el tema a la hora de la cena fue cómo plantearse la seguridad para el día siguiente. “Nos cuidamos entre nosotros”, fue la frase más escuchada entre los rosarinos. Como en pandemia pero con miedo a la violencia.

Rosario es una ciudad de pasiones. De fútbol. De Leo Messi y Fideo Di Maria. Del clásico más pasional de la Argentina. De río. Pero en los últimos 15 años los rosarinos vieron como el género policial, de la mano del narcomenudeo, fue ganando espacios en los medios. Vieron surgir y crecer bandas temibles como Los Monos, de la familia Cantero; Esteban Lindor Alvarado y su gente; Julio Rodríguez Granthon, el peruano.

El accionar de las segundas líneas de las bandas narco

Pero eso es solo en cuanto a las grandes marcas que trabajaron ante la apatía policial. O la connivencia de las fuerzas de seguridad transformándolas más en parte del problema que de la solución. Al ser encarcelados los líderes, las riendas de sus negocios narco fueron tomadas por sus segundas y terceras líneas.

Y así, en su caída, como parte de un circulo vicioso, se fueron quebrando en las bandas los códigos con la conducción. En ese camino alguno se preguntó: ¿Y por qué no? Y abrió su “Pyme” del delito. Esto provocó que hoy en Rosario trabajen 30 ó 40 bandas orquestadas desde la cárcel por segundas o terceras líneas.

Lejos de aplacarse, el fenómeno se multiplicó.

Se tradujo en más violencia, muerte y negocios colaterales como las extorsiones extendidas de todo tipo.

Muertes violentas en Rosario

Rosario experimentó en la última década -2012 a 2023- un aumento significativo de las muertes violentas.

Según datos oficiales, de una tasa de homicidios -promedio- de 9 cada 100 mil habitantes, relativamente baja en el contexto argentino, a partir de 2012 comenzó a incrementarse y al año siguiente llegó a un pico de 23 cada 100 mil habitantes catapultado por el asesinado del entonces líder de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, en mayo de 2013. Ese panorama continuó en 2014 y 2015, siempre por sobre los 250 crímenes anuales.

Luego comenzó un descenso que duró hasta 2020, al comienzo de la pandemia, cuando una merma hasta entonces inédita durante poco más de un mes no impidió que la ciudad volviera a experimentar un incremento por encima de los 200 crímenes anuales que sostuvo durante el gobierno justicialista de Omar Perotti, cuya gestión tuvo cuatro ministros de Seguridad diferentes y en Rosario se cambió la cúpula policial doce veces.

Si el período de violencia 2013/2015 estuvo fundamentado en la guerra de venganza de la banda de Los Monos; en el período 2020/2023 es, al menos, la muestra de un crimen organizado y narcocriminal ya consolidado. La tasa de homicidios en Rosario en 2023 fue de 19.84 cada 100 mil. Se pasó del “se matan entre ellos” al “mataron a mi vecino que no tenía nada que ver”.

Números que dejan expuesto que, desde hace diez años, no existe una política criminal clara en las calles y que, la falta de política en el Servicio Penitenciario, lleva al menos dos décadas.

Cárceles desbordadas en todo Santa Fe

Para el análisis de 2008 hasta 2023 se triplicó la cantidad de personas privadas de su libertad en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Para finales de 2023 se registró un total de 8.967 personas detenidas en establecimientos penitenciarios y con una sobrepoblación del 40%, unos 2.500 reclusos. En ese marco las cárceles se transformaron en un “call center” del delito, donde los altos mandos continuaron manejando sus negocios en las calles o, sencillamente, generando otros nuevos.

El gobernador radical Maximiliano Pullaro, quien fue ministro de Seguridad de la provincia entre 2015-2019 durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz, decidió desde el inicio de su mandato que el partido debía jugarse en las cárceles. Eso primero originó que, a las cárceles superpobladas, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni agregara cerca de 1.500 detenidos que estaban en comisarías y otras dependencias policiales. “No queremos presos en comisarías. Preferimos que estén hacinados bajo el Servicio Penitenciario. En todas las cárceles hay superpoblación. Necesitamos a los policías en la calle”, fue el mensaje del Estado.

Las condiciones fueron empeorando, en medio de mensajes tumberos públicos apuntalados con balaceras, hasta que el sábado 2 de marzo dos colectivos que transportaban a guardiacárceles desde el penal de Piñero hasta la ciudad de Santa Fe fueron atacados balazos en la Circunvalación a la altura de barrio Rucci, en el noroeste de la ciudad. Tres guardias resultaron con heridas leves y los agresores dejaron un cartel con pedidos de los presos.

Cococcioni anunció en el lugar un endurecimiento de las condiciones de detención. “La van a pasar peor”, les advirtió a los presos que, ahora, parecen haberse unificado para pelear contra el Estado. Crónica de otra semana demasiada agitada en la ciudad de río.

Un nuevo desembarco en Rosario del Estado nacional

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desembarcó en Rosario junto a su par de Defensa, Luis Petri. En una conferencia de prensa, acompañada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin, dio detalles sobre el comité de crisis que activó para combatir el “narcoterrorismo” y adelantó que enviará al Congreso de la Nación una ley antimafia -similar a la implementada en Italia contra la mafia o la Ley Rico en Estados Unidos– y pedirán a la Justicia medidas excepcionales para luchar contra los narcocriminales como duplicar, en estos casos, el monto de la pena.

Bullrich detalló que 450 nuevos agentes federales -no necesariamente gendarmes- patrullarán en cuatro barrios calientes por la pelea entre bandas que se disputan el territorio: Empalme Graneros, Ludueña, en la zona noroeste, Tablada y Las Heras en el sur. A esto se sumarían dos zonas del oeste que no fueron especificadas. De este modo, entre los nuevos y los que estaban, quedarían 2.000 integrantes de las fuerzas federales en la ciudad.

Desde el gobierno nacional examinan con lupa la ley de seguridad interior para modificarla y poder enviar Fuerzas Armadas para emprender algunas acciones adicionales en el territorio. El ministro Petri está a un paso de presentar un proyecto de decreto para modificar la reglamentación de la ley de Defensa que había redactado la exministra de esa cartera, Nilda Garré en 2006.

Las víctimas de un vendaval de muerte sin precedentes

Los asesinatos de los trabajadores Héctor Figueroa y Diego Celentano -ambos taxistas-, el colectivero de la línea K, Marcos Daloia, y el playero Bruno Bussanich fueron los nombres propios que se instalaron en la estadística de homicidios de 2024 y generaron en los rosarinos la sensación de miedo sostenido. Todos estaban trabajando. Tenían impactos en el cráneo, una señal de tinte mafioso. El viernes se realizó una audiencia de imputación en tribunales a una veintena de personas por distintos grados de responsabilidad de los asesinatos.

Héctor Figueroa, taxista, 40 años: Fue asesinado a balazos cuando llevó un viaje con pasajero la noche, alrededor de las 21, del martes 5 de marzo en inmediaciones de barrio Tiro Suizo y el asentamiento Flammarión (zona sur). Fue alcanzado por dos balazos en la cabeza disparados desde afuera del vehículo. No le robaron pertenencias. En la escena dejaron una zapatilla.

Diego Alejandro Celentano, taxista, 33 años: Lo mataron el miércoles 6 de marzo, alrededor de las 23, en barrio Saladillo (zona sur), a metros de la casa del jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Luis Maldonado. Le dispararon a la cabeza desde adentro de su auto. Tampoco le robaron pertenencias y también dejaron una zapatilla en la escena. Esto motivó que los taxis dejaran de circular de noche.

Marcos Daloia, colectivero, 39 años: Chofer de la línea K atacado a balazos el jueves 7 a las 19 en la zona oeste a unas 15 cuadras de la punta de línea. Fue internado grave en hospital Clemente Alvarez donde falleció el domingo. Este ataque motivó un paro de colectivos desde el jueves por la noche hasta el martes al mediodía. Los colectivos retomaron el servicio tras su sepelio.

Bruno Bussanich, playero de estación de servicio, 25 años: El sábado 9 de marzo por la noche Bruno Bussanich, joven playero de una estación de servicio de Mendoza al 7600 (zona oeste), fue asesinado mientras cumplía el turno noche. Hacía 20 días que trabajaba en el lugar. Su crimen motivó que las estaciones de servicio no trabajen de 22 a 6.

*Leonardo Graciarena es periodista en el diario La Capital.