Faltan médicos policiales en Roca: piden informes al Ministerio de Seguridad de Río Negro
Hay quejas de que no alcanzan los médicos policías en Roca y que no dan abasto para cumplir sus funciones ante la cantidad de hechos delictivos y accidentes. Un abogado elevó un pedido de informe.
Las denuncias por falta de recursos en la policía de Río Negro sigue sumando capítulos. Ahora hay quejas de que no alcanzan los médicos policías y que no dan abasto para cumplir con sus funciones ante hechos delictivos y accidentes con víctimas, en Roca.
Preocupa e inquieta el funcionamiento del servicio médico policial luego de quejas por la atención de detenidos en unidades carcelarias y también del propio personal que se ve “desbordado” en el Alto Valle, pero sobre todo en la ciudad más grande, Roca.
Fuentes cercanas a la fuerza que dialogaron con RIO NEGRO, aseguraron que actualmente hay solo dos médicos policiales en funciones en la ciudad y son quienes deben cubrir todos los hechos con víctimas en el ejido, ya sea por delitos o incidentes de tránsito.
Los primeros días de febrero, el abogado de Roca Nicolás Suarez Colman, en calidad de ciudadano, elevó un pedido de informe a la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, motivado por quejas de colegas abogados sobre clientes y el propio personal y haciendo uso del derecho a la información publica, amparado por la Ley 27.275.
Los médicos policiales realizan un servicio público dependiente de la fuerza las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 del año, según la demanda que surja. Entre sus funciones se incluye la realización de certificados de defunción en caso de muertes, atender internos en las comisarías, víctimas de accidentes de tránsito y dictar orden de autopsias, a modo de ejemplos.
Actualmente, los dos profesionales en funciones atienden todas las demandas en una vasta área de cobertura, desde Casa de Piedra hasta los parajes de la Línea Sur, incluyendo las unidades policiales de Roca como la Comisaría Tercera, 21, 31, 47, 67 de Stefenelli, Comisaría de la Familia, Unidad Regional II; la comisaría 22 de Cervantes, 66 de Mainqué y todas las delegaciones de Tránsito.
Esto lleva a ambos profesionales a estar permanentemente de guardias o rotando entre sí, lo que es «humanamente insostenible» con el tiempo, cuando deberían ser por lo menos el triple de profesionales; según indicaron.
Esta situación se agravó con la pandemia, ya que antes eran más. Habría un tercer profesional que estaría de licencia y por eso, fuera de juego de forma permanente; y otro que el año pasado fue separado de su cargo tras una condena.
Este medio consultó e intentó confirmar estos datos con autoridades policiales de la Regional y también del Ministerio de Seguridad, pero no se brindó información concreta sobre el estado actual del recurso humano. Desde la Unidad Regional II, no brindaron datos específicos pero en líneas generales aseguraron que el servicio en cuestión esta cubierto, al igual que todos los recursos.
Desde distintos lugares, calificaron a la situación como “preocupante», pero la alarma se enciende ante la sola hipótesis de no poder garantizar la atención ante una urgencia o bien ante la posibilidad de prestar un servicio deficiente. Por ejemplo, ante algún suceso violento en comisarías, o bien acudir a tiempo a las demandas, lo que luego garantizaría debidos procesos y la transparencia en futuras investigaciones judiciales.
Información solicitada
En su pedido de informe, Suárez Colman pidió que se informe específicamente la cantidad de personal médico en funciones y especialidad; la modalidad de prestación del servicio, distribución de guardias, división territorial o área de cobertura de los cuerpos médicos policiales; y en virtud de eso, la cantidad y criterio profesionales contratados. Por último, solicitó se explique el encuadre en la Ley de Empleo Público Provincial.
Desde el Ministerio de Seguridad, aseguraron que todos los pedidos de informe serán respondidos como corresponde.
El caso del médico condenado
En Roca, hubo un caso de un médico policial que fue sumariado en esas circunstancias y el caso llegó a juicio. El 11 de marzo de 2022 fue condenado “por incumplimiento de deberes de funcionario público”. Según se comprobó en el debate, el profesional no atendió el teléfono ni se presentó cuando fue convocado a trabajar durante un turno que estaba cumpliendo. Su presencia era requerida en un domicilio, donde había sido encontrado el cuerpo de una persona en diciembre de 2020.
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