Excarcelaron a una mujer y buscan a un tercer sospechoso por el crimen de un joven en Bariloche

Una mujer que está imputada por encubrir a su pareja, que está acusado como presunto autor del homicidio de Antonio Gabriel Luengo, recuperó su libertad tras permanecer 15 días con prisión preventiva.

El defensor oficial Marcos Miguel, que asiste a la joven acusada, se enfrentó en dos audiencias, que se hicieron el viernes, con los fiscales del caso Silvia Paolini y Facundo D´Apice, que habían solicitado la extensión de la prisión preventiva.

Los fiscales alegaban que la mujer no tenía arraigo en Bariloche y que existía riesgo de entorpecer el avance de la investigación porque hay un tercer sospechoso de haber participado del crimen que sigue prófugo.

Proponían que la la acusada cumpla prisión preventiva internada hasta el 15 de octubre en el área de Salud Mental del hospital Ramón Carrillo de esta ciudad, con custodia policial, para recibir el tratamiento que necesita la joven.

Explicaron que habían recolectado evidencias que comprometían a la joven, con una participación secundaria en el homicidio. Y destacaron que faltaba indagar los celulares secuestrados a los acusados.

Marcos Graf, la pareja de la mujer, está detenido en el penal de Cipolletti, donde cumple la prisión preventiva de 4 meses que se le impuso el 31 de agosto pasado.

Miguel se opuso al pedido de la fiscalía. Recordó que la única imputación es por encubrimiento y advirtió que la mujer necesita atención psiquiátrica y que en el penal 3 de Bariloche, donde la alojaron no tuvo la asistencia necesaria.

La joven declaró ante el juez y negó haber participado del homicidio de Luengo. Explicó que se contactó por Telegram con una persona que comercializaba estupefacientes y acordó comprarle droga para su consumo. La transacción se hizo la noche del 26 de agosto pasado.

Pero la joven afirmó que no era Luengo, sino otra persona. “No me encontré con Luengo, no tuve comunicación con él y lamento lo que le pasó mi mayor pésame a la familia, pero yo no merezco estar acá”, afirmó.

Según la teoría de la fiscalía, Luengo se reunió esa noche del 26 de agosto con Graf y otro hombre que lo acompañaba en el centro de Bariloche. Hubo una discusión. En esas circunstancias, el joven fue apuñalado. Los dos jóvenes huyeron y se ocultaron en el departamento que alquilaba la mujer, que además escondió el cuchillo. Luengo buscó a su novia, que se encontraba en las inmediaciones, para que lo trasladara al hospital Ramón Carrillo, donde murió.

Cuatro días después Graf y su novia fueron detenidos. Paolini lo acusó a Graf como autor del homicidio y a la joven por encubrirlo. El tercer sospechoso huyó.

El viernes vencía la prisión preventiva que le impusieron a la mujer y los fiscales pretendían que se prorrogara. La joven relató el calvario que vivía en el penal por falta de atención psiquiátrica y señaló que hasta se había autolesionado para que la pudiera ver un psicólogo.

Explicó al juez que se encontraba en Bariloche porque ejercía la prostitución para poder ayudar a sus padres que se encuentran enfermos. “No soy una criminal, no hice nada malo”, afirmó la joven. El defensor oficial destacó que no tiene antecedentes penales.

Pichetto le concedió la excarcelación, con pautas que debe cumplir porque sigue vinculada a la causa. Advirtió que la fiscalía no tenías evidencias nuevas para sostener su pedido, ni un informe médico.

La fiscalía impugnó esa decisión del magistrado. Y dos horas después se hizo una nueva audiencia de revisión, con el juez Juan Martín Arroyo.

Paolini argumentó su pedido para que se revocara la decisión de Pichetto. Advirtió que la joven es amiga del tercer sospechoso que se encuentra prófugo y destacó que no tiene arraigo en Bariloche como para liberarla. Miguel solicitó el rechazo del planteo de la fiscalía.

Arroyo rechazó el pedido de Paolini. Recordó que la prisión preventiva solo se aplica, según el Código Procesal Penal de Río Negro, cuando el delito atribuido a una persona tiene una sanción mínima superior a los 3 años de prisión. Enfatizó que no es el caso del encubrimiento. Paolini cuestionó al juez, quien la invitó a leer el artículo 110 del Código Procesal Penal de la provincia.

“Si la persona hurtó una feta de salame y vive en Islandia por más arraigo que no tenga si se va mañana no la puedo dejar con prisión preventiva”, graficó el juez.

“El arraigo es si la pena mínima es superior a los 3 años de prisión y solo en esa escena se analizan los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación”, explicó Arroyo.

Dijo que en ese caso se piden otras medidas para la persona imputada para garantizar el avance del proceso judicial. Y confirmó la decisión de Pichetto. Paolini se retiró molesta por la decisión que le permitió a la joven recuperar su libertad.