Polémica por el fondo para víctimas de violencia de género de Gutiérrez
Se trata de uno de los proyectos que presentó el gobernador. Propone que quienes trabajen en el patrocinio jurídico gratuito donen voluntariamente el 50% de sus honorarios regulados, cuando se le imponga a la contraparte.
El femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura desató la furia social porque el caso de la joven estaba judicializado. Foto archivo Florencia Salto.
Uno de los 19 proyectos que anunció el gobernador, Omar Gutiérrez, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, a seis días del femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura fue la creación de un fondo especial para personas víctimas de violencia de género. Lo que propone es que se constituya con el aporte que donen las abogadas y abogados que deben brindar patrocinio jurídico gratuito a las denunciantes, un equipo que pese haber sido creado por ley en 2018 aún no funciona.
Lo que establece la iniciativa es que el fondo se compondrá por los depósitos del 50% de los montos de honorarios regulados que, en forma voluntaria, realicen los y las profesionales, en los casos en que haya sido impuesto a la contraparte, es decir los varones que ejercen violencia. La autoridad de aplicación y el encargado de ejecutar este dinero no es la ahora secretaría de las Mujeres, sino el ministerio de Gobierno y Seguridad (ver aparte).
¿Dónde irá destinado el fondo? El proyecto no da mayores precisiones. Señala que a la atención directa y/o indirecta de las personas que han sido víctimas de violencia.
Como el cuerpo de profesionales no está integrado se desconoce cuántos serían los aportantes. Recién este mes se abrió la inscripción en el Colegio de Abogados para quienes deseen postularse y ser contratados por el Estado (ver aparte).
“Ese proyecto no cumple con ningún test de constitucionalidad ni de convencionalidad”, planteó el presidente del Colegio, Marcelo Iñiguez.
Y agregó: “No le encuentro mucho el sentido. Para cobrar honorarios usted tiene que estar inscripto en monotributo, tiene que pagar Ingresos Brutos, tiene que tener una infraestructura profesional para poder llevar adelante. Por lo tanto desde el punto de vista práctico, si además la mitad lo tiene que aportar, va a vaciar a aquel que quiera trabajar”.
Afirmó que quienes patrocinarán no lo harán “por una perspectiva lucrativa, acá hay un plus de solidaridad, de compromiso social”.
Celina Fernández, abogada que interviene en casos de violencia de género, sostuvo que “es una política pública, en teoría de género, sin presupuesto genuino. Es un fondo especulativo, pone una carga sobre el abogado o abogada”. Enfatizó en que el patrocinio no es un simple asesoramiento, ni promoción derechos sino un acompañamiento integral.
Remarcó que el proyecto revela “un desconocimiento de las prácticas jurídicas y del tema”, ya que obliga además a ejecutar judicialmente los honorarios, cuando en un caso de violencia eso puede significar una escalada que ponga en riesgo a la denunciante. Aseguró que los varones, en la mayoría de las causas de patrocinio gratuito, no cuentan con trabajos formales.
El fondo se crea a costa de las denuncias de las mujeres. Para la abogada terminan “subsidiando su propia violencia.” “Cuando una mujer llega al plano del poder Judicial es porque hay una tragedia atrás, es porque fracasó el Estado, seguimos sin atacar el verdadero problema. Están absolutamente feminizados los índices de pobreza, los índices de desempleo. Son todas herramientas de empoderamiento de mujeres que desde el Ejecutivo no se están trabajando. Las herramientas de verdadero empoderamiento siguen sin aparecer”, opinó Fernández.
El fondo. Estará constituido por los depósitos del 50% de los montos de honorarios regulados que, en forma voluntaria, realice el cuerpo de abogados y abogadas para personas víctimas de violencia de género, en los casos en que haya sido impuesto a la contraparte.
Autoridad de aplicación. El ministerio de Gobierno y Seguridad. Es el encargo de ejecutar los fondos.
La cuenta para los depósitos. Se abrirá en el Banco Provincia de Neuquén.
Ejecución judicial. Si el honorario regulado no es abonado en el plazo establecido por la ley o dispuesto por la justicia, la abogada o abogado deberá iniciar la ejecución de los mismos.
Finalidad. El fondo especial tiene como propósito la atención directa y/o indirecta de las personas que han sido víctimas de violencia, en el contexto de la ley 3.106, que creó el cuerpo de profesionales que brinda patrocinio jurídico gratuito.
El 22 de marzo de 2018, exactamente un mes después del doble femicidio de Las Ovejas, la Legislatura de Neuquén sancionó la ley 3106 que creó el cuerpo de abogados y abogadas de víctimas de violencia de género, en todos sus tipos y modalidades, cuya función es brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, sin que sea requisito acreditar la carencia de recursos económicos.
La norma demoró dos años en reglamentarse y recién este mes se abrió la convocatoria para integrar el equipo. De allí saldrán los ingresos para el fondo especial que propone el gobernador, Omar Gutiérrez.
Esta semana el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén envió un correo electrónico en que llamaba a postularse a sus matriculados y matriculadas.
Tendrán tiempo de hacerlo hasta fines de marzo. Para ello es necesario mandar el curriculum a la dirección de mail: adm@abognqn.org.
El presidente del Colegio, Marcelo Iñiguez, dijo que quienes se anoten deberán acreditar experiencia en la materia y capacitaciones en perspectiva de género. Indicó que el rol que cumple el organismo es el de un “ente intermediario” que elevará la nómina al Ejecutivo.
Iñiguez afirmó que le anticiparon que se seleccionará a no más de dos profesiones, uno para la capital y uno para el interior.
“Creo que es un movimiento que hay que empezar a construirlo, como está planteado es muy limitado, muy poco probable que pueda tener una efectividad, pero hay que empezar a ver de qué manera esto es así”, sostuvo el presidente del Colegio.
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