Plan de seguridad neuquino: al cabo de siete años el secreto continúa

Son 50 millones de dólares

Decretado por Jorge Sobisch hace siete años y convalidado por Jorge Sapag, el secreto impuesto a los expedientes del Plan Integral de Seguridad hace siete años se mantiene hoy, a pesar de que una jueza hizo lugar a una acción de amparo y ordenó exhibir las actuaciones. Es así como el poder oculta el oscuro manejo de una inversión de 50 millones de dólares. El fiscal de turno puede –o debería– tomar lo que sigue como una denuncia. A simple vista, el secreto configura un delito, el de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal. Establece esa norma penas de prisión e inhabilitación para “el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. La ley que no se aplicó fue la 2141, de administración financiera y control, que ordena la licitación pública para estos gastos. Fue así como Sobisch pudo elegir a dedo, protegido por el más absoluto secreto, a las empresas favorecidas. La que se llevó la parte del león fue Damovo SA –hoy Daxa– sucesora de la conocida Ericsson, presidida por Manuel Requejo García. El expediente, de varios cuerpos, está hoy en poder de la jefa del gabinete técnico-contable del Tribunal Superior de Justicia, Mirta Di Cicco. Se lo envió hace unos seis meses para una pericia contable la fiscal Sandra Ruixo, a cargo de una investigación preliminar iniciada por el merecidamente recordado Pablo Vignaroli. Tanto Di Cicco como Ruixo saben del amparo y podrían haber decidido darle cumplimiento, pero prefirieron sumarse al secreto. La última noticia al respecto la dio Di Cicco, quien reiteró hace unos días que el expediente seguía en su poder, y que no podía adelantar durante cuanto tiempo más lo tendría. Algo que viene de lejos No obstante el secreto, la investigación de este diario pudo, en unos pocos casos, penetrar el blindaje. Fue así como se logró una copia del decreto 007 del 7 de enero de 2005, firmado por Sobisch y refrendado por Luis Manganaro, ministro de Seguridad, que por ordenar el secreto también fue secreto. En su fundamentación, el agente 007 alegaba que “la naturaleza de la materia involucrada en las acciones que se llevan a cabo implica gestiones y contrataciones donde las circunstancias exigen que las operaciones del Estado mantengan carácter confidencial por razones de seguridad pública”. En solemne lenguaje, más adelante el decreto precisaba que “si bien a las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan Integran de Seguridad –que se había aprobado mediante el decreto 2090/04– se les ha conferido oportunamente el carácter de reservado, resulta pertinente en estas circunstancias, y por los argumentos expuestos respecto a la sensibilidad de la materia y la confidencialidad con que deben formalizarse las operaciones, otorgar a ciertas contrataciones el carácter de confidencial, buscando preservar con tal propiedad el carácter estratégico de determinados equipamientos y tecnologías”. Para los inocentes –en lenguaje popular– las razones las dio Manganaro respondiendo a la pregunta de un periodista de este diario. Dijo que el secreto era necesario para que los delincuentes no se enteraran de lo que el Estado se proponía hacer para perseguirlos. Si es para los amigos, mejor Una descollante curiosidad legislativa es el decreto 2779, del 12 de noviembre de 2004, que creó la Dirección Ejecutiva del Plan Integral de Seguridad (Depis). En la búsqueda de algún artículo que se refiriera al secreto, nos topamos con el artículo 4: “Las adquisiciones y contrataciones que se consideren críticas en función de la reserva que la materia amerita derivada de la aplicación de los artículos anteriores de la presente norma legal y del artículo 4 del decreto 2090/04 (también secreto), se podrán realizar mediante el sistema de contratación directa y por vía de excepción y de acuerdo a lo previsto en el artículo 64 inciso 2 de la ley 2141 de administración financiera y control, siendo responsable de su aprobación el ministro de Seguridad y Trabajo” (que era Manga- naro). Lo curioso es que el inciso 2 del artículo 64, en 16 apartados que van desde la a) hasta la p), establece todas las hipótesis en que es posible eludir el principio de la licitación pública para optar por el contrato directo. Dicho de otra manera, es como decir que toda vez que el funcionario quiera favorecer a alguien, puede hacerlo. Y eso fue lo que hizo Sobisch, con la colaboración posterior de Sapag, que al mantener el secreto ayudó a impedir la investigación del abuso de autoridad. Gracias a esas facilidades, Damovo pudo recibir tres meses después, el 28/1/05, un primer pago de 22 millones de pesos. Presumimos que el feliz destinatario de esos millones fue la empresa de Requejo porque en la cuenta corriente de Damovo en el BPN, número 207047-1, ingresó el 28 de ese mismo mes un crédito de 21.560.240 pesos, producto de un “pase de fondos” documentado por una nota del mismo día. Requejo fue un amigo. De Mauricio Macri, en primer lugar. Y luego de que Macri y Sobisch formalizaran una alianza política en Villa La Angostura, también de Sobisch. No por casualidad el acuerdo se dio a publicidad en el 2004, antes de la puesta en marcha del Plan, que contó con el asesoramiento de Eugenio Burzaco, hoy jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se hizo público que unos cheques de Damovo que sumaban alrededor de doce millones de pesos se habían depositado en cuentas corrientes del grupo Temux en el BPN, Vignaroli se adelantó a decir que esas eran “operaciones comerciales legítimas y regulares”. Y Requejo le informó a Vignaroli que los cheques habían sido dados en pago a tres empresas subcontratistas de trabajos del Plan, y que las empresas del grupo Temux eran “por mí totalmente desconocidas”. Para nosotros, en cambio, fueron desconocidas las subcontratistas, porque las buscamos en los domicilios y teléfonos aportados por Requejo, sin éxito. Solo averiguamos que una de ellas, Allcont, tampoco pudo ser ubicada por la Dirección de Rentas, que la citó por edictos para que se pusiera al día con una gruesa deuda impositiva. A todo esto, parece que las bondades del Plan no se notan. El jefe de Policía, Juan Carlos Lepén, dijo en enero pasado que en 2009 el delito bajó apenas un 1,65 por ciento. Por insignificante, el porcentual es desalentador. Pero es peor aún que de los grandes robos, que en el año ascendieron a un valor de dos millones de pesos, no se haya podido esclarecer ninguno.

Jorge Gadano jagadano@yahoo.com.ar