Pidieron perpetuas en el juicio “La Escuelita VI”

“Deben valorar los crímenes cometidos. Cómo se puede medir el dolor del exilio, o el de Horacio Herman que vive con un hermano que lo trae siempre en el alma, porque Juan Marcos sigue desaparecido; o el de Oscar Olivera, que después de 40 años se enteró porqué su hermana lo culpaba de la muerte de su padre mientras él estuvo ilegalmente detenido”, planteó ayer la querella de la APDH al pedir la condena de los acusados en el sexto juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Bruno Vadalá reclamó que los jueces no tengan como atenuante la edad de los imputados, exigió dar marcha atrás las domiciliarias y enviar a la cárcel a los acusados que llegaron libres al juicio.

“Cometieron gruesas violaciones a los derechos humanos, evidenciaron un total desprecio por la humanidad, la atrocidad no tiene edad para criminales de esta envergadura”, insistió.

Por 10 casos de detenidos – desaparecidos (uno de ellos aún sin conocer su destino) la APDH pidió 20 años para Oscar Reinhold y Néstor Castelli; 18 años de prisión común para Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; 15 años para Fernando Zárraga y Jorge Di Pasquale; y 10 años de cárcel para el gendarme EmilioSacchitella y Carlos Benavídez.

El miércoles por la noche, las querellantes del Ceprdh Natalia Hormazábal y Mariana Derni exigieron para cada uno de ellos la condena a perpetuidad.
“ Todos ejercieron un rol en el aparato represivo, cada uno realizó un aporte necesario para llevar a cabo”, dijo Hormazábal.

Con el alegato de la APDH finalizó la etapa de acusaciones. El 28 de agosto la defensa oficial hará el planteo en representación de los imputados.

Explicó que “son coautores” del delito de genocidio, donde “cada uno ejerció un rol en el sec uestro, en el abuso sexual, en el traslado, en la tortura; fue una división en el trabajo criminal”, acusó.

La APDH no adhirió al planteo de acusar por el delito de genocidio, pero se sumó a la presentación que hizo el lunes la fiscalía en la que le reclamó a los jueces que dicten una sentencia “en el marco del genocidio, o donde se diga que fueron éstas prácticas genocidas”, dijo Vadalá.

Recordó que las periodistas que fueron detenidas, desaparecidas y torturadas no se conocieron con quienes padecieron los mismos vejámenes en San Martín de los Andes o con quienes fueron torturados en la escuela militar de Instrucción Andina en Bariloche, pero “fueron el objetivo del plan criminal, lo que quisieron exterminar en este plan criminal, que buscó eliminar a quienes se opusieran a los objetivos que tenía la dictadura”.

“Me parece el momento oportuno, atendiendo los actos que se cometieron acá , a la luz de sexto juicio y sin comprometer el cambio de la base fáctica del proceso, que se diga que fueron prácticas genocidas”, planteó Vadalá.

La APDH sostuvo que las explicaciones que dieron tres de los acusados que accedieron a hablar en indagatoria “no se condicen con los cargos que tenían y la impunidad con la que ser manejaban: la legalidad que dicen que tenían los procedimientos, no resiste análisis”, dijo.

Agregó que “el despliegue que hacían de sus funciones evidenciaba su compromiso con el plan: no pueden decir que disolvieron el Concejo Municipal y ordenaron detenciones y que eso era legal”, sostuvo.
La última etapa de alegatos seguirá el 28 de agosto con los planteos de las defensas oficiales.