Piden el sobreseimiento de los mapuches imputados de Villa Mascardi
Son 7 las personas que podrían llegar a juicio por el delito de usurpación de predios de Parques Nacionales. Los abogados defensores remarcan que la presunta víctima no tiene intención de criminalizarlos.
Los defensores particulares de siete integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que están imputados por el delito de usurpación por despojo de dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi, solicitaron al juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata -o quien lo reemplace- el sobreseimiento de los procesados.
Así lo plantearon en el escrito que presentaron para expresar su oposición al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, respecto a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Ayelén Colhuan, Mayra Aylen Tapia y Cristian Germán Colhuan.
La fiscal quiere lleva a juicio a los imputados por haber usurpado entre el 10 y 23 de noviembre de 2017 tierras pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN), en Villa Mascardi.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo en el requerimiento de elevación a juicio, que presentó a finales de junio último, que el territorio “ocupado por la fuerza en Villa Mascardi no es de aquellos que estuvieran ocupados antiguamente por alguna de las comunidades que integran el gran pueblo originario Mapuche sino, por el contrario, esta situación comenzó en 2017 y, por ende, la invocación de derechos ancestrales sobre aquellas tierras resulta novedosa”.
Recordó, además, que los imputados pertenecen a la comunidad Lof Colhuan-Nahuel, que está reconocida y tiene su territorio en el barrio Virgen Misionera de Bariloche.
A raíz de ese conflicto, el 25 de noviembre de 2017 ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que se investiga en otra causa en la que están procesados cinco integrantes del grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.
Los defensores particulares Luis Sánchez, Eduardo Néstor Soares y Matías Antonio Alac, de la Asociación Gremial de Abogados, argumentaron que el particular ofendido y presunta víctima del delito (por la APN) “que se le imputa a nuestras defendidas y defendidos, quien es parte querellante en el presente proceso, ha decidido no requerir la elevación a juicio, siendo esa actitud una exteriorización inequívoca de su voluntad de buscar una solución alternativa al conflicto, ajena al proceso penal”.
Por eso, solicitaron el sobreseimiento “de nuestras defendidas y defendidos, en base a la aplicación del principio rector que consagra la búsqueda de soluciones a los conflictos por carriles alternativos a la persecución penal”.
“Resulta inequívoco que la APN, que ha sido sindicada en esta causa como la única “afectada” por el presunto delito de usurpación a las tierras que son de su titularidad, en cuanto la misma fue aceptada como querellante en tal carácter, no tiene interés alguno en que se realice un juicio por los presuntos hechos delictivos”, observaron.
“Más aún, la presunta víctima ha dejado en claro en reiteradas oportunidades en este proceso, que no tiene intención de criminalizar a los imputados, sino por el contrario, abordar el conflicto desde un lugar alternativo a la vía penal”, afirmaron los abogados defensores.
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