Piden el juri y la destitución del fiscal Terán por sus declaraciones
Lo pidió el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla. Debe tratarlo una comisión de admisibilidad.
Mariano Mansilla, impulsor del pedido de jurado de enjuiciamiento.
Las declaraciones del fiscal jefe Santiago Terán tuvieron repercusión política. El diputado Mariano Mansilla presentó un pedido de Jurado de Enjuiciamiento para que lo destituyan. “No es la primera declaración desafortunada que formula el señor Terán, pero el tema es muy grave. Recomendar armarse a las mujeres que son victimas de violencia además de no ser la solución, es una recomendación absolutamente ilegal que promueve la justicia por mano propia”, señaló el diputado del Frente de Todos.
«Esas manifestaciones, ya de por si gravísimas cuando provengan de
cualquier persona pública, son mayúsculamente más graves cuando provienen de quien tiene como función llevar justicia y paz a la sociedad, evitando justamente que sea necesaria la “defensa personal” y la “justicia por mano propia”, agregó el legislador provincial.
En tanto Mumala y Libres del Sur Neuquén anticiparon que solicitarán al jefe de fiscales José Gerez que se eleve un pedido de juri contra el fiscal Terán por sus amenazas públicas contra la organización de mujeres y por sus declaraciones al respecto de cómo las mujeres deberían actuar ante un hecho de violencia de género.
Lo harán en el marco de una movilización, con distanciamiento social, convocada para el lunes a las 10:30 frente al Tribunal Superior de Justicia.
Mansilla, en un escrito entregado a este diario, dijo que «en un Estado de Derecho es inadmisible que un Fiscal de la Provincia recomiende y aliente a los ciudadanos y ciudadanas a armarse en defensa de sus bienes jurídicos».
El legislador provincial tuvo en cuenta que «ante las repercusiones que sus gravísimas expresiones tuvieron, de alcance nacional, el denunciado, en una nueva entrevista, esta vez por televisión nacional, ratificó esa posición antijurídica y violatoria del estado de derecho, y ante los cuestionamientos de la periodista que lo entrevistaba, Lucila Trujillo, terminó diciéndole que era de esas personas “locas que se victimizan”, previo haberla llamado “querida” y tratarla con un tono “paternalista” y de “superioridad”, y haberle hecho preguntas de su vida privada».
«En esa misma nota aseguró haber participado en dos capacitaciones de la
Ley Micaela, la última hace unos cuatro años, cuando es ley fue sancionada hace menos 2 años».
En consecuencia, Mansilla planteó que «es responsabilidad de este Jurado de Enjuiciamiento poner fin a estas conductas que producen un gravísimo daño en el Poder Judicial de la Provincia, y en todo el Estado Provincial, y que, además, pueden llevar a la comisión de nuevos delitos, alentados y remondados por una persona que ocupa un cargo de Fiscal Jefe cuando no debería hacerlo».
Pidió como sanción las previstas en el artículo 32, que van desde suspensión por un día hasta la destitución.
El pedido deberá ser tratado por la comisión de admisibilidad, que preside la vocal del TSJ Soledad Gennari.
Denuncia de Mumalá
Por su parte, Carolina Espinosa, integrante de Mumalá, señaló que “las declaraciones del fiscal dirigidas a Mumalá son agraviantes para el trabajo que esta organización realiza desde varios años, acompañando a mujeres víctimas de violencia de género».
«No pedimos la cabeza de nadie ni queremos subir a ningún ring, sólo queremos que se nos respete y que se cumpla con las leyes vigentes para protegernos de la violencia. Este tipo de amenazas son inadmisibles en un funcionario, por eso nos movilizamos y pedimos que se le inicie el juri”, añadió, en respuesta a declaraciones de Terán.
Dijo también en un comunicado que «las expresiones del fiscal no sólo evidencian un profundo desconocimiento del fenómeno de la violencia de género, sino que ponen en peligro la vida de muchísimas mujeres que en este momento esperan que la Justicia aplique las medidas establecidas por las leyes vigentes y las proteja. Esto es una gran irresponsabilidad para un funcionario público que fue elegido para representar y defender los intereses de las víctimas en nombre del Estado”.
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