Piden control de precios en la cárcel de Senillosa

La defensoría pública federal solicitó que en la cárcel de Senillosa los prestadores comerciales respeten los precios máximos que regían al 6 de marzo, en sintonía con las medidas oficiales que buscan evitar la suba de precios indiscriminada e ilegal mientras dura la emergencia por pandemia.

El pedido lo realizó el defensor Pablo Matkovic, como defensor público e integrante de la Comisión de Cárceles en el fuero federal.

Según explicó el servicio denominado “de cantina” en la unidad penitenciaria está a cargo de un prestador contratado por el  Servicio Penitenciario Federal (una firma que sería de Cipolletti); donde los internos compran galletitas, cigarrillos y también artículos de almacén, como lácteos, yerba y gaseosas o elementos de limpieza e higiene personal.

La defensoría Pública hizo alusión a un habeas presentado también por la fiscal Maria Cristina Beute, quien aseguró que «suspendidas las visitas» se estrechó «el marco de condiciones desventajosas para adquirir mercadería», porque los detenidos deben recurrir al servicio de cantina «que, oportuna, veloz e ilegalemente, aprovecha esta mayor constricción de su clientela cautiva, para aumentar los precios».

Con la prohibición del contacto con los familiares y el exterior a fin de mantener a la población carcelaria aislada del posible contagio de coronavirus, la mayoría de los internos utiliza el servicio de cantina para sus suministros personales.

Ante el presunto encarecimiento de los productos a la venta en el lugar, solicitó que se tomen medidas para evitar sobreprecios, se analice el cumplimiento de los “precios máximos” y que la AFIP inspeccione el lugar.

Según los datos de la Defensoría, en el Complejo 5 (Senillosa) están alojados unos 570 internos, más que el total de la población carcelaria de la provincia de Neuquén –incluída la alojada en calabozos de comisaría- que alcanza a 500 personas, según las cifras aportadas por el Tribunal Superior de Justicia.

Los internos federales cuentan en el servicio federal con un “peculio” por los trabajos realizados en la unidad que alcanza a unos 10.000 pesos en promedio. Según la Defensoría, de un 50 a un 70 por ciento de ese ingreso, lo gastan en “la cantina”.

La medida deberá ser resuelta por el juez federal Gustavo Villanueva.

Matkovic solicitó una medida cautelar en la que invocó los decretos nacionales para solicitar que los precios de los productos que se venden en la cárcel se retrotraigan al 6 de marzo pasado; y que se verifique si se están cumpliendo con los “precios máximos” que buscan evitar los sobreprecios en este tiempo de emergencia.