Piden avances de la fiscalía por la ordenanza cajoneada en Neuquén

“La investigación podría haber avanzado algo, porque al parecer hubo otras intenciones” en no publicar las ordenanzas, dijo el secretario general del sindicato de municipales en Neuquén, Santiago Baudino.

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En los últimos 15 días se publicaron unas 60 ordenanzas que nunca llegaron al boletín oficial de la comuna, desde 2016 a la fecha. El 8 de julio hubo una «edición especial» que editó las 52 ordenanzas rastreadas -sin publicar- por la secretaría de Gobierno, luego de que varias ordenanzas viejas se fueron incluyendo en boletines de abril, mayo y junio.

La más notoria fue la que el intendente Mariano Gaido ubicó en el boletín oficial del 16 de junio, la de anexamiento, sancionada cuatro años antes.

Baudino dijo que el planteo de investigación ante el posible incumplimento de funcionario público “fue tanto para (José Luis) Artaza como para (Marcelo) Bermúdez; el primero por su responsabilidad ante el tema de la recaudación (era secretario de Hacienda) , y Bermúdez (ex secretario de Gobierno y Coordinación) por su responsabilidad en la publicación del boletín oficial”, dijo.

La denuncia de Baudino quedó bajo la órbita del fiscal Marcelo Jara.

El dirigente gremial levantó la irregularidad de la publicación en junio de la ordenanza por anexamiento ilegal de tierras sancionada casi cuatro años después de la sanción; y ante el cúmulo de ordenanzas que surgieron días después de que se conoció lo del anexamiento “me queda en claro que había una intencionalidad” en la omisión de publicar, manifestó.

Destacó que entre más de medio centenar de normas que no se publicaron, estuvo la autorización del Deliberante para que la caja jubilatoria (IMPS) municipal pudiera vender y lotear la chaca en Centenario para paliar el déficit de Instituto.

“Fue una larga pelea con el intendente anterior hasta que se modificó la ordenanza para lograr un mejoramiento de los fondos; si esas ordenanzas no se hubieran cajoneado, la municipalidad podría haber cobrado millones de pesos del Rincón Club por la apropiación de tierras, y en el caso del IMPS, sanear parte de su deuda: en esto tiene responsabilidad tanto Artaza como Bermúdez”, dijo.

Comparó el desinterés de la gestión anterior por cobrar millonarias deudas con la ejecución de cobro que se hizo vía judicial de las tasas de los vecinos. “Si el contribuyente debía 2.000 pesos, en seguida iban con el (abogado) yerno del intendente para que se los ejecutara”, comparó.

Baudino cuestionó la postura del ex secretario de Gobierno, Marcelo Bermúdez –actualmente concejal del Pro Juntos por un Cambio- de desligarse públicamente por de la acusación por la no publicación de más de 60 ordenanzas de la gestión anterior. “Dice yo no fui porque quiere castigar al cadete, como si no fuera responsable; y el diputado Sánchez (Francisco) que fue el autor de la ordenanza que luego no se publicó también habría que preguntarle qué le pasó que nunca le interesó que se aplicara”, sostuvo.

La denuncia anterior fue archivada

El abogado de los ex concejales del Frente Neuquino ( Francisco Baggio y Luis Durán) Emmanuel Guagliardo, dijo que el último movimiento que tuvo la causa radicada a fines de 2018 en la fiscalía por la falta de interés de los funcionarios municipales en recuperar las tierras alambradas por Rincón Club SA fue en marzo de este año, cuando el fiscal Marcelo Jara devolvió al Concejo Deliberante parte de la documentación que había sido adjuntada como prueba.

Agregó que fue el fiscal Diego Azcárate archivó la causa “contra Bermúdez y todos los funcionarios contra los que hicimos la denuncia en diciembre de 2018; con una deficiencia en la notificación, porque al domicilio legal nunca nos llegó”, dijo Guagliardo.

El asesor legal del UNE sostuvo que la denuncia que planteó la recuperación de los terrenos de la barda y además recuperar fondos con el dinero de la anexamiento “era contra el intendente Horacio Quiroga pero abarcó a todo el gabinete y los funcionarios de las áreas competentes y jerarquías inmediatas, como el coordinador del Gabinete, Marcelo Bermúdez”, dijo.

Sostuvo que no sólo se le pidió a la fiscalía que analice el incumplimiento de funcionarios por no haber recuperado los terrenos y cobrado la multa prevista en la ordenanza “que no sabíamos que no estaba publicada”, sino también “que se analizara si no había una incompatibilidad; la denuncia está archivada pero todavía tienen plazo para investigarlos. No sabíamos que la ordenanza había sido cajoneada; la fiscalía tenía elementos para avanzar en la formulación de cargos y no lo hizo; con este nuevo capítulo de la no publicación de las ordenanzas, creo que tiene elementos suficientes para reabrir la investigación y ver si hay negociaciones incompatibles, como nosotros creemos que hay”, sostuvo.

Agregó que el fiscal de delitos complejos Marcelo Silva “y el ministerio público fiscal, le debe a la ciudadanía cumplir su función como organismo, hay una demanda que tiene que satisfacer no sólo imputar cargos a dirigentes sociales o dictar prisiones preventivas a personas vinculadas a delitos que afrentan a la propiedad privada”, comparó.