Piden acelerar la causa contra la ex Procuradora de Río Negro

El gremio que agrupa a los judiciales pidió a la fiscalía la “urgente” producción de pruebas en la causa iniciada contra la ex Procuradora General de Río Negro, Silvia Baquero Lascano, tras ser denunciada por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia penal fue presentada por dirigentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales -Sitrajur- hace dos años y según plantearon en la presentación -hasta el momento- no han sido notificados de producción de prueba alguna.

En su calidad de gestor procesal del secretario General del gremio, Pablo Barreno, el abogado viedmense Favio Igoldi planteó la urgente producción de pruebas antes del vencimiento del plazo de la investigación preliminar y a los efectos de evitar que la causa quede sin efecto.

Esta sería la primera vez que un gremio acciona contra un funcionario y reclama la urgente producción de pruebas ante una llamativa lentitud en el avance de la causa.

La denuncia

En 2016 el gremio judicial denunció a la entonces Procuradora General de Río Negro por firmar en mayo de ese año una resolución a través de la cual dispuso “la baja definitiva de las licencias pendientes de usufructuar con fecha anterior al 31 de diciembre de 2006 correspondiente a todos los agentes y funcionarios dependientes del Ministerio Público”. También dio la baja definitiva a las licencias pendientes de usufructuar que no hayan sido denegadas al 31 de diciembre de 2015.

En la denuncia gremial se planteó que la Procuradora “sin sustento normativo alguno eliminó un derecho garantizado por la Constitución Nacional como lo es el del trabajo, descanso y vacaciones pagas”.

Además consideró que la exfuncionaria no tenía competencia para tomar esas decisiones ni aplicar la normativa que invocó en las resoluciones severamente cuestionadas.

En ese marco, el denunciante sostuvo que “la ausencia de facultades para el dictado de la norma que se cuestiona adquiere mayor relevancia si se considera el tenor de la regulación que se pretende, toda vez que se trata de la eliminación de derechos adquiridos -licencias pendientes de goce- que además tienen la prohibición de ser cambiadas por remuneración, una función profiláctica -el descanso del trabajador- y que en la mayoría de las veces su acumulación se sostiene exclusivamente en que por necesidades de servicios los trabajadores posponen su goce”.

En la denuncia se calificó de “intolerable la eliminación del derecho a gozar de licencias pendientes, mediante el dictado de un acto administrativo de alcance general por parte de la Procuradora , cuando además carece de competencia para ello”.