Piden 18 y 16 años para Héctor y Ruth Montecino

Laura Frank

NEUQUÉN (ACE/AC).- El fiscal federal Marcelo Grosso solicitó penas de 18 y 16 años de prisión para Héctor y su hermana Ruth Montecino, por su presunto rol de “organizadores” en la red de narcotráfico que también involucró a las hijas, exesposa, amantes y hasta la propia madre del líder. Para el resto de los imputados pidió condenas de entre 4 y 10 años de cárcel.

“Cuando intervenimos el teléfono de Héctor Montecino se abrió el abanico de colaboradores”, parafraseó el fiscal en referencia a la declaración que había brindado uno de los investigadores policiales.

Grosso describió los inicios de la investigación de la jueza Carolina Pandolfi a través de la intervención de varios policías. Destacó los dichos de los vecinos y las guardias en la casa de Miguel Ángel Nacimiento y Edith Montecino, en Centenario.

El expediente llegó a juicio con 20 cuerpos y 23 imputados que forman parte –según el criterio de la Fiscalía– de una banda que se dedicaba a vender estupefacientes, ya sea en calidad de organizadores, distribuidores de la droga, acopiadores, proveedores y hasta en el rol de repartidores en la modalidad “delivery”.

Cronológicamente enumeró que las primeras intervenciones se produjeron en el teléfono fijo de Miguel Nacimiento y Edith Montecino (que no es familiar de Héctor), en la manzana 383 del barrio Trahun Hue de Centenario. Para ese momento la investigación policial ya había detectado al menos otros tres domicilios en los que se producían actos de compraventa de estupefacientes.

Las viviendas de Centenario estaban en investigación desde el 14 de marzo de 2011. En la mira y bajo seguimiento también se encontraban los domicilios de Fabián Reyes y Cecilia Soto cuando se lo vio por primera vez a Héctor Montecino en el barrio Trahun Hue, en un Volkswagen Bora al principio y en una Ford Ranger a partir de julio.

Con las visitas de Héctor a Centenario y el resultado de las escuchas telefónicas de la casa de Nacimiento y de los celulares de Edith, “la investigación giró hacia Cipolletti”, detalló el fiscal.

Grosso describió que aunque algunos de los imputados negaron haber participado en la organización, las escuchas y la observación policial en los domicilios permitieron corroborar que trabajaban para Héctor. Mencionó el caso de Fiofania Ruskoff , a quien la familia Montecino había apodado “Anita”.

Lo mismo ocurría con los moradores de la calle Esquiú, Irma Betanzo y su hija menor de edad –Romina Montecino–, quienes “compartían la tarea de acopiar” droga para Héctor, su padre.

Con el rompecabezas resuelto mediante el cruce de información de las escuchas telefónicas y del seguimiento de la actividad en los domicilios marcados se produjeron los allanamientos iniciales de Centenario, el 21 de septiembre, y los múltiples y simultáneos que hubo dos días después.

El fiscal mantuvo la condición de “organizadores” de Héctor y de Ruth y agregó que la red utilizaba “motos, autos y camionetas” para trasladar y distribuir la droga. Argumentó que los líderes no tenían contacto directo con la droga pero que ejercían un constante control sobre su “grupo de operadores”.

“Después de la causa que enfrentaron en Roca, en la que terminaron absueltos, aprendieron a no acopiar la droga en un mismo lugar”, lanzó Grosso.

“Todos saben todo y ejercieron actos de comercio porque recibían directivas de Héctor y de Ruth”, consideró el fiscal en referencia a los imputados de Cipolletti. Hizo una salvedad y despegó de la “organización” a los siete acusados de Centenario. Ellos son: Cecilia Soto, Fabián Reyes, Miguel Ángel Nacimiento, Edith Montecino, Hugo Villablanca, Leonor Castillo y Daniela Montecino. Entendió que Héctor era su proveedor, aunque ellos comercializaban de forma independiente.

Para la pareja de Soto y Reyes solicitó 5 años de cárcel; por Nacimiento y Edith Montecino pidió 4 años; para Villablanca y Castillo reclamó 5 años y por Daniela 4 años de cárcel.

“Jessica Montecino es la persona más mencionada después de Héctor y de Ruth”, sostuvo Grosso. Para ella requirió la pena de 10 años de prisión, que unificada con una condena anterior de 5 años y 6 meses quedaría en 12 años.

Sobre Olga Jorquera (vecina de clan) dijo que su vivienda era un lugar de acopio y que Héctor le pagaba para que entregara los paquetes. “Hacían las cuentas juntos a través de mensajes de texto”, indicó. Para ella exigió 6 años de prisión. La misma pena pidió para la madre de Héctor y de Ruth, Yolanda Esparza Flores, que aunque “oraba por sus hijos” guardaba el dinero del comercio y participaba de la actividad. Al momento de los allanamientos la Policía encontró en su casa 225.000 pesos.

La exesposa de Héctor, Irma Betanzo, recibió un pedido de pena de 7 años de cárcel porque en la indagatoria “reconoció que guardaba” y de los mensajes surge que colaboraba con la red. Para la hija, Romina Montecino, el fiscal pidió una declaración de responsabilidad y un tratamiento tutelar porque al momento del hecho era menor de edad. Ahora tiene 18 años.

Para las dos personas que estaban vinculadas sentimentalmente con el jefe del clan, Carina Domínguez y Fiofania Ruskoff, el fiscal reclamo 6 años de cárcel. Considerándolos los colaboradores “más directos” de Ruth, solicitó 8 años para Jorge Seguel y 6 años para su hijo, Diego Seguel; 6 años para Leopoldo Belmar Castro (el encargado de la chacra donde guardaban más de 15 kilos de cocaína) y 6 años y 6 meses de cárcel para Daniel Alberto Reyes, quien manejaba la Fiat Fiorino donde se transportaban 172 kilos de marihuana.

Por Fernando Soto reclamó 6 años y por su padre, Héctor, 3 años y 6 meses en su calidad de partícipe secundario. Para Luis Alberto Linares también pidió 6 años de cárcel.

JUICIO CON CUSTODIA EXTRA