Perú elige entre modelos opuestos para enormes desafíos

Los peruanos acudirán a las urnas mañana domingo para definir a un nuevo presidente, entre dos candidatos polémicos que representan modelos diametralmente opuestos de país, que deberá tomar apenas asuma urgentes medidas para mitigar los duros efectos de la pandemia y la recesión, en un contexto de inestabilidad política producido por una Congreso fragmentado y una población cada vez más descreída del sistema político y las instituciones democráticas.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y que representa a los partidos consolidados en el país y defensora de una economía de libre mercado o Pedro Castillo, un exmaestro rural de corta trayectoria política que lidera una variopinta alianza de fuerzas que incluye a partidos marxistas y plantea una ruptura del modelo económico con una intervención económica más activa del Estado, deberán enfrentarse a un panorama complejo apenas asuman el cargo.

La economía peruana se hundió un 11,12% durante la pandemia, que además colaspó el sistema sanitario durante las viarias oleadas de coronavirus y que arrastra además históricos problemas de una elevada informalidad laboral, corrupción en todos los niveles del Estado y una debilidad insittucional que se ha traducido en inestabilidad política.

Los últimos sondeos favorecen a Castillo por un margen estrecho que no parece decisivo, mientras una campaña repleta de acusaciones y golpes bajos no logra entusiasmar a una sociedad harta de los abusos y la deshonestidad de la clase política, lo que en años anteriores se ha traducido en altos niveles de rechazo a todos los presidentes apenas asumieron.

El neoliberalismo de Keiko Fujimori o el socialismo de Pedro Castillo: los peruanos deben elegir entre dos propuestas económicas antagónicas en esta segunda vuelta de las presidenciales.

Actualmente, el país tiene en los altos precios del cobre, su principal exportación, una nueva oportunidad para catalizar el crecimiento económico. Sin embargo, la baja institucionalidad general tiene como consecuencias conflictos sociales alrededor de los proyectos mineros más significativos. Los conflictos por la minería representan 41% del total de conflictos sociales del país, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).

Maestro de escuela rural, Castillo promueve un activo papel del Estado en la economía, mientras la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori aboga por mantener el actual modelo liberal.

Las promesas de ambos candidatos implican un aumento del gasto público en un país elogiado por el equilibrio de sus cuentas nacionales, pero al que se le reprocha la falta de inversión social.

“Estamos en un momento muy difícil” en el que los peruanos deben optar por “continuar por el camino del pasado u optar por un nuevo camino”, dice el analista Hugo Otero, exasesor del fallecido presidente Alan García.

Castillo promueve una Asamblea Constituyente que redacte una renovada Carta Magna en la que se consagre el nuevo rol del Estado en la economía, pero advierte que no busca eliminar la empresa privada ni la inversión extranjera. Promete que “el Estado fortalecerá su papel regulador dentro de un enfoque de economía mixta”, y que se “regulará más activamente a los monopolios y oligopolios”.

En la otra cara de la moneda se encuentra Fujimori, quien defiende la actual Carta Magna -que promulgó su padre en 1993- que garantiza el libre mercado y que, según ella, “rescató al país de la pobreza y el caos generado por el modelo estatista y rentista” heredado del primer mandato de Alan García (1985-1990).

Castillo moderó su discurso tras la primera vuelta electoral, pero dice que las “riquezas [mineras e hidrocarburos] deben nacionalizarse, con nuevas reglas de impuestos y regalías que son muy necesarias”.

También sostiene que el sector estratégico de telecomunicaciones debe estar en manos del Estado. Actualmente, lo controlan operadores extranjeros.

Con una enorme producción de cobre, oro, plata, plomo y zinc, la minería es el motor de la economía peruana, responsable del 10% del PIB y de una quinta parte de los tributos pagados por empresas.

Castillo afirma que con los actuales precios del cobre de casi 10.000 dólares por tonelada “las trasnacionales mineras están obteniendo sobreganancias” y parte de estas deberían pasar al erario nacional.

Por ello, propone “un nuevo impuesto a las sobreganancias, eliminación de exoneraciones tributarias, regalías en función de las ventas y renegociación de contratos con estabilidad tributaria”. También asevera que se requiere inversión pública para reactivar la economía y promete obras de infraestructura, compras públicas a Pymes y frenar “importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado”.

En contraste, Fujimori quiere mantener el modelo en la minería, aunque promete “explotar los recursos naturales con responsabilidad”, respetando normas ambientales.

Para reactivar la economía, muy golpeada por la pandemia, promete eximir de ciertos tributos a empresas y microempresas, bajar el impuesto a los combustibles y eliminar por tres años los tributos al sector turismo.

La candidata destaca su “firme creencia en la actividad privada como motor de la economía peruana y gran generador de fuentes de trabajo” y promete crear tres millones de empleos, establecer fondos de fomento para la agricultura, elevar el salario mínimo y duplicar el monto de las pensiones más bajas.

Como las de Castillo, estas promesas implican un incremento del gasto público, un tabú para los neoliberalistas.

Fujimori sostiene que la baja productividad en la actividad agropecuaria y forestal de pequeños y medianos agricultores conduce a “la situación de pobreza” de millones de personas que trabajan en el campo. Por ello, promete aumentar diversos fondos para riego, tecnología y programas de innovación en el campo.

Para Castillo esto no basta, pues es indispensable “una segunda reforma agraria”, donde los productores participen en las decisiones de gestión agrícola.

Castillo promete disminuir la importación de alimentos, optar por “la agricultura andina y orgánica”, y revisar el “monopolio de tierras”.

Otro grave problema en Perú es la corrupción en todos los niveles del Estado. Cuatro expresidentes peruanos y la candidata derechista Keiko Fujimori quedaron bajo la lupa de la fiscalía por el escándalo de los aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

La corrupción está presente desde la época colonial, pero en los últimos años, a raíz del escándalo Odebrecht, hay una conciencia mayor de qué tan extendida está. No solo atañe a expresidentes, está presente incluso en las obras públicas pequeñas de gobiernos locales o regionales. Para los expertos, esto es producto de la debilidad institucional del país, que genera poco respeto a las reglas del juego y gobiernos débiles e ineficaces.