Peligrosos discursos de emergencia

Por Susana Mazza Ramos

Usualmente, la respuesta del hombre común al que insistentemente se le transmite la visión de la «inseguridad reinante» y el «aumento de criminalidad», puede manifestarse bajo dos aspectos: se transforma en un autónomo justiciero o clama dureza y represión para con los «monstruos» que amenazan su vida y la de su entorno.

Resulta importante establecer qué significado le adjudican los medios de comunicación al comportamiento socialmente desviado, ya que influyen en los estereotipos sociales, formando imágenes nacidas del prejuicio, creando «malvados» y estimulando un modelo según el cual son definidas cotidianamente situaciones delictivas en la sociedad y desarrolladas actitudes frente a los criminales.

Esa creación mediática alimenta diariamente al pueblo con reproducciones sensacionalistas de hechos policiales y procesos judiciales, transmitiendo en directo situaciones trágicas, entrevistando inmediatamente a familiares de víctimas sin respetar su dolor y blandiendo, solapadamente a veces o descaradamente otras, las campañas de «ley y orden» que han llevado a innumerables crímenes maquillados con palabras como «verdad» y «justicia».

Pero si la responsabilidad social de los medios de comunicación es enorme, mucho más lo es la que les corresponde a los legisladores -supuestos representantes del pueblo-, quienes poseen el privilegio de sancionar leyes que coadyuven a la convivencia pacífica y civilizada en comunidad. Esa responsabilidad legislativa es mayor cuando -como en estas difíciles horas para el pueblo argentino- pareciera que la violencia es la respuesta más común y rápida ante los innumerables problemas que nos acorralan.

El proyecto de ley para considerar la punibilidad de los menores a partir de los seis años de edad, presentado por un diputado de la Ucedé al Parlamento nacional en los últimos días, además de inconstitucional, aberrante e hipócrita, representa un claro ejemplo de lo antedicho. Es visiblemente inconstitucional, porque viola lo preceptuado en el artículo 1 de la «Convención sobre los Derechos del Niño» tratado con jerarquía constitucional -es decir superior a las leyes- conforme lo establece el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, reforma 1994, el que textualmente dispone: «Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad», habiendo agregado nuestro Parlamento en el momento de aprobar la Convención por ley 23.849, que «en la Argentina se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años».

Es aberrante, porque suponer que un niño de seis años puede acabadamente «comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones», requisitos que la ley penal exige para considerarlo punible -Art. 34 del Código Penal- es simplemente demostrar grosero desconocimiento de la psiquis humana y de las etapas del desarrollo evolutivo por las que todo hombre atraviesa.

Calificamos el proyecto como hipócrita, porque en realidad las exaltadas solicitudes de aumento en las escalas penales, de agravamiento en las condiciones de encierro, de derogación del instituto de la excarcelación, de abolir el estado de inocencia con la inversión de la carga de la prueba, la coacción para que los imputados confiesen validando así la autoincriminación, la creación de penas infamantes -como la castración para los violadores-, el establecimiento de la pena de muerte (en sus dos variaciones: con o sin sufrimiento) y en este caso, bajar la edad de los menores para ser considerados punibles, es lisa y llanamente la utilización del sistema penal por parte del Estado para responder políticamente a fenómenos cuya magnitud y alcance han escapado de sus manos.

Se enarbola combatir las «consecuencias» de un fenómeno como la violencia, sin tratar de destruir las «causas» del mismo, actitud hipócrita aquí y en cualquier punto del planeta, que no elimina el problema -a pesar de los peligrosos discursos de emergencia- o probablemente por la existencia de ellos mismos, pero que sin dudas retroalimenta el fenómeno hasta límites insospechados.


Usualmente, la respuesta del hombre común al que insistentemente se le transmite la visión de la "inseguridad reinante" y el "aumento de criminalidad", puede manifestarse bajo dos aspectos: se transforma en un autónomo justiciero o clama dureza y represión para con los "monstruos" que amenazan su vida y la de su entorno.

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