¿Para qué sirve el litigio estratégico?

El planteo judicial de conflictos públicos introduce temas en la agenda del debate social, cuestiona procesos de definición, los contenidos, sus potenciales impactos sociales y la implementación de políticas de Estado.

La debilidad de las instituciones democráticas de representación y el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social y política han contribuido a trasladar al ámbito judicial conflictos que solían dirimirse en otros espacios sociales.

Son muchas las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales que vienen realizando un uso estratégico del litigio como instrumento de incidencia e invocación del derecho internacional de los derechos humanos, para demandar la protección jurisdiccional de personas y grupos usualmente débiles y vulnerables.

Se trata de una tendencia marcada por el impulso de las organizaciones de la sociedad civil y por innovadoras decisiones judiciales que han abierto el camino para la utilización generalizada del derecho internacional de los derechos humanos.

El trabajo de estos grupos se suele expresar en acciones ante tribunales argentinos y ante organismos internacionales de derechos humanos.

Las cuestiones allí expuestas abarcan tópicos diversos. Ellos van desde la impunidad, la violencia institucional, las condiciones de detención y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Pero también comprenden la independencia de la magistratura, la respuesta estatal frente a la protesta social, el acceso a la información y los derechos de inmigrantes y de pueblos indígenas. Y también, cada vez con mayor frecuencia, las cuestiones ambientales.

Mediante distintas causas judiciales es posible develar y explorar patrones de conducta ilegales y/o estructuras desde las que sistemáticamente se violan los derechos fundamentales.

E incluso mediante ellas es posible generar una herramienta útil para promover derechos no garantizados, tanto por las propias insuficiencias del Estado como porque su protección efectiva solo se activa a partir del reclamo de los grupos afectados.

El litigio en torno a estos derechos procura operar sobre el vínculo en la esfera judicial y la política, a partir del reconocimiento constitucional de derechos y de nuevos mecanismos procesales de representación de intereses.

Puesto que someter a la consideración de los tribunales los conflictos que están ausentes de la agenda de los poderes políticos es un modo de insertarlos en la discusión pública y otorgarles visibilidad.

De ese modo, el litigio estratégico es recurso y herramienta fundamental para un programa de expansión de derechos y de incidencia en políticas de derechos fundamentales.

La elección de los casos se vincula a la posibilidad de que el litigio que se emprende sea también una iniciativa del grupo social que lo demanda, porque allí radica la apuesta de que los derechos se expandan y se aseguren en la arena política democrática.

A su vez, la consagración constitucional de tratados internacionales que resguardan derechos ha obligado poco a poco a los tribunales a entablar, con respecto a los poderes políticos, una relación de contralor en la adecuación de las políticas públicas a los nuevos estándares de derechos humanos.

El planteo en el ámbito judicial de conflictos públicos o que trascienden lo individual intenta introducir temas en la agenda del debate social, cuestionar los procesos de definición, los contenidos, sus potenciales impactos sociales y la implementación de políticas de Estado.

El litigio estratégico resignifica el derecho al convertirlo en un instrumento alternativo de protección y promoción de ciertas personas, grupos e intereses habitualmente soslayados en la práctica judicial.

Y ello es así, en lo fundamental, debido a que su objetivo no apunta a “ganar” casos, sino, en cambio, a efectivizar derechos.

*Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)