Para el gobierno de Neuquén los mapuches buscan reactivar un juicio

El gobierno provincial salió a jugar el conflicto entre YPF y la comunidad Kaxipayiñ, que desnudó una serie de negocios no declarados dentro de los campos petroleros.

El ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, anticipó que harán cumplir la remediación acordada para el yacimiento Loma La Lata pero advirtió que detrás de la discusión ambiental se busca reflotar un antiguo y millonario juicio por contaminación.

“El gobierno interviene y viene participando en cada conflicto. Pero esto no se resuelve politizando, ni judicializando el tema”, expresó Lara en respuesta a las críticas del intendente Horacio Quiroga. Reconoció que la complejidad del caso necesita de tiempos que no siempre son los que demanda el ritmo de la actividad petrolera.

El ministro confirmó que participó de una reunión entre representantes de la petrolera nacional y dirigentes de la comunidad Kaxipayiñ. En el encuentro se determinó el número de pasivos ambientales a sanear, todos fechados en gestiones anteriores, y se acordó el orden de remediación. Lara agregó que, pese a lo acordado, las comunidades salieron a hacer pública una denuncia penal contra la empresa.

“Existe un problema de criterio. La comunidad asegura que los valores de metales pesados en el suelo son superiores a los permitidos y la compañía dice que se encuentran dentro de los estándares. Quién tiene razón. Nosotros, como autoridad de aplicación, vamos a obligar la remediación”, indicó Lara.

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Consultado sobre a través de qué mecanismos se buscará hacer cumplir los planes de remediación presentados por YPF, el ministro anticipó dos instancias. Por un lado, indicó que intimarán a las partes a un careo, pero que en caso de que no prospere la segunda instancia será recurrir a la Justicia para que se ordene realizar las tareas que ya había iniciado la petrolera.

El funcionario reconoció que existen otros dos conflictos en el área de Vaca Muerta. Uno en la zona de Tratayen con una familia que pide reconocimiento como comunidad mapuche, pero que no reúne las condiciones. Y el segundo, un pedido de los Campo Maripe sobre la extensión de su territorio, algo que para Lara ya está cerrado y no corresponde revisar.

En ambos casos , dijo, intervino la Justicia y se ordenaron desalojos. Sin embargo, desde YPF aseguran que la zona oeste de Loma Campana, principal yacimiento shale del país, está marginada por el accionar de la comunidad Campo Maripe.

Este medio le preguntó si el conflicto con la comunidad Kaxipayiñ se explicaba exclusivamente por un reclamo ambiental y el ministro lo relativizó: “es una pantalla importante”. “Hay y hubo un juicio con una indemnización de cifras siderales en dólares y sabemos que hay algún bufete de abogados que busca reflotarlo”, recalcó.

“Hay un juicio con una indemnización de cifras siderales en dólares y sabemos que hay algún bufete de abogados que busca reflotarlo”,

aseguró el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara.

Paralizados

No se habló de dinero pero sí de puestos

El ministro Jorge Lara aseguró no conocer si la comunidad efectivamente le reclamó a YPF una suma millonaria para permitirle iniciar un plan de perforación en Loma La Lata. “En la reunión de la que participamos no se habló de ese tema”, dijo pero no descartó que pueda haber existido una conversación por fuera del encuentro.

Consultado sobre la participación de comunidades mapuches en el negocio petrolero, señaló que “es muy difícil de probarlo”.

“A veces tienen relación con las contratistas y les alquilan vehículos o maquinaria, pero no me consta” que tengan empresas en actividad, sostuvo. Planteó que no existiría conflicto para esa situación siempre y cuando se trate de una actividad “legítima” o “legal”.

Lara sí reconoció que varias comunidades solicitaron a las compañías petroleras puestos laborales y que muchas de ellas consiguieron cupos.