Otra dilación en la causa por la muerte de “Coco” Garrido en la comisaría de El Bolsón

Otra dilación en la causa por la muerte de “Coco” Garrido en la comisaría de El Bolsón

Entró, urgida, con el pulso acelerado a la pequeña sala de audiencias de Tribunales. Carmen Silva se había retrasado porque la camioneta en la que viajaba desde Epuyén, Chubut, hasta Bariloche tuvo una falla mecánica y quedaron varados en la Ruta Nacional 40 Sur. Cuando llegó esta tarde, pasadas las 14.30, se enteró de que la audiencia de control de acusación, para definir que la causa por la muerte de su hijo Guillermo “Coco” Garrido vaya a juicio, se había suspendido porque los defensores de los policías imputados recusaron al juez.

Carmen no lo podía creer. Hace 7 años y 5 meses que espera que la causa por la muerte de su hijo, que ocurrió en el calabozo de la comisaría 12 de El Bolsón, llegue a juicio y que un tribunal juzgue a los policías imputados Laura Leiva y Emilio Oyarzún por el delito de homicidio culposo. Tendrá que esperar que la Oficina Judicial fije una nueva fecha para la audiencia de control de acusación, que es el paso obligatorio para llegar a juicio. Por eso, lloró amargamente con sus familiares.

Garrido fue detenido la noche del 13 de enero de 2011 después de un choque en el centro de El Bolsón. Entró a las 21.40 a la comisaría y a las 21.45 fue trasladado hasta el hospital para la revisión médica. Regresó a la unidad policial y a las 22.50 fue encontrado ahorcado con un cinturón amarrado a una reja del calabozo. Tenía 24 años.

A los imputados se les atribuye haber actuado de manera negligente cuando Garrido estuvo detenido. Aunque fuentes judiciales revelaron que Leiva y Oyarzún no eran los responsables de la guardia cuando murió Garrido.

La abogada querellante Marina Schifrin y el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien se opusieron al planteo de los defensores de los policías acusados.

Tiempo atrás, los policías imputados en causas penales eran defendidos por el abogado de la Policía de Río Negro, Mario Altuna, que hoy se desempeña como juez del Tribunal de Impugnación,

Schifrin y el fiscal advirtieron que la recusación era extemporánea. Schifrin sostuvo que se trataba de un planteo dilatorio. Recordó que la causa “ha tenido idas y vueltas” durante 7 años. Calificó como un proceso “kafkiano” lo que ocurrió con el expediente.

Recordó que Garrido murió en una comisaría, lo que “es una grave violación de los derechos humanos” y citó jurisprudencia.

“Es hora de que se ventilen todos los hechos en un juicio público”, afirmó la abogada querellante y lamentó el maltrato que sufrieron las víctimas (por los padres de Garrido) durante todo el proceso.

Los defensores mantuvieron en su postura. Observaron que Leguizamón Pondal había intervenido en una apelación, cuando confirmó el procesamiento de los imputados. Por eso, advirtieron que eso lo inhibía para resolver en esta etapa del proceso.

Leguizamón Pondal admitió la recusación porque advirtió que estaba sospechado de parcialidad. “Creo que hace, no sólo a las garantías de los imputados, sino también a las de las víctimas”, explicó.

Los padres y referentes de organismos de derechos humanos sospecharon de la explicación oficial del suicidio, “Se hicieron infinidad de pruebas y no hubo manera de probar con seriedad que fue un homicidio doloso”, sostuvo Arrien a principios de este año.