Ordenaron el desalojo de integrantes de la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero
El juez Ricardo Calcagno dispuso un plazo de siete días para que cuatro imputados abandonen el lugar.
Romina Jones y Alejandro Morales, durante la audiencia. Foto: captura de pantalla
El juez Ricardo Calcagno dispuso el desalojo forzoso de cuatro integrantes de la comunidad Quemquemtreu del predio de Cuesta del Ternero. La medida alcanza a Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas. No contempla a Romina Jones y Ariadna Mansilla ya que ayer el juez Bernardo Campana ordenó que continúen las medidas cautelares.
Con una audiencia que se extendió durante casi dos horas, el magistrado hizo lugar a la medida solicitada por la querella y dispuso una semana para que los imputados se retiren voluntariamente; en caso contrario, se procederá al desalojo «mediante la fuerza pública a cargo del Ministerio Público Fiscal«.
Cuando Calcagno dio a conocer su resolución, Jones pidió la palabra: «Cállese ahora usted. Usted es xenófobo, racista, empleado del Poder Judicial. La gente le paga su sueldo a usted y a la fiscal que defiende asesinos. Usted defiende a los ricos, poderosos, asesinos. Es evidente el vínculo del señor Saavedra con los asesinos de Elías».
«La gobernadora -planteó la mujer- sale pidiendo diálogo cuando nosotros lo pedimos desde el primer día. Ustedes tienen armas y el poder. ¿Por qué recuperamos territorios de esta forma? Porque nunca nos escucharon. ¿Quieren que sigamos esperando?».
En ese momento, Calcagno le respondió que «con insultos, no era posible continuar» y dio por finalizada la audiencia.
Argumentos
El primero en tomar la palabra fue el abogado querellante Ernesto Saavedra que argumentó sobre el pedido de desalojo. «Desde septiembre, en la propiedad de mi asistido (Rolando Rocco) se han producido hechos de violencia. El desamparo y desprotección de mi representado es notorio y lleva mucha agua bajo el puente. Es suficiente para hacer cesar el delito«, expresó.
A su turno, la abogada defensora de la comunidad Quemquemtreu, Andrea Reile, recalcó que Martín Feilberg, imputado por el homicidio del joven mapuche Elías Garay, reconoció «ser socio y trabajador de quien hoy se constituye como querellante en este legajo» (Rocco). «No es un dato al pasar: quien pide el desalojo de una comunidad es socio directo de quien está acusado de homicidio de Garay e intento de homicidio de Gonzalo Cabrera», objetó la abogada.
Cuestionó la decisión de desalojar «a una comunidad indígena que tiene protección internacional especial«.
También mencionó que nunca lograron acceder al expediente por el cual el gobierno provincial otorgó las tierras en conflicto a Rocco. «Ese expediente no existe. El denunciante no tiene ningún tipo de respaldo, más allá de lo que haya presentado para hacer la denuncia. Está bien para llevar adelante la investigación, pero no para hacer un desalojo», insistió y dijo: «Tenemos un período de investigación al 24 de febrero. No entiendo el apuro de la querella y la fiscalía de pedir el desalojo. La comunidad está sobre un bosque nativo. No en el lugar donde el denunciante lleva adelante su industria. No hay intención de perjudicar al querellante».
Por último, Calcagno respondió que «no está en dudas el reconocimiento que se hace a la comunidad por parte de distintos organismos. Pero esto es derecho penal. Si hay reconocimiento o no de una comunidad es un tema administrativo. Sean integrantes de una comunidad o no, es irrelevante. Acá se investiga un delito».
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