Ordenan reintegrar a militares el 13%

En un fallo que genera precedente y podría beneficiar a empleados estatales y jubilados, la Justicia ordenó que quede sin efecto el descuento del 13 por ciento en los sueldos de una veintena de oficiales militares, entre ellos el jefe de personal del Ejército, al declarar inconstitucional el recorte dispuesto por la ley de «déficit cero» impulsada el año pasado por el Gobierno de la Alianza, se informó ayer.

La resolución fue adoptada por los jueces Pedro Coviello y Bernardo Licht, de la sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de esta capital, ante una presentación de los jefes castrenses.

Así lo informó a DyN el abogado y ex oficial del Ejército Jorge Olivera, representante de los militares afectados por el recorte.

Los beneficiados son una veintena de oficiales del Ejército, entre ellos el jefe de Personal de esa fuerza, general Mario Luis Chretien; el ex comandante de la V Brigada de Infantería con asiento en Salta y actual comandante de la Guarnición Buenos Aires, general Jorge Alberto Olivera, y el comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Mendoza, general Rodríguez. También, en otra resolución en los mismos términos, se ordenó que se devuelva el descuento al comandante principal de Gendarmería de Río Turbio Arnaldo Luis Passenheim.

Según dijo Olivera, los camaristas sostuvieron que el Poder Ejecutivo «no puede disponer de una habilitación permanente y prácticamente ilimitada para modificar en cualquier momento los haberes del personal militar en actividad y en retiro bajo el pretexto del desequilibrio de las cuentas públicas, impidiendo a los uniformados planificar su economía familiar».

La ley de «déficit cero» fue impulsada el año pasado por Cavallo, y sancionada por el Congreso, con el fin de mantener el equilibrio fiscal bajo el principio de gastar sólo lo que ingresa a las arcas estatales. La norma estableció un recorte del 13 %, incluyendo los haberes de los agentes públicos y jubilaciones.

Ahora, este fallo de un tribunal de segunda instancia genera precedentes y pueden beneficiarse los empleados públicos y jubilados que acudan a la Justicia para efectuar su reclamo.

(DyN)

Analizan aumentos

El gobierno analiza la posibilidad de aumentar el presupuesto de las FF.AA en unos 60 millones con el objeto de frenar una avalancha de juicios contra el Estado e incorporar, a la vez, en el salario de los uniformados el complemento no remunerativo de haberes que se había establecido en 1991. Duhalde compartiría la idea, Remes no. El aumento se usaría exclusivamente para definir un conflicto judicial que el Estado mantiene desde hace casi 10 años con las tres fuerzas.

Ante esta compleja situación el ministro de Defensa advirtió que si se deja que la ola de juicios avance, el Estado deberá pagar cifras millonarias. Jaunarena planteó la necesidad de adelantarse a los fallos y reordenar el esquema salarial de 53.000 hombres.

Megacanje: indagarían a De la Rúa, Cavallo y Marx

Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron ayer que sean citados a prestar declaración indagatoria el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo como sospechosos de fraude al Estado con el «megacanje» de la deuda externa, al que consideraron «una de las peores lesiones a la integridad patrimonial del Estado» que perjudicó «el futuro del país y de las generaciones que vendrán».

Además, los funcionarios del Ministerio Público le solicitaron al juez federal Jorge Ballestero que en la misma causa convoque también al ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford.

El pedido de declaración como acusados incluye al ex viceministro de Economía Daniel Marx, al ex asesor de Cavallo Horacio Liendo, a los ex funcionarios de Hacienda Guillermo Mondino, Federico Sturzenegger y Julio Dreizzen y a un grupo de banqueros, todos imputados por la fiscalía del delito de «defraudación a la administración pública».

Pero los fiscales no descartaron que la operatoria haya constituido también una supuesta asociación ilícita, desliza el dictamen que se conoció hoy. Además, Freiler y Delgado aseguraron que el megacanje perjudicó «el futuro del país y de las generaciones que vendrán» y advirtieron que «los métodos irregulares tiñeron todos y cada uno de los pasos que demandó concretar la operación».

El megacanje se llevó a cabo en junio de 2001 y consistió en la recompra de bonos de la deuda pública del Estado argentino a los inversores locales, a cambio de un nuevo título a más largo plazo. Pero también implicó un aumento en los intereses de la deuda a partir del 2005.