Ordenan desalojar en forma voluntaria una toma en Bariloche

El juez de garantías Juan Martín Arroyo admitió la imputación que el fiscal Tomás Soto formuló contra 9 personas por el delito de usurpación. Y dispuso que los ocupantes desalojen en forma voluntaria el predio en un plazo de 10 días, con intervención de organismos del Estado.

Soto y el fiscal adjunto Gerardo Miranda acusaron este miércoles a los imputados de haber usurpado varios lotes, que están ubicados en inmediaciones de la avenida Juan Herman, casi frente a Diarco y la comisaría 42 del barrio 2 de Abril de Bariloche, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales relataron que en horas del mediodía del 2 de septiembre pasado, los imputados entraron al predio con la intención de que los cuidadores o personal policial no los vieran y les impidieran asentarse en el lugar.

Los acusados, según Soto y Miranda, invadieron el inmueble, lo delimitaron con cables y alambres, y quemaron durante varios días los pastizales que había en el lugar, con el objetivo de limpiar el predio. Después, colocaron carteles con las inscripciones de cada familia para advertir que estaban ocupados.

Los fiscales aseguraron que de esa forma los imputados despojaron del derecho real de posesión a la Municipalidad de Bariloche. Y se negaron a irse del lugar.

Aseguraron que con ese accionar se materializó supuestamente el acto violento de los imputados que no les dejaron opción a los poseedores ni a la Policía de Río Negro para evitar la usurpación.

En la audiencia, Soto y Miranda solicitaron el desalojo del predio para que cese el delito y evitar la consolidación de la ocupación ilegal, explicaron desde la fiscalía.

Las personas imputadas fueron asistidas por la defensora oficial Blanca Alderete, que se opuso a los cargos formulados por los fiscales.

Alderete alegó que no hubo despojo del derecho del municipio y afirmó que el terreno estaba baldío sin delimitar ni cercado. Advirtió que tampoco hubo violencia ni clandestinidad, tal como lo exige el Código penal. Y se opuso al desalojo solicitado porque aseguró que no están dadas las condiciones para ejecutarlo.

Sin embargo, Arroyo admitió los cargos formulados por la fiscalía contra los 9 acusados por el delito de usurpación por despojo, en calidad de coautores. Para el juez, no existió el abandono del bien, porque observó que existe un proyecto de urbanización en el lugar por parte del municipio y habilitó la investigación del hecho durante 4 meses.

Instó a las partes a que en ese plazo puedan arribar a una solución del conflicto. Y admitió el pedido de desalojo del predio, pero solicitó a los ocupantes que se retiren en forma voluntaria.