Weretilneck exhibe trofeos del control

El gobierno rionegrino está empecinado en mostrar “logros” de la nueva etapa que comenzó con el tercer mandato de Alberto Weretilneck, con “orden” y “control” de los empleados estatales, que para algunos responde más a una sobre actuación en este clima de época que a una convicción.

Como fuese, la gestión de Weretilneck exhibe los resultados de esa nueva obsesión del control justificada en los abusos que existían. Pero hay que dejar en claro que si esos excesos se daban es porque el mismo Gobierno -que está en el poder desde hace 12 años- lo permitía. No hubo seguimiento, no hubo exigencias y consecuentemente, los controles eran laxos.

Hoy se muestran como trofeos los números de las bajas de las licencias médicas, las exoneraciones, las cesantías por faltas graves e inconductas reiteradas, las suspensiones, todas medidas disciplinarias que forman parte del nuevo modelo que Weretilneck exhibe en su gestión. Además, se suman acciones de presión para diluir cualquier reclamo con la aplicación de descuentos por medidas de fuerza y la advertencia -sin precedentes- de la no renovación de los contratos a los empleados temporarios que adhirieran a paros, que para el gremio ATE es el “anticipo de un despido ilegal”.

El Ejecutivo, que sigue sin dar a conocer el contrato con la empresa tercerizada Dienst Consulting S.A, ostentó esta semana que bajó las licencias de docentes de un 38% en agosto (el mes previo a la aplicación del nuevo sistema de control) al 18% en octubre. En total fueron 4.057 docentes que se ausentaron por motivos de salud. También la Función Pública -que procesa estos datos- destacó que el índice de aceptación de los días requeridos por los estatales que presentaron certificados médicos se redujo al 50%.

Ese impacto del recorte de licencias de los docentes, el principal sector afectado, tiene un correlato evidente en el último tiempo en las asambleas de interinatos en las que casi no hay horas disponibles.

En paralelo, el Gobierno parece haber apuntalado las tareas de la Junta de Disciplina que integra con los gremios estatales. Se reúnen hasta cuatro veces al mes y en lo que va del año este cuerpo aplicó 93 sanciones expulsivas de trabajadores estatales, entre ellos 87 cesanteados y 6 exonerados (estos últimos generalmente por causas penales). Además se registraron 252 suspensiones con plazos de uno a 30 días, como consecuencia de distintas irregularidades, faltas injustificadas y ahora se agregó un nuevo motivo: “conflictos laborales”.

En el último apartado el Gobierno encuadró de una manera inédita a los 31 enfermeros y enfermeras del hospital de Bariloche que en marzo pararon dos días, sin atender ni siquiera las guardias. La medida de fuerza fue drástica y para el Ejecutivo rozó la ilegalidad. Los trabajadores lo justificaron en ese momento con el hartazgo de pasarse el día adentro del hospital haciendo horas extras para lograr a fin de mes un sueldo que no superaba los 350.000 pesos. Los indicadores oficiales señalaban por entonces que una familia necesitaba casi 774.000 pesos por mes para no caer en la pobreza.

El gobernador los acusó por “abandono de persona” y finalmente, seis meses después, llegó esta semana la notificación vía mail de suspensiones de 10 y 20 días, que significaría un recorte salarial de hasta el 80% y también con consecuencias en la prestación del servicio de salud porque la falta de 31 enfermeros de golpe, en un área que sigue siendo exigida, no iba a pasar inadvertida.

Ante el pedido de los barilochenses, Rodolfo Aguiar se al frente del reclamo y habló directamente con el gobernador. El resultado fue que 48 horas después de las notificaciones, surgió el compromiso de “postergar” las suspensiones, una medida que da tiempo a las dos partes.