Voto electrónico: entre la opacidad y la improvisación

Sabemos que el voto es el requisito mínimo e indispensable para la vida democrática. Y, como tal, debe cumplir con algunas características básicas: ser secreto, seguro e íntegro, para asegurar que cada persona habilitada pueda votar a quien quiera y tenga garantías de que esa voluntad no se verá afectada; igual y universal, donde todos los votos valgan lo mismo y se emitan sin discriminación; y transparente y auditable, no sólo por técnicos especializados sino por la ciudadanía en general. Conocer cómo se construye el resultado es lo que asegura la legalidad de la decisión popular y le da legitimidad a las autoridades electas.

Si bien estas características seguramente suenen evidentes, lo cierto es que se ponen en jaque con los sistemas de voto electrónico en general y con la tecnología brindada por la empresa MSA en particular, especialmente en las condiciones en que lo implementó la Ciudad de Buenos Aires el domingo.

El resultado fue que los y las electoras porteñas nos encontramos teniendo que votar con dos sistemas distintos y con largas esperas (que en muchos casos desalentaron a electores que se retiraron sin votar), viendo cómo una de las principales precandidatas tuvo que votar siete veces hasta lograr que se reflejara su voluntad, y con una incertidumbre enorme sobre qué hay detrás, cómo funciona ese sistema y cuántas fallas pudo tener sin que nos enteráramos.

En las largas filas sobrevolaban preguntas sobre las ventajas de la boleta electrónica, el doble sistema y la poca capacitación.

Podemos hipotetizar sobre la primera (¿una supuesta rapidez en el conteo, menos impacto ambiental?) o sobre los motivos que llevaron al GCBA a decidir implementarlo (¿una conveniencia partidaria?, ¿intereses particulares con la empresa MSA?).

Pero preferimos concentrarnos en las certezas que sí tenemos y sobre las que alertamos hace casi dos meses en un amparo que la Justicia de la Ciudad rechazó sin siquiera analizar el fondo, con argumentos formalistas e irrazonables.

Sabemos que cualquier sistema informático que habilite el voto de manera electrónica tiene problemas intrínsecos, fundamentalmente por operar como una “caja negra”, en la que nadie puede saber exactamente qué está siendo registrado cuando se emite un voto, qué se va a transmitir luego, cómo se va a contabilizar, cómo asegurar que no está siendo duplicado ni adulterado, detectar errores o posibilidades de fraude, etc.

De hecho, en 2009 Alemania lo declaró inconstitucional justamente por la inauditabilidad ciudadana: la falta de transparencia y publicidad traen dudas imposibles de despejar que consideró motivos suficientes para volver a la boleta en papel.

Sabemos, también, que el GCBA avanzó en sentido contrario. En abril decidió implementar “tecnologías electrónicas” en los procesos electorales de este año, facultad que le otorga el Código Electoral local.

Sin embargo, lo hizo contratando a la empresa MSA -única oferente- con probados antecedentes de fallas de seguridad registradas en auditorías oficiales (CABA en 2015, Neuquén hace unos meses, por ejemplo), sin nuevas evaluaciones apropiadas, sin mitigar los riesgos de cualquier sistema de voto electrónico y, menos aún, las ya conocidas vulnerabilidades de la empresa.

Tampoco desarrolló acciones suficientes de capacitación que nos permitieran en condiciones de igualdad.

Tal como dijo la Justicia Electoral Federal fue “preocupante el grado de improvisación” con el que se manejaron tanto la empresa contratada como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas circunstancias, en un escenario que de ninguna forma exigía un método distinto al tradicional, implican crear un riesgo grave e irrazonable tanto para los derechos individuales como para la legitimidad del sistema electoral en general. Con medidas de capacitación implementadas en tiempo y forma podríamos haber reducido, por lo menos, los tiempos de espera, el desistimiento de sufragar y las chances de voto cantado.

Con un análisis de riesgos y un proceso de contratación con salvaguardas suficientes, haber exigido un estándar mayor de seguridad a la empresa que brinda la tecnología. Salvar la opacidad de este tipo de tecnología, en cambio, se torna imposible. Y esto impacta directamente en la legitimidad del sistema.

* Abogada de la Fundación Vía Libre, dedicada a la defensa de los derechos civiles y políticos en ámbitos mediados por tecnologías digitales. @fvialibre