Análisis | Universidades: más que festejar, el Gobierno debiera dar respuestas
Los diputados que votaron en contra de una propuesta de financiamiento tienen ahora la obligación de ofrecer alternativas para revertir la grave situación actual y mejorarla en el presupuesto 2025
Primera marcha universitaria. Foto: archivo
El presidente Javier Milei logró ayer su segundo triunfo defensivo en el Congreso, al conformar una minoría suficiente para sostener su veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin restarle méritos políticos, debiera considerar si este caminar constante por el borde de la cornisa es el método más adecuado para conseguir los instrumentos legales para llevar adelante su gestión.
El Gobierno festeja, porque sus interlocutores no son los miles de estudiantes, docentes y personas de distintos partidos que ayer se movilizaron frente al Congreso y en ciudades de todo el país demandando que se sostuviera la ley.
El objetivo de sus gestos políticos son los mercados, a los cuales logró demostrar dos cosas. Primero, que si bien está en minoría en el Congreso, tiene capacidad de maniobra política para bloquear a la oposición: los amenazantes “dos tercios” en su contra son muy complejos de conseguir para una oposición atomizada y sin liderazgos definidos. El segundo gesto claro es que el dogma del déficit cero es inamovible, aún a costa de perder apoyo social. Por eso los festejos en Nueva York, donde subieron bonos y bajó el Riesgo País y en el mercado local, donde se mantiene el “veranito” cambiario. (Ver página 11)
Pero si el Gobierno leyera bien el contexto, una vez logrado su objetivo de bloquear un proyecto que considera “peligroso”, debiera buscar la forma de enfriar el conflicto y hallar canales de negociación con los rectores para hallar soluciones, en lugar de echarle combustible. La situación de las universidades es crítica y movilizó no sólo a la comunidad estudiantil, que tiene decenas de facultades tomadas en 13 universidades y realizarán hoy un paro nacional, sino a buena parte de la sociedad argentina, que mira a las universidades como uno de los últimos bastiones de la posibilidad de progreso y de ascenso social. Como señaló el Consejo Interuniversitario Nacional, hoy el 46% de los estudiantes proviene de familias pobres, según los criterios del Indec, y 7 de cada 10 de los 2 millones de estudiantes son la primera generación de su familia que accede a la educación superior. El problema es ahora que, tal como advirtieron los rectores de la región, lo que está en riesgo no son sólo salarios docentes, sino el funcionamiento de las 57 universidades del país, que en los primeros 7 meses de 2024 recibieron un 31,5% menos de fondos que en 2023, cuando ya el entonces ministro de Economía Sergio Massa había congelado partidas. Y el panorama para 2025 no es mejor, ya que en el proyecto de ley de Presupuesto se les otorga la mitad de los fondos pedidos por sus autoridades.
Como señaló ayer el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, las universidades no piden cheques en blanco. “Yo puedo hacer un listado de cien cosas que hay que cambiar en las universidades públicas: se necesita una reforma administrativa, académica, pedagógica y curricular. Pero hoy asistimos a una desfinanciación feroz del sistema, es el funcionamiento mismo el que está en riesgo. Me parece muy cínico plantearse como defensores de la universidad pública, pero luego no dar recursos para sostenerlas”.
El oficialismo debiera abandonar la épica de encontrar “héroes” que blinden sus vetos defensivos mediante concesiones de fondos, obras o prebendes, a un costo político cada vez mayor. En este sentido, sorprende la rara lógica de algunos diputados, que horas antes de la votación habían sostenido un fervoroso apoyo a la universidad pública y criticado la iniciativa oficial, para luego revertir posturas o abstenerse con argumentos poco sólidos, o directamente ausentarse.
Según la legisladora radical Carla Carrizo de los 257, 148 son egresados de universidades públicas. 21 son del PRO, más de la mitad del bloque y 12 de la Libertad Avanza, un tercio. Son 33 diputados/as que votaron en contra de una propuesta de financiamiento. Tienen ahora la obligación de ofrecer alternativas para revertir la grave situación actual y mejorarla a futuro, en el debate del Presupuesto 2025.
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