Una solución y un nuevo problema

El gobernador Omar Gutiérrez firmó el jueves alrededor de las 15, cinco horas después de que lo hiciera su ministro de Economía, Guillermo Pons, el decreto que promulgó la autorización para tomar un nuevo endeudamiento por hasta 150 millones de dólares. La ley había salido con el voto de 25 diputados esa misma madrugada y no había tiempo que perder.

El gobierno quiere agilizar la toma del crédito antes de las elecciones generales de octubre para “stockear” dólares antes de que se profundice la debacle. Aún es una incógnita qué tan cara saldrá esa estrategia, pese a que los funcionarios ya consideran que será un buen negocio. Economía había simulado para los diputados una hipotética emisión a una tasa del 9% anual que le sumaría unos 28 millones de dólares en intereses al servicio de deuda que pagará la provincia de aquí a cuatro años.

Con el cambio a último momento, que permite aumentar el monto de la deuda a 150 millones, el cálculo quedó viejo. Fue el diputado Lucas Castelli (Avanzar) quien debió presentar la modificación, seguramente en nombre del electo Rolando Figueroa, tras asegurar que esa información enviada por Pons revelaba que el monto original “no iba a ser suficiente”.

La sesión del miércoles fue incómoda para casi todos y, en particular, para los aliados del rolismo que dedicaron buena parte de su mandato a rechazar pedidos de endeudamiento y, esta vez, se vieron en la necesidad de argumentar a favor de tomar uno nuevo. Un alivio para la diputada Liliana Murisi (MPN), a quien habitualmente le toca fundamentar en soledad los proyectos antipáticos del Ejecutivo.

Para graficar la nueva era: en el 2021, el endeudamiento de 12.800 millones de pesos que había solicitado el gobierno para costear las subas salariales (y que nunca se utilizó) se aprobó con apenas 18 votos y un recinto semivacío, porque la oposición no asistió en señal de protesta. En cambio, la emisión que salió esta semana cosechó seis votos más: no sólo reunió a los aliados de Gutiérrez con los de Figueroa, sino que incluso sumó a actores menos involucrados como el kirchnerista Sergio Fernández Novoa y el radical César Gass. El argumento general fue de no ponerle palos en la rueda al gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

Entre las críticas que se escucharon en el recinto, una recurrente fue el nivel de endeudamiento que ya pesa sobre la provincia que recibe la mayor parte de las riquezas de Vaca Muerta. Si se buscan los datos del ministerio de Economía de la Nación, la frase que lanzó Lorena Parrilli (Frente de Todos) para cuestionar que Neuquén es una de las más endeudadas del país, resulta cierta. El consolidado a diciembre del año pasado, al menos, mostraba a la provincia cuarta en el mapa nacional, tanto en stock como en los servicios acumulados.

La autorización de deuda no fue el único tema que atravesó al gobierno esta semana. La investigación por la estafa con planes sociales de Desarrollo Social volvió a dar un vuelco, esta vez con la declaración de una nueva arrepentida que guió a la fiscalía hacia el hallazgo de un servidor con información clave de la maniobra.

La novedad acerca cada vez más al exministro Abel Di Luca hacia una formulación de cargos. Esta semana, la única voz del gobierno que se escuchó vinculada al caso fue la de Germán Chapino, quien asumió el año pasado en su reemplazo, y se limitó a decir “estamos a disposición”.

La de Di Luca siempre fue una figura que cosechó popularidad en el partido, de dirigentes y también de sus bases. Del día de su asunción, en diciembre del 2021, se recuerda la hinchada que lo acompañó afuera del auditorio de Casa de Gobierno, pero también la foto del abrazo con Gutiérrez que terminó hecha sticker.

Más atrás en el tiempo, cuando le tocó dejar su banca de concejal, en 2019, su entonces compañero y ahora futuro jefe de Gabinete de Figueroa lo despidió como “un grande de la política”.