Un ministerio tic tac apremia a Figueroa
El gobernador Rolando Figueroa sale de esta semana con un triunfo bajo el brazo, el que le dio la Legislatura para autorizarlo a tomar hasta 500 millones de dólares para reactivar planes de obra pública y pagar vencimientos de deuda de este año. Era un resultado esperado aunque el oficialismo no sea mayoría, porque tiene el compromiso del Movimiento Popular Neuquino de acompañarlo en la gobernabilidad.
Los votos de la bancada apenas costaron incorporar un centenar de obras en el listado de 414 que había presentado originalmente el Ejecutivo. Pero no es una concesión que ate ninguna mano. Será el gobierno el que priorice cuáles hacer y por dónde empezar, en principio por aquellas que ya tienen una ejecución del 80%.
En la sesión se habló mucho del retraso que tiene la provincia en infraestructura y la expectativa de que este paquete empiece a revertir la historia. No debería ser la única urgencia de Figueroa, quien antes que grandes anuncios todavía requiere una mirada con lupa hacia adentro de los propios equipos, frente al riesgo de que situaciones desatendidas se conviertan en un problema político.
Su gestión tiene todavía una deuda enorme con los sectores más vulnerables de la provincia por el mal funcionamiento que viene mostrando la subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia que asumió Ricardo Riva.
El área quedó bajo el ministerio de Gobierno de Jorge Tobares, tras ser incluida a último momento en la ley de ministerios que no contenía ni una sola mención a las políticas de niñez, adolescencia y familia ni el cumplimiento de leyes clave como la 2302 y las de violencia de género 2785 y 2786. Mal comienzo, mala evolución.
El ministro reconoció el viernes en RÍO NEGRO RADIO, que tienen “dificultades en algunos dispositivos”. “Estamos tratando de ordenar esa deuda”, planteó luego de que este diario difundiera el reclamo de las trabajadoras de los centros de fortalecimiento familiar por el “desmantelamiento” de los programas, desde hace años, pero también porque el gobierno no paga desde noviembre la ayuda de 70.000 pesos a las víctimas de violencia para el pago de alquiler.
Tobares dijo que se hará una actualización del monto, que reconoció como “insuficiente”, y prometió ponerse al día.
No es lo único con problemas. Trabajadoras y trabajadores de la subsecretaría reciben cada día reclamos de las familias que quedaron sin asistencia, algunas fueron desalojadas de los lugares donde vivían, hay oficinas que no tienen gas para funcionar, las operadoras no cuentan con un vehículo institucional para buscar a quienes requieren asistencia.
La misma subsecretaría que debe terminar, en las próximas semanas, el relevamiento sobre la situación de niños y niñas que están en el basural. Niños y niñas que “cachurean” en el basural en las tierras de Vaca Muerta.
El escenario es malo y va a ser peor. Un contexto de crisis y retracción económica como el que atraviesa el país demandará más Estado, no menos. Figueroa hizo bien en pedirle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que acompañe el impacto que genera el gas y petróleo, pero también debe exigirlo a los propios.
Esta semana un funcionario de su gobierno reconoció que a la mayoría de la población no directamente involucrada con la actividad no le cae bien un gobernador que hable de récord de producción, de regalías extraordinarias e ingresos en dólares si eso no se ve reflejado en una mejora de su calidad de vida. “Lo sienten un club al que no pertenecen”, diagnosticó.
Figueroa viene diferenciándose de sus antecesores en eso, ¿alcanza? El desafío de la sustentabilidad social es una demanda para la industria, pero también debe ser hacia adentro del propio gabinete. “Y los que no se embarren los pies, que le dejen el lugar a otro”, ha dicho el mismo gobernador.
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