Roca, sus piquetes «all inclusive» y una Justicia que hace precio
La calle Nahuel Huapi, cerca de la escuela Romagnoli, atestada de vehículos por los cortes de ruta.
Lo que se instaló nuevamente esta mañana sobre las rutas 22 y 65 de Roca no fueron sólo maderas y neumáticos.
La sensación de impunidad quedó asentada sobre el asfalto, mientras cientos de vecinos buscaban desamparados un camino alternativo.
La ausencia del Estado para proteger los derechos de quienes pretendían circular libremente quedó patentizada en una imagen, registrada ayer: no fueron policías ni inspectores los que organizaron los desvíos, sino los mismos manifestantes, que demostraron tener más logística que la Provincia y el Municipio para este tipo de situaciones.
La CTA Autónoma hizo funcionar de manera aceitada a sus divisiones “Piquete”, “Tránsito” y “Seguridad” (siempre lista para actuar ante cualquier reacción de un conductor molesto), para ratificar esa idea de que el espacio público les pertenece.
Claro que esa convicción no se construyó durante el fin de semana. Hay una historia que explica este singular accionar que se presenta “en defensa de los trabajadores” pero no tiene contemplación con los asalariados o emprendedores que necesitan de esos caminos para cumplir sus obligaciones.
Y no hay que hurgar muy profundo para encontrar el hilo conductor.
El mismo domingo la CTA Autónoma difundió un fallo reciente de la Justicia Federal de Roca, en el que se dictó el sobreseimiento definitivo a 13 de sus máximos dirigentes en Río Negro, en el marco de una causa que agrupó 30 hechos diferentes ocurridos durante los últimos años y que terminaron con acusaciones por delitos penales.
La organización sindical presentó la sentencia como un triunfo en la lucha contra la criminalización de la protesta social, pero lo que ocurrió en realidad es que la Justicia les hizo precio, aceptando cerrar con una probation todo ese cúmulo de causas, en el que había investigaciones por cortes de ruta, por ocupaciones violentas de oficinas públicas y hasta la toma de un yacimiento de YPF, en Allen.
En el 2018 los gremialistas aceptaron donar 250.000 pesos al hospital López Lima, prometieron no cometer delitos y cumplir pautas durante dos años y con eso se encaminaron hacia el sobreseimiento.
Esa salida estuvo a punto de naufragar, porque entre los imputados que accedieron a la suspensión de juicio a prueba estaba el titular de ODEL, Miguel Báez, quien se vio involucrado en nuevos procesos penales. Sin embargo, la decisión del Juzgado Federal -a pedido de la Fiscalía Federal- de revocar la probation para todos no fue ratificada por la Cámara Federal, donde consideraron que “no existía un obrar individual reprochable”.
Así las cosas, el 3 de febrero la defensa pidió declarar extinguida la acción penal y en abril pasado el juez federal, Hugo Greca, dictó el sobreseimiento de Rodolfo Aguiar, Rosa Ñanco, Federico Gabarra, Luciano Pedraza, Rodrigo Vicente, Matías Miquelez, Ricardo Sal Martín, Guillermo Granados, Claudia Reyes, Gerardo Collinao, Miguel Ángel Tapia, Carlos Goinhex, Néstor Gómez y Zulma Dávila.
Es cierto que las leyes vigentes permiten estos acuerdos para evitar llegar a un juicio, pero en este caso la “solución” encontrada parece haber generado un efecto totalmente contrario.
La señal del Estado es que se pueden acumular 1, 2, 3… y hasta 30 acusaciones por delitos y finalmente todo se resuelve con una donación y una promesa de buen comportamiento.
¿Cómo no van a pensar entonces esas mismas personas y sus seguidores que se pueden cortar dos rutas en simultáneo y anarquizar el acceso a una ciudad con total tranquilidad?
Comentarios