Represas, nueva oportunidad para la Norpatagonia

Por Pablo Bergonzi*

En 1913, la “Comisión de Estudios Hidrológicos” -creada por el ministro de Obras Públicas de los presidentes Figueroa Alcorta y Sáenz Peña, Exequiel Ramos Mexía y liderada por el geólogo norteamericano Bailey Willis- propuso al Estado Nacional la construcción de la represa “Segunda Angostura” en la naciente del río Limay. Su objetivo sería abastecer con energía hidroeléctrica a una gran ciudad industrial emplazada en la planicie semi árida circundante, que -con características similares a Chicago- manufacturaría materias primas argentinas y chilenas y tendría un fuerte nexo logístico con el océano Pacífico. El proyecto, llamado “Ciudad Industrial del Nahuel Huapi”, se complementaba con la creación de un parque nacional en el área de la actual San Carlos de Bariloche, con miras a la preservación del bosque nativo existente al oeste de la nueva locación productiva.

La idea central que motorizaba la iniciativa de Ramos Mexía consistía en presentar a la Patagonia como un modelo de desarrollo alternativo al que había imperado en Argentina desde su nacimiento.

Lejos de limitarse a la extracción de materias primas, se pensaba en un proceso de alta industrialización regional, alimentado por las enormes fuentes de energía disponibles. En esta concepción, la Patagonia no era un mero reservorio, sino el escenario de una nueva experiencia de crecimiento dinámico, totalmente diferente al estático esquema agroexportador que sentó las bases de la Argentina actual.

Ese modelo de desarrollo norpatagónico resultó intolerable para Buenos Aires. En cuestión de meses, el proyecto de la Comisión Hidrológica fue desmantelado ante los ataques provenientes del Senado y las compañías inglesas. Ramos Mexía fue forzado a renunciar y Willis se volvió a Estados Unidos, luego que el nuevo ministro rechazara el informe y lo amenazara con enviarlo a prisión. Hoy, en el llano donde estaría la ciudad industrial, la única obra que existe es la rotonda de giro hacia Villa La Angostura. En 1995, un intento nacional de construir la central motivó la resistencia ambiental de los pobladores locales. Ya no era viable.

Aguas abajo la cosa no fue diferente. A partir de la década del 60’, el músculo de la Nación desplegó sobre los ríos Limay y Neuquén uno de los polos de generación hidroeléctrica más importantes del mundo. Sin embargo, ese polo solo terminó por abastecer a industrias y usuarios localizados en el litoral y centro del país.

En 1967, el gobierno nacional acompañó la creación de Hidronor y el inicio de la construcción del complejo hidroeléctrico Chocón – Cerros Colorados con la derogación de la Ley 16.882, sancionada un año antes por el derrocado gobierno de Illia, que mandaba a reinvertir el 33% de la venta de energía en la región Comahue para promover su industrialización y contemplaba obras para pasar de 100.000 a 650.000 hectáreas bajo riego. Ninguno de esos propósitos regionales del aprovechamiento hidroeléctrico -industrialización y riego- alcanzó a concretarse, escribiéndose así un nuevo capítulo en la saga de una Patagonia pensada en función de intereses externos a ella. A partir de los 90’, el desembarco de los inversores privados seleccionados en Buenos Aires mantuvo ese esquema focalizado exclusivamente en la venta de energía hacia afuera.

La historia de nuestras represas -las fallidas y las existentes- muestra el lugar que se ha reservado tradicionalmente a la Patagonia en el concierto nacional, y -sobre todo- la necesidad de ponerlo en crisis.

El paradigma que ha determinado la actual configuración de nuestra región es la idea de la “Patagonia – reservorio”. Esa mirada concibe al área localizada al sur del río Colorado como un mero depósito de valiosas materias primas amenazado por la escasez demográfica y el riesgo de ataques a la soberanía nacional. Ese formato ha prevalecido invariablemente desde las campañas militares del General Roca hasta la actualidad. Todos los gobiernos nacionales -conservadores, radicales, peronistas, militares, desarrollistas- lo mantuvieron inalterado. Los grandes hitos de inversión en infraestructura -ferrocarriles, irrigación, generación hidroeléctrica, petróleo, gas- desde la Generación del 80’ hasta Vaca Muerta han tenido como denominador común un enfoque de la región exclusivamente como proveedora de insumos primarios, sin fomentar –o al menos posibilitar- el surgimiento de fuerzas que les incorporen valor agregado y promuevan ventajas comparativas dinámicas. Las experiencias macro que intentaron ser disruptivas -Ramos Mexía con Bailey Willis, Alfonsín con el traslado de la capital federal a Viedma- fracasaron y cayeron en el olvido.

El vencimiento de las concesiones de las centrales hidroeléctricas a partir de 2023 puede ser una gran oportunidad para empezar a mirarnos desde un lugar diferente. Transcurridos casi setenta años desde la provincialización de Río Negro y Neuquén, y consagrado en la Constitución Nacional el dominio provincial de los recursos naturales existentes en sus territorios, es tiempo de pensar a las represas como un vehículo de desarrollo regional, y no como un nuevo capítulo de la “Patagonia – reservorio”.

Ese cambio implica reclamar para nuestras provincias la capacidad de decidir de qué modo continuará la actividad de generación eléctrica y quién se encargará de ella. Para lograrlo, el Congreso Nacional debe sancionar una norma similar a la llamada “Ley Corta” de los hidrocarburos, estableciendo que las provincias de Río Negro y Neuquén asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración del recurso hídrico, de la infraestructura existente y de la energía producida.

* Profesor de Derecho Administrativo. Ex fiscal de Estado de Río Negro.