¿Quién financia la lucha contra el cambio climático?

Las negociaciones climáticas de la ONU se centran este año en cómo lograr el compromiso mundial de recaudar miles de millones de dólares para que los países en desarrollo enfrenten eficazmente la crisis climática.

Exclusivo Suscriptores

¿Aceptará Trump una derrota?

El principal objetivo de la presidencia azerbaiyana de la COP29 es arduo: ¿cuánto dinero se comprometerán a aportar los países desarrollados para ayudar a los países vulnerables a enfrentar un clima extremo?

No existe una definición consensuada del término. En términos generales, la “financiación climática” se refiere a cualquier dinero gastado, ya sea público o privado, para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de “hacer compatibles los flujos financieros con (…) un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático” (artículo 2.1C).

En concreto, esto incluye todos los fondos (públicos o privados) que promueven un desarrollo económico bajo en carbono y la adaptación: energías eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio; autos eléctricos; transición ecológica en la agricultura; reforestación; aislamiento térmico de viviendas; acceso seguro al agua; saneamiento; sistemas de salud capaces de gestionar olas de calor e inundaciones; diques para enfrentar el aumento del nivel del mar, etc. Sin embargo, no existe una norma universal estricta sobre la financiación “verde”, y a veces la frontera es borrosa entre la ayuda al desarrollo y la financiación climática.

Además, por citar un ejemplo, ¿puede una subvención para que un hotel sea eficiente en el uso del agua considerarse financiación climática? Las COP nunca lo han definido.

Las necesidades de “financiación climática” a nivel mundial se estiman en 10 billones de dólares anuales entre 2030 y 2050, según un estudio del grupo de estudio Climate Policy Initiative. En comparación, se gastaron aproximadamente 1,3 billones en 2021/2022.

Pero en el ámbito de la ONU o los medios, la “financiación climática” se refiere más bien a las dificultades de los países en desarrollo para obtener a nivel internacional el dinero necesario para una “transición justa” ecológica y para enfrentar las catástrofes climáticas.

Sus necesidades (excluyendo a China) han sido evaluadas en 2,4 billones de dólares anuales para 2030 por expertos designados por la ONU, quienes afirman que solo se movilizaron 550.000 millones en 2019.

¿Quién paga hoy?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC), adoptada en Río en 1992, enumeró los países obligados a proporcionar ayuda financiera al resto del mundo debido a su responsabilidad histórica.

Estos países –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia– se comprometieron en 2009 a proporcionar 100.000 millones de dólares anuales en ayuda climática hasta 2020 y hasta 2025.

Sin embargo, no lograron alcanzar ese objetivo hasta 2023, lo que provocó una brecha diplomática entre el Norte y el Sur.

En la COP29, los países firmantes del Acuerdo de París deben acordar un nuevo objetivo financiero más allá de 2025.

India ha propuesto un billón de dólares anuales, una cifra que los países ricos consideran una provocación, argumentando que solo representan el 30% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Esos países exigen que China y los Estados del Golfo también contribuyan.

Actualmente, la mayor parte de esta ayuda se canaliza a través de bancos de desarrollo o fondos gestionados conjuntamente con los países afectados, como el Fondo Verde para el Clima (12.800 millones de dólares prometidos por los países donantes para 2024-2027) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (5.000 millones de dólares para 2022-2026).

Los 100.000 millones de dólares en ayudas son muy criticados porque dos tercios son préstamos, a menudo a tasas preferenciales, pero que los detractores acusan de provocar un aumento de la deuda de los países pobres.

Incluso si se aumenta, el objetivo financiero estará lejos de satisfacer las necesidades, pero el Sur otorga gran importancia simbólica a este compromiso y lo ve como una palanca para desbloquear otros flujos financieros, especialmente privados.

La diplomacia financiera también se juega mucho en el Banco Mundial, el FMI y el G20, cuya presidencia brasileña quiere crear un impuesto global sobre los más ricos.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, ha promovido ideas de impuestos innovadores, como aplicar un tasa a la aviación o el transporte marítimo. Estas propuestas están siendo estudiadas por grupos de trabajo lanzados por Francia, Kenia y Barbados.

Reorientar los subsidios de las energías fósiles hacia energías limpias o cancelar la deuda de los países pobres a cambio de inversiones climáticas también son vías posibles. Otra propuesta,de Azerbaiyán, es que los productores de energías fósiles financien un nuevo “concepto” de fondo para los países en desarrollo. En cuanto al fondo de “pérdidas y daños”, creado en la COP28 para apoyar a los países pobres víctimas de desastres climáticos, aún está lejos de ser operativo (661.000 de dólares en promesas de donaciones hasta ahora).

(*) periodista de AFP