Qué es y qué no es cooperativismo

Ilícitos cooperativos y mutuales reiteradamente comprobados, u otros en ralentizada investigación judicial por múltiples y diversas estafas o defraudaciones (sobrefacturaciones, falta de calidad y eficiencia; súbitos cortes de servicios esenciales no programados, daños y perjuicios a morbilidades electro dependientes, artefactos y mercaderías dañadas; pero ahora atónitamente también abusos sexuales perpetrados no solamente por altísimos consejeros y gerentes como ocurrió en cooperativas de Brinkmann, Villa Dolores, etc.).

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También procrastinaciones e irregularidades por parte de las autoridades de control; como la comisión ilegal de síndicos, Inaes, órganos provinciales competentes, Ersep, etc.; fueron la génesis de la antecedente de titulación de esta columna.

Ante tan inédito estado o cuadro de situación ¿ya resulta atronador un prolongado silencio escandaloso de no condena pública, contundentemente específica y explícita de parte de las máximas autoridades del movimiento cooperativo y mutual, tanto como de la prensa independiente?, y no solo a nivel provincial, sino municipal y nacional.

Párrafo especial merecerían eventuales contubernios comunicacionales, mediante el canje de costosísimos e irregulares espacios institucionales. En tal caso, toda una prodigalidad de usurpaciones autoritarias, en tanto su no precisa previsión estatutaria ni reglamentaria como la no autorización válida asamblearia, expresa e imprescindible de la mayoría de los asociados cooperativos o mutuales, según se trate en cada caso; por cierto, todo ello sin menoscabo de otras corresponsabilidades activables.

Asimismo, destaca la falta de solidaridad y de acompañamiento de dicho movimiento como de las autoridades públicas y privadas con las víctimas de estos ilícitos recurrentes; la presunta falta colaborativa de alto reproche por parte de las mismas al no denunciar policial, administrativa y/o judicialmente irregularidades semejantes, afines o complementarias. Revelarían oscuridades, anarquías, claroscuros o complicidades por omisión y abusos de poder, entre disfunciones tan inaceptables como absolutamente reñidas y contrarias a los valores y principios de un genuino e indubitable cooperativismo legal y auténtico (antes que legitimo); cuantimenos, conforme al espíritu y la letra magna de alcurnia y supremacía pertinente: vg., Arts. 35, 36 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Explica y justifica sobradamente lo antedicho, citar unos pocos casos concretos -entre los más resonantes-, como las víctimas de las mutuales cordobesas Cayfa, de Altos de Chipión, etc.; pero estrepitosamente a la joven Antonella Ricci, abusada según sentencia judicial por el entonces presidente de una fuerte cooperativa de traslasierra en Villa Dolores (sin perjuicio de otra gravísima investigación judicial en curso en la ciudad de Villa María que salpica al mismísimo gabinete provincial); dejando a salvo con los resguardos del caso las normas vigentes sobre ética pública.

Entonces, para un sí cooperativismo, debemos propugnar una civilización de sujetos éticos en donde la reciprocidad de deberes y responsabilidades, crearían un entramado cooperativo del que emanarían casi espontáneamente la plena vigencia de nuestros derechos asociativos.

Finalmente nos puede doler admitir que vivimos entre ficciones y realidades. Entre las primeras la idea de Nación, de estado de derecho, de ética pública, de soberanía popular, de la ley como expresión de la voluntad general; y, entre las realidades, la idea de la ley como expresión de la voluntad última y autocrática de los gobernantes de turno respondiendo mezquinamente a distintas combinaciones de espurio interés; precisamente no al interés ni el bienestar general.

* Experto en cooperativismo, certificado por Coneau.