Primero construimos a los jueces y después ellos nos construyen

La supremacía judicial contradice la supremacía constitucional.

1. La estabilidad de lo inconstitucional

El Gobierno de Milei apostó a cambiar la práctica constitucional y la interpretación de la Constitución hasta que pueda cambiar su texto. Probablemente el primer cambio en curso habilite el segundo en el mediano plazo en contexto de alta incertidumbre. Sin estabilidad económica ambas estrategias serán difíciles, casi imposibles.

En contraste, lo cierto y estable por ahora es todo lo disruptivo y manifiestamente inconstitucional. Desde el Decreto 70/2023, pasando por la desregulación desinteresada del profesor de las Universidades Di Tella y San Andrés, Federico Sturzzeneger, hasta los decretos en comisión de jueces supremos.
Todo indica que la Corte es partícipe silenciosa de ese proyecto mientras dure la sintonía entre Gobierno y altos círculos económicos. Las dos elites judiciales en guerra lo acompañan con cautela y riesgos asumidos.

Hasta que la Constitución se reforme, se cambia todo en la práctica. Esa es la utilidad de una Corte inútil. Eso explica la pasividad, su formalista autorrestricción.

La Corte en el periodo 1989-1994 ya lo hizo para Menem con casos como “Aerolíneas”, “Peralta” o “Ekmekdjián vs. Sofovich”, entre otras decisiones. Varios fallos adelantaron la reforma de 1994 con malos resultados (DNU, delegación, reducción del poder presidencial) y con instituciones bienintencionadas hoy inoperantes (AGN, Defensor del Pueblo, Tratados DDHH).

En la próxima reforma seguramente la Corte solicite que le saquen al Consejo de la Magistratura dos facultades que nunca dejó de usar inconstitucionalmente en estos 30 años desde 1994: 1. administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial (Art. 114 inciso 3) y 2. reglamentar todo en la esfera judicial (inciso 6). Ambas facultades son del Consejo, órgano que la Corte pactó subordinar junto al poder político (2006/2013) y después logró rediseñar enfrentado a ese mismo poder político debilitado (2021).

Los jueces supremos fueron convencionales o asesores constituyentes de una Constitución que ellos mismos ignoran y están haciendo cada vez más irrelevante.

Históricamente, los políticos opositores al régimen podían temer a los jueces del régimen conservador. Después, los jueces temían al partido militar. En democracia, a los políticos demagógicos. Ahora hay razones para temer a todo un régimen judicial híbrido y complejo en ambas esferas de Comodoro Py y la Corte.

Ese temor existe y los incentivos para hacer pactos multinivel a dos bandas también. Los políticos más hábiles acordarán con la Corte y con Comodoro Py. La designación en comisión y la necesidad del acuerdo político senatorial refuerzan las negociaciones secretas.
Cuando la política judicial se instrumentaliza con miedos recíprocos en lugar de Estado de Derecho, las reglas se vuelven inestables y las amenazas aumentan. La mezcla de una sociedad que pide orden, tendencias autoritarias, regresión económica y las guerras judiciales no son buenas condiciones para construir algo previsible.

La supremacía judicial es peligrosa. Mientras el Estado se incapacita, destruye y reduce, el poder judicial está intacto, quizás hasta expandido. Posiblemente tenga más cargos para lo que es estructuralmente un feudalismo judicial, familiar, sanguíneo, lleno de privilegios y conflictos de intereses.
El Presidente de la Corte puede tener a su hijo esperando en una terna presentada al Ejecutivo desde el Consejo de la Magistratura que él rediseñó y preside. Esas negociaciones suceden en la caja negra judicial de una supuesta República en el año 2025.

2. “Primero construimos los edificios, después ellos nos construyen”.

Es una frase de Winston Churchill en ocasión de la reconstrucción de la Cámara de los Comunes en 1943 después de los bombardeos nazis de 1941.

Con el poder judicial sucede algo parecido a lo que sugiere esa frase, que podría ser de Jefferson o Madison, Sarmiento o Alberdi. “Primero construimos a los jueces, luego ellos nos destruyen”.
La supremacía judicial también es catalizadora de actores económicos nacionales e internacionales. Esa conexión es la que explica el rol de los jueces frente a cada suspensión de la Constitución en la historia argentina desde 1930, pasando por 1976 hasta la actualidad.

Los políticos actuales son rehenes de los tiempos judiciales. La práctica de las denuncias mediáticas fue otro síntoma de una enfermedad autodestructiva nacida en el corazón del ecosistema político. Éste se subordinó paulatinamente al poder judicial con sus denuncias cruzadas pensando en el daño inmediato que lograba. Eso es hoy una práctica social expandida y descontrolada.

Si los políticos pueden estar años en el limbo judicial, ser linchados por denuncias resonantes para ser declarados no culpables luego de diez años, la subordinación judicial es clara. Ni hablar de las denuncias falsas en las relaciones intrafamiliares. El rol judicial en ese otro malestar social se silencia y lo pone bien lejos de “la justicia”. El miedo impera, garantiza esa supremacía judicial en expansión y alimenta los liderazgos emocionales.

Los Diputados pueden ganar entre un tercio y un cuarto de lo que un juez supremo o federal. Esto sin considerar que los jueces pueden tener negocios editoriales y posgrados académicos en los inscriben operadores frecuentes interesados en llegar a sus señorías. Por esa razón, tanto los Diputados, Senadores y Ministros que tienen estudios jurídicos paralelos a su función pública reconocen en sus prácticas profesionales -a veces directa y a veces mediada- otra cara económica de la supremacía judicial.

* Abogado y Profesor de Derecho Constitucional.