¿Porqué hay sospechas de un pacto entre Milei y la casta?

 Javier Milei se hizo daño al boicotear el tratamiento del proyecto de ley conocido como “Ficha Limpia”; el proyecto que propone impedir que personas con condena judicial en segunda instancia puedan competir en elecciones. Dos veces en los últimos días intentó la Cámara de Diputados debatirlo sobre tablas y no pudo por falta de número para sesionar. En el segundo fracaso fue ostensible la intervención del gobierno nacional mezquinando el cuórum. Todas las explicaciones que ofreció fueron insuficientes.

El proyecto abortado es sobre normas electorales. No es una reforma del código penal. Define las condiciones a requerir para ser candidato. No sanciona una penalidad retroactiva, algo que sería ilegal. En el caso más notorio, el de la expresidenta Cristina Kirchner, implicaría la inhabilitación como candidata. Salvo que se aclare explícitamente que la prohibición regirá sólo para postulantes cuya condena completa -el doble conforme, en la jerga legal- se concrete después de la fecha inicial de vigencia de la ley.

El Gobierno intentó defender su posición aferrándose a este último punto. En las actuales condiciones, el proyecto que se iba a tratar significaba en los hechos una exclusión de Cristina Kirchner de la competencia electoral. La proscripción que la expresidenta siempre denunció cuando no existía, ahora sí tendría forma y contenido. El mismo día de su sanción, la ley de Ficha Limpia perdería ese nombre, noble en las causas, para llamarse por sus efectos: ley Cristina.

¿Por qué entonces el Gobierno fracasó en su intento de persuadir a la opinión pública sobre la inteligencia táctica de su maniobra, destinada a evitar que su oponente consiguiera un objetivo fundamental? Por el contrario, la sombra de un pacto entre mileístas y kirchneristas quedó flotando en el aire con una sospecha de verosimilitud inusitada.

Algunos atribuyeron ese acuerdo a la necesidad de preservar a Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados (y en la línea de sucesión presidencial). Otros leyeron que el Gobierno negoció un intercambio para su idea de eliminar las Paso. Pero ninguna de estas interpretaciones, aunque fueran atinadas, explica el grado de penetración social que tuvo por primera vez la idea de un pacto entre Milei y la casta.

Hay una sola variable que -por su dimensión- podría explicar esa novedad: la insistencia de Milei en sostener el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y el anuncio oficial de que no descarta imponerlo por decreto.

A diferencia del expresidente Mauticio Macri, que a poco de asumir firmó el decreto para nombrar dos jueces de la Corte y retrocedió a tiempo, Milei amaga con la designación por decreto un año después de asumir y ante el fracaso de la estrategia inicial que ejecutó para conseguir los dos tercios. El decreto en la fragua huele menos a emergencia que a contumacia.

El huérfano

Hay además un dato curioso que se pasea orondo por la escena política: ¿de quién es candidato el juez Lijo? Porque del otro postulante, Manuel García Mansilla, no hay dudas. El Gobierno lo reivindica como propio. En el caso de Lijo no es así. Los voceros oficiales dicen que la cuota de consenso con la oposición para la cobertura de vacantes en la Corte está garantizada. García Mansilla representaría en ese esquema un pensamiento legal afín al Gobierno. Hablan de Lijo como “el candidato de ellos”, el más cercano a la mayoría opositora en el Senado, conducida por Cristina Kirchner.

Sin embargo, el kirchnerismo se expresa en términos opuestos. Dice que los dos candidatos son del Gobierno y que si Milei quiere insistir con Lijo, debería ceder la candidatura de García Mansilla en favor de una mujer propuesta por Cristina.

Es decir: para el Gobierno, Lijo es el candidato que cubre la cuota de consenso que reclama la expresidenta. Para el kirchnerismo, Lijo es el candidato por el que Milei decidió pagar los mayores costos. Por lo tanto, ocupa la cuota de afectos disponible para Milei. El pliego de García Mansilla tiene autor; el pliego imaginario de una mujer kirchnerista, también. El pliego de Lijo naufraga errante.

Ocurre, en realidad, que la autoría del pliego de Lijo parece provenir de un protagonista extraño al Ejecutivo que lo postula y al Legislativo que lo evalúa. El actual ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti nunca desmintió la influencia que tuvo en la gestación de esa candidatura. Algo que Milei compró casi como un proyecto llave en mano: con la promesa de contar con dos tercios holgados del Senado.

Tampoco sería justo asignarle por completo a Lorenzetti la tutoría exclusiva del huérfano. Milei hizo de esa candidatura una cuestión de poder propio: cree que si cede enviará una señal de debilidad política inadmisible. Todo parece indicar que, para consentirle al Presidente esa convicción, su asesor Santiago Caputo, se cargó en la espalda la negociación por Lijo.

Un funcionario que reporta a Caputo -el secretario de Justicia, Sebastián Amerio- anunció el envío de más de un centenar de pliegos de jueces federales. Una herramienta de negociación potente para la oposición. Imposible desvincularla de las dos postulaciones para el máximo tribunal de la Nación.

Con este mar de fondo, de diálogos negados (pero verosímiles) entre Caputo y la casta, es que se produjo el vaciamiento del proyecto Ficha Limpia. El Gobierno se encuentra en un brete. Un decreto designando al juez Lijo será leído con sobradas razones (en especial los argumentos del propio Gobierno) como una conformación del consenso con la casta que la Casa Rosada desmiente a gritos.

Para Milei, Lijo es todo un quebranto. Si retira el pliego, habrá perdido la iniciativa; si insiste con el pliego, seguirá perdiendo credibilidad. Algo similar a lo que ocurrió en febrero, con el tropiezo de la ley Bases. En ese momento Milei eligió replegar su proyecto, a costa de perder por un tiempo la iniciativa. Admitió modificaciones sensibles, hasta que consiguió que lo aprueben, sin sacrificar credibilidad.