Policía bueno, policía malo: qué viene después de los incidentes en la Legislatura

No hay razones válidas para explicar lo ocurrido el jueves en la Legislatura de Río Negro como una escena con final inesperado.

Tampoco es tan difícil encontrar el origen de ese desmadre, más allá de que luego de los incidentes exista un esfuerzo denodado por comparar la violencia simbólica con la violencia física.

Para esos dirigentes sindicales, una simple aclaración: en el legajo penal donde intentará identificarse y eventualmente juzgarse a los que causaron daños y lesiones sobre otros estatales nadie reparará en los repetidos argumentos que advierten que violencia es tener trabajadores en la línea de pobreza, mentir con los datos sobre el ranking salarial docente o que el gobernador no conceda una audiencia a la Unter.

Los fiscales que investigarán los hechos deben centrarse en quién protagonizó las agresiones físicas y, si hubo excesos en el uso de la fuerza pública, determinar quién los cometió y por qué.

Dentro de escenario, el sindicato docente Unter empieza la discusión en desventaja, porque sus acciones fueron las que forzaron una alteración del normal desenvolvimiento del Poder Legislativo.

Una vigilia la noche anterior a la sesión, el bloqueo a los accesos habituales del parlamento y una nutrida marcha en las puertas del edificio fueron señales importantes sobre la intención del sindicato de no quedarse en un rol pasivo, aceptando los límites de su participación formal en el debate por la declaración de la educación como servicio estratégico esencial.

En consecuencia, ¿qué esperaban la Unter y los dirigentes políticos y sindicales que avalaron su postura? ¿Una alfombra roja hacia el recinto?

La “represión”

La disposición de un operativo de seguridad para velar por el funcionamiento sin alteraciones de uno de los poderes del Estado era una obligación para las autoridades de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí, el desenlace imaginado por todos.

Ya fuera de cauce los hechos, hay puntos relevantes para atender.

El primero, la demonización del término “represión”. Las fuerzas de seguridad aportaron bastante en la historia argentina reciente para que esa acción adopte rápidamente una connotación negativa, pero no hay que olvidar que el uso de la fuerza pública para hacer cesar un delito está amparado por el marco normativo vigente.

Por lo tanto, lo que está en juego en este caso son dos cosas: quién inició las acciones –mirada incómoda para la Unter, por lo ya mencionado- y el discernimiento entre la “represión” y la “represión ilegal”, un detalle no menor que la dirigencia sindical suele pasar por alto, siempre lejos de la ingenuidad.

En segundo lugar, el rol de los legisladores de la oposición peronista, dentro y fuera del recinto.

Cabe preguntarles a los más enérgicos detractores del operativo de seguridad del jueves pasado si existe para ellos una represión buena y una represión mala. Porque si están convencidos de que siempre es mala, deberían mostrar cuánto criticaron a la Policía de Río Negro por usar la fuerza pública para frenar a los violentos que en octubre del 2019 rompieron vidrios para ingresar al municipio de Roca, gobernado entonces por Martín Soria.

Finalmente, vale destacar que la resolución del legajo penal y el reclamo eventual por los daños no solucionarán el problema de fondo.

La Unter deberá aceptar las reglas del juego y buscar modificar el rumbo de la declaración de esencialidad por los canales institucionales, pero el Gobierno no puede quedarse en la crítica ante la mayor pérdida de días de clases que se avecina por los nuevos paros del sindicato.

No ser creativos ante ese dilema implicará que se profundice el perjuicio para miles de niños y de adolescentes. Y hará más grande el riesgo de que la violencia vuelva a merodear las protestas.