Lawfare geopolítico: una falsa protección de las víctimas y el medioambiente
Demandas planteadas en Inglaterra con el pretexto de proteger el ambiente y a las poblaciones pueden ser impulsadas para saquear las riquezas minerales de los países, como en este caso en Brasil, y doblegar a su Poder Judicial.
Vertido de residuos en un río amazónico
En un artículo publicado en Folha de Sao Paulo, Tom Goodhead afirma que las empresas mineras practican el lawfare cuando reaccionan ante el caso del desastre de Mariana (zona del Estado de Minas Gerais) llevado ante los tribunales ingleses.
El abogado inglés tiene alguna razón, además de grandes ambiciones.
¿Quién financia y qué intereses tienen detrás las acciones contra las empresas mineras brasileras en Inglaterra? El lawfare geopolítico quiere saquear las riquezas minerales de una Nación, en este caso Brasil, y subyugar su sistema de justicia.
La demanda que Goodhead patrocina en Londres retrata, aparentemente, el uso estratégico del Derecho con el fin de deslegitimar, dañar o eliminar a un enemigo (”Lawfare: la guerra jurídica”, Cristiano Zanin, Valeska Martins y Rafael Valim). El proceso parece ser utilizado como instrumento de guerra comercial para apoderarse de la Empresa Minera Vale (Empresa Multinacional Brasilera) y, con ello, arrebatarle a Brasil la mina de hierro más preciada del mundo.
Las empresas mineras brasileras implicadas, especialmente Vale, son víctimas de una devastadora campaña mediática cuya verdadera autoría, aunque sea imaginable, es hasta ahora desconocida.
No es que no sean responsables de la pérdida de vidas humanas, que no hayan causado daños al medio ambiente o a las economías de Mariana y Brumadinho, en el Estado de Minas Gerais (Brasil), bajo el estigma de los desastres resultantes del colapso de las represas que se mantenían en esos lugares. Lo son y eso está fuera de discusión con proceso judicial abierto.
La demanda patrocinada por Goodhead, como todo hace creer, no parece ser simplemente una técnica para compensar a las víctimas, cuyos intereses están bien representados, en Brasil, por el Ministerio Público, por la Procuración del Tesoro y otras entidades de nuestro sistema de Justicia, que han sido estrictas y duras con las empresas mineras. Al contrario: la demanda parece ser -mucho más- una máquina de enriquecimiento para financistas ocultos, tal vez una herramienta geopolítica.
Tom Goodhead, además de acusar a las empresas mineras, prestaría un enorme servicio a la opinión pública si revelara quién financia el altamente costoso litigio ante el Tribunal Superior de Inglaterra. Hay informes de que Goodhead “recaudó” -sorprendentemente- 552 millones de dólares para financiar su empresa inglesa. Es tanto dinero que incluso puedes aprender a leer y escribir en portugués.
Es decir, con el pretexto de indemnizar a las víctimas de Mariana, reclamando 36 mil millones de libras -es decir, aproximadamente R$ 260 mil millones-, podría incluso convertirse en propietario de Vale y, con ella, de Carajás (Estado de Pará, Brasil): la mayor mina de hierro en el mundo. El valor de mercado de Vale hoy asciende a 277 mil millones de reales. Casi lo mismo. Y no se trata, todo indica, de una mera coincidencia.
Para pedir el apoyo de la opinión pública brasileña y regional, para mostrarse digno del apoyo que busca del pueblo brasileño, el Dr. Goodhead primero debe aclarar quiénes son los inversores detrás del fondo Gramercy, que le dio casi 3 mil millones de reales sólo para financiar esta demanda, en la que supuestamente tiene poderes para 700.000 víctimas, 46 municipios y alrededor de 2.500 organizaciones, autoridades, empresas y organizaciones religiosas.
De hecho, debe ofrecer una lista clara e inequívoca de sus clientes a la auditoría de la Justicia brasileña y sus asistentes. La acción ante el tribunal inglés constituye un desprecio a la justicia brasileña y a todo nuestro avanzado sistema de defensa de derechos difusos y colectivos; este sistema que ya ha quitado decenas de miles de millones a las empresas mineras y se espera que quite más, en beneficio inequívoco de las víctimas, bajo un intenso control por parte de los organismos estatales.
El tribunal de Londres se presenta como la metrópoli para juzgar a la colonia inculta e incapaz: prueba elocuente del neocolonialismo jurídico.
En rigor, trasladar la discusión a Inglaterra es una conocida táctica de lawfare geopolítico, en la que la extraterritorialidad y la alineación de intereses entre países y agentes económicos se utiliza para alcanzar fines inconfesables.
Teniendo en cuenta todo esto, Brasil -y cualquier país soberano- debería estar agradecido por el artículo del Dr. Goodhead – menos por lo que dice y más por lo que significa.
* Abogado del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), es presidente del Instituto para la Reforma de las Relaciones entre el Estado y las Empresas (IREE). Autor de “El espectáculo de la corrupción” (Ed. Astrea).
** Abogado, director del IREE; autor de “Lawfare: Una introducción” (Ed. Astrea; en coautoría con Cristiano Zanin y Valeska Martins).
Traducción: Lucas Arrimada.
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