La política fragmentada sigue eludiendo la crisis

La economía necesita acuerdos cooperativos de largo plazo que siguen sin aparecer. La comodidad con la cual la política cree haber hecho su aporte a la resolución de la crisis económica, sólo con la declaración legal de la emergencia y un pacto fiscal precario, llama la atención. Todo el espectro opositor recita que con la ley Bases el Presidente tiene todas las herramientas necesarias para salir del abismo. Y el propio Gobierno exageró tanto la condición fundacional de esa norma que alimentó el facilismo de sus adversarios. En verdad, el tránsito hacia una normalización económica con funcionamiento de las reglas de mercado es apenas incipiente.

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Hay una pregunta que es inevitable formular para entender esa interacción tan morosa, tan reticente, entre política y economía: ¿Es la crisis económica la que fragmentó a la política o fue la política la que detonó a la economía? No hay una respuesta unívoca. Según la perspectiva o el momento, puede acentuarse alguno de los términos de esa ecuación con argumentos sólidos y razones válidas. Lo que está claro es que hay una relación defectuosa entre política y economía que se ha tornado constante -bien podría decirse: sistémica- en la democracia argentina restaurada en 1983.

Javier Milei está seguro de su talento como economista para resolver ese nudo gordiano y cree con convicción mística que sorprendió a la política (y seguirá haciéndolo) para obligarla a hacer los sacrificios que se niega a asumir para resolver la crisis. Con todo el poder que le asignó el voto, tampoco el presidente concentra la suma de las palancas sistémicas. Encabeza sólo uno de los tres poderes constitucionales; opera en franca minoría parlamentaria y está obligado a compartir la administración territorial con un pleno de gobernadores de signo distinto. Por lo que cabe hacer otra pregunta; el interrogante que insinúa en un libro de publicación reciente el sociólogo Marcos Novaro: ¿Milei quiere gobernar solo o no tiene con quién cooperar?

Tras la aprobación de la ley Bases, la economía -el ámbito de expertise del presidente- se internó en nuevas turbulencias y el debate sobre el rezago cambiario y las etapas pendientes para la salida del cepo al dólar se restringió a discutir la consistencia técnica del programa antiinflacionario. Esto ocurrió pese a la evidencia de señales contradictorias enviadas desde la política a los mercados. Basta con observar las imágenes que el propio Gobierno emitió. La asunción como ministro de Federico Sturzenegger fue mostrada como un síntoma claro del compromiso con el rumbo desregulatorio de la política oficial. Pero al mismo tiempo, otro sector del gobierno se enfrascó en un conflicto con un aliado como Mauricio Macri.

A la pregunta de Novaro se la debe estar haciendo Macri, pero invirtiendo los términos: ¿Milei no tiene con quién cooperar o quiere gobernar solo? Javier Milei obtuvo el apoyo -primero solapado y luego explícito- de Macri para ganar la presidencia. Pero luego se quedó con la fórmula presidencial completa de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich, autoridad del PRO, y Luis Petri, radical del distrito más sólido gobernado por la UCR. Las imágenes de la nueva fragmentación del PRO recordaron a las típicas fricciones de comité en la UCR o los antiguos congresos volcánicos del PJ.

Pero la disputa de fondo, que es entre Macri y Milei, tampoco debe ser interpretada como otra novedad de personalismos en controversia. En realidad los nombres son una circunstancia: el problema de fondo es la dificultad sistémica de la democracia argentina para alcanzar umbrales mínimos de cooperación política. Como sugiere Novaro, hay una fragmentación estimulada por el sistema, que incentiva la conducta especulativa en términos estratégicos. La cooperación sólo funciona con compromisos en cómodas cuotas, previo pago al contado rabioso. Es lo que le pide Milei a Macri incentivando la absorción del PRO; es lo que provoca la reacción de Macri, negándose a la cooptación.

Unidos o fragmentados

Si el problema es sistémico es porque se han consolidado normas que incentivan la fragmentación. Está en manos de Martín Menem y Victoria Villarruel coagular el drenaje de microbloques parlamentarios y en la de Guillermo Francos cumplir la promesa de eliminar las primarias estatizadas de los partidos políticos.

Milei tampoco incentiva las políticas cooperativas dentro de su gabinete. Fue muy descriptivo al estratificar a los funcionarios: una mesa chica que sólo integran su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo; los talibanes que ponen votos, como él y Patricia Bullrich; los halcones como Luis Caputo (y ahora seguramente también Sturzenegger); y los dialoguistas obligados a transar con la realidad. A ese esquema habría que añadir un dato poco señalado de la gestión Milei: su propensión a comprar proyectos “llave en mano”, como los que arriman estudios jurídicos del sector privado. Un entramado grisáceo donde los mecanismos de control institucional miran de reojo.

En el caso de los gobernadores, las dudas sobre el interés de Milei por la cooperación política son escasas. Obligados a administrar carencias, los caciques territoriales ya se adaptaron al discurso de contradicciones indiferentes que Milei introdujo como novedad política. Así como Milei un día promete exterminar a los degenerados fiscales y luego pacta con ellos, los gobernadores concurrirán a firmar el “acuerdo de Mayo en Julio” y después seguirán cercanos o distantes de la Casa Rosada, al ritmo intermitente del quid pro quo.

Dentro de ese esquema de negociaciones puntuales, Milei ha incluido los pliegos de dos vocales para la Corte Suprema de Justicia y se anuncia la intención de ampliar a nueve el número de miembros del tribunal. Esas tratativas son seguidas con lógica atención por los miembros de la Corte, pero eso no impide que mantengan una posición institucional adecuada. Ninguno de los cuatro jueces asistirá a la convocatoria presidencial de esta semana. Ricardo Lorenzetti tenía previsto un viaje al exterior. Los otros tres vocales se mantienen firmes en la convicción de su función jurisdiccional: resolver los conflictos que se plantean, a través de sus sentencias y del control de constitucionalidad de las normas y actos estatales.

La Constitución no les prescribe firmar pactos.