La insólita historia del aserradero a la deriva
El viernes pasado comenzó un corte de ruta frente al predio en disputa. (Foto: Juan Thomes).
La política aportó su calor, pero ahora son pocas las manos que se acercan a ese hierro caliente que representa el aserradero de calle Alsina, ocupado ilegalmente desde hace años por un grupo que conformó una cooperativa.
El viernes venció el plazo para la salida voluntaria de los involucrados en la causa judicial. No sólo se quedaron, sino que doblaron la apuesta por un conflicto con un corte de ruta, en las puertas del predio.
El caso tiene ribetes insólitos.
En primer lugar, porque existe desde hace un año y medio una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia para que ese inmueble vuelva a posesión de sus dueños. Pocas causas deben demostrar tan explícitamente que una sentencia puede transformarse en letra muerta si el poder político mueve sus piezas para obstaculizar un mandato judicial.
En este expediente en particular, esa barrera se levantó con forma de mediación. Pero lo singular fue que hasta los representantes del Estado Nacional terminaron retirándose de esa instancia formal, al confirmar que los miembros de la Cooperativa 1 de Mayo no aceptaban dejar las instalaciones como primer paso para reencauzar su futuro.
“Todo tiene un límite”, escribió la jueza María del Carmen Villalba en el escrito que fijó el plazo final para la usurpación.
La magistrada es también -involuntariamente- prueba del cuadro absurdo. Fue ella quien ordenó el desalojo inicial, luego se jubiló, el expediente pasó a otras manos y dio tantas vueltas por oficinas del Poder Judicial que ahora, cuando ella tuvo que volver para asumir como jueza sustituta por la falta de funcionarios en el fuero civil, es quien nuevamente tiene que resolver el embrollo.
Ocurre que ese “límite” es desconocido por la cooperativa, una entidad que seguramente tiene a la mayoría de sus integrantes preocupados por su futuro laboral, pero que también parece contar con un puñado de integrantes alimentando el conflicto.
Son esos actores quienes lograron una ley hace siete años que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble, que si bien es llamado todavía por muchos como “el aserradero de Zinelli”, desde hace años cuenta con la propiedad dividida: las tierras tienen un dueño (Mario López) y las máquinas son de la firma Embalajes.
López ofreció diferentes y amplias alternativas para que el aserradero se reubique y que nadie pierda la fuente laboral. Nunca logró correr de su postura a los referentes de la cooperativa y así se llegó al presente, donde el empresario puede pedir desde esta semana que el desalojo se haga efectivo.
Los que no aparecen ahora buscando evitar esa instancia compleja son los dirigentes partidarios que durante los últimos años alentaron la permanencia del grupo en el predio. Ni los referentes del oficialismo provincial, que desactivaron la expropiación prometida, ni los representantes del peronismo que gobierna Roca.
Con ironía, un conocedor de la historia recomendaba el viernes preguntar en el municipio si el emprendimiento que gestiona la cooperativa tiene habilitación comercial, para medir a partir de la respuesta el apego a la legalidad que siempre exigen para terceros los referentes del sorismo.
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