La Corte quiere los decretos y al Gobierno le sirve
El Procurador General de la Nación es más importante que una Corte dividida. Las dos tribus supremas quieren a sus candidatos. Al Gobierno le interesa su Jefe de fiscales.
El fallo fue unánime, uno de los últimos firmado por la Corte con sus cuatro integrantes. (Archivo)
En la cima, planear la caída.
1. El decreto para nombrar dos Jueces Supremos en comisión no cambia nada. Un nuevo Procurador General lo transforma todo.
Uno de los escenarios posibles es que, en estos días y hasta fin de Enero, desde la Presidencia se amenace con dictar un decreto para designar a dos jueces supremos “en comisión”.
El Gobierno puede amenazar con su dictado para negociar o puede designar por decreto y “en comisión” para después presionar, intentar acordar su jura en la Corte y/o pronta confirmación en el Senado. Los idas y vueltas con el posible decreto, su zig zag y el factor sorpresa, ocultan una figura ausente pero clave en el tablero judicial: el Procurador General de la Nación (Art. 120 CN). Puede ser que haya otro decreto todavía secreto para su designación.
¿Dónde y ante quién jura su cargo la persona designada como Procurador General de la Nación? La última Procuradora designada con acuerdo del Senado conforme a la Constitución (con 63 votos afirmativos de 72 totales) y al todavía vigente decreto (588/2003) juró ante la Presidenta de la Nación en Casa Rosada en Agosto de 2012.
Si pasan dos jueces supremos, pasa un Procurador. Puede ser una jugada. Su rol estratégico y su capacidad de daño es mucho más intensa en los sistemas políticos y en sus hoy frágiles democracias. Brasil y Guatemala son ejemplos a evitar.
El decreto de los jueces supremos no altera la correlación de fuerza en las dos facciones en disputa en la Corte pero en caso de ser exitoso permitiría un siguiente paso más peligroso: nombrar a un ansiado Procurador General por decreto. Esa movida sería tan sorpresiva como disimulada. Ocultar un Procurador detrás de dos jueces supremos. Usar dos jueces supremos como caballo de Troya. Sin alterar la correlación de fuerza en la Corte se altera todo con un nuevo Procurador (o Procuradora) y con su nueva política criminal.
Después de amenazar con sacar una Procuradora por decreto podría venir una nueva etapa: designar uno por decreto. Sin Constitución y sin frenos la estrategia sería darle a cada tribu judicial su miembro solicitado y quedarse con un Procurador General de extrema confianza.
2. La Corte también simula oposición mientras negocia. Posiblemente Trump y su Corte Suprema den más ejemplos de “nueva” interpretación dinámica de la Constitución. Milei hace cosas inconstitucionales y después negocia con la oposición, con la más alta y pura casta judicial y política, para estabilizar sus decisiones de dudosa legalidad. Su primer año fue un éxito en gran medida gracias a la Corte Suprema y eso da malas señales institucionales.
El equipo de Milei ha sido hábil para tensar y hasta abiertamente contradecir a la Constitución con ayuda de silencios tácticos de la Corte. Una Corte que simula ser opositora mientras se mantiene pasiva en las inconstitucionalidades evidentes, muy activa para negociar cargos judiciales en el Consejo y opera a dos bandas. El sector hegemónico en la Corte puede necesitar más “el decreto en comisión” que el sector de Comodoro Py.
La candidatura de García Mansilla ha gestionado más argumentos académicos a favor del decreto de designación en comisión que firmas y votos potenciales en el Senado. Contrasta con ciertas señales institucionales favorables que obtuvo el Juez Lijo. Aunque rechazado vocalmente por muchos -y con razón- tiene apoyos empresariales y políticos claves.
Todo indica que sin el decreto de designación en comisión García Mansilla estaría en peor situación de conseguir el acuerdo en el Senado que su par Lijo. Quizás eso explica el desinteresado esfuerzo académico para defender la designación por decreto en la esfera pública. El decreto los equipara y le da fuerza a la candidatura más desinflada.
El costo de un rechazo posterior en el Senado, tanto a Jueces Supremos como al mismo Procurador que entrará y nombrará a todo su equipo de fiscales, puede ser demasiado alto. Todos los actores tienen capacidad de diálogo institucional con carpetazos.
Es prioritario evitar tanto el fatal error de designar por decreto como una guerra de expedientes llena de extorsiones judiciales cruzadas.
* Abogado, Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
En la cima, planear la caída.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios