Juicio por Jurados: justicia con participación ciudadana

El juicio por jurados, una institución consagrada en nuestra Constitución Nacional desde 1853, representa una de las formas más puras de participación ciudadana en la administración de justicia. Este sistema, inspirado en la tradición jurídica americana, coloca a 12 ciudadanos comunes en el centro de la tarea de decidir sobre la culpabilidad o no de una persona enjuiciada, convirtiéndolos en jueces de los hechos, mientras el juez profesional actúa como juez del derecho.

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A pesar de haber estado prevista desde los orígenes de nuestra Constitución, la implementación del juicio por jurados tardó más de 160 años en materializarse.

Fue recién en 2014 cuando la provincia de Neuquén se convirtió en la primera en aplicar este modelo, marcando el inicio de un camino que otras provincias, como Buenos Aires, Río Negro y Chubut, han seguido. Hoy, la mayoría del país ya cuenta con este sistema, aunque aún quedan algunas jurisdicciones que deben dar este paso hacia una justicia más participativa y democrática.

El juicio por jurados no es solo un derecho del acusado de ser juzgado por sus pares, sino también un derecho y una obligación de la ciudadanía de involucrarse activamente en la resolución de casos que afectan los bienes más preciados de nuestra sociedad, como la vida y la integridad sexual. Este modelo garantiza que las decisiones judiciales no queden únicamente en manos de jueces profesionales, sino que reflejen la mirada y los valores de la comunidad.

Es importante destacar que la Constitución Nacional, en sus artículos 24, 75 inciso 12 y 118, reconoce explícitamente la relevancia del juicio por jurados.

Esta forma de justicia no solo fortalece la soberanía popular al permitir que el pueblo decida en casos concretos, sino que también asegura legitimidad y transparencia en el proceso judicial. Además, estudios realizados en distintas regiones han demostrado que en más del 80% de los casos los jurados coinciden con las decisiones que tomarían los jueces profesionales, lo que refuerza la seguridad jurídica del sistema.

Eliminar o retroceder en la implementación del juicio por jurados implicaría no solo un grave retroceso en los derechos democráticos y participativos, sino también una posible violación de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como toda institución, el juicio por jurados enfrenta desafíos y requiere ajustes a medida que se acumulan experiencias. Sin embargo, su impacto positivo en la consolidación de una justicia transparente, inclusiva y democrática es incuestionable. Este sistema, reconocido incluso a nivel internacional, es un ejemplo de democracia directa que debe consolidarse en todo el territorio nacional.

Esperamos que en este 2025 el mapa de nuestro país se complete con todas las provincias adoptando el juicio por jurados, cumpliendo con el mandato constitucional y fortaleciendo una justicia que verdaderamente represente a todos los ciudadanos.

El camino hacia una sociedad más justa y participativa depende de nuestra capacidad para defender y expandir este derecho fundamental.

* Abogada de la Universidad Nacional del Comahue, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales y en Derecho Procesal Civil (UBA). Miembro del Poder Judicial de Neuquén desde 2013, actualmente afectada a Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.