El sinuoso cuidado de la billetera estatal en Río Negro

El silencio no sólo es político en las negociaciones salariales dentro del Estado rionegrino.

También es inversión, porque cada día que pasa sin compromisos asumidos para aumentar los sueldos representa un alivio económico para el Gobierno.

Junio cerró sin diálogo entre el Ejecutivo y la Unter, que iniciará este martes un nuevo paro de 48 horas. “Ni público, ni subterráneo. Todo cortado”, respondió el viernes un alto dirigente del sindicato.

Los docentes fueron los primeros en sentir en sus bolsillos la nueva faceta de la administración Weretilneck, que dejó atrás los gestos del pasado, liquidando haberes con la primera oferta oficial como base, a pesar de que sigan abiertas las paritarias.

Esta vez esos ingresos se mantuvieron congelados. Y sin esas subas, tampoco hubo impacto en los aguinaldos que se pagarán al sector también este miércoles. Podrá existir un reconocimiento posterior, el día que finalmente se alcance un acuerdo, pero para entonces las cuentas públicas habrán ganado tiempo ante la inflación.

Y no es poco lo que evita el Gobierno con su estrategia de negociaciones a fuego lento, funcionales también para ATE, que evita fisuras mayores dentro del Frente Sindical Estatal.

La conducción de UPCN, el otro gremio protagonista de las paritarias en Función Pública, le puso números al escenario.

El informe que dio sustento al rechazo de ese sindicato a la última propuesta del Ejecutivo indica que, durante los últimos cinco meses, el “ahorro” por efecto de las sumas no remunerativas en los haberes de los agentes englobados en las leyes 1.844 y 1.904 fue de 33.929.280.000 pesos.

El Consejo Directivo de UPCN advierte en su documento que, sobre una masa salarial global de 14.256.000.000 pesos liquidada en mayo, el 85% se conformó por componentes no remunerativos. Y a partir de esa condición, hubo 4.847.040.000 pesos por el concepto de Zona y otros 1.938.816.000 pesos de Contribución Patronal Obligatoria que fueron omitidos en las obligaciones a cargo del Estado.

La suma de esos dos ítems arroja que el Gobierno evitó pagar el mes pasado 6.785.856.000 pesos, una cifra que proyectada por los cinco meses del 2024 trepa a los casi 34 mil millones mencionados, que son dos masas salariales y media.

Hay que destacar que ese universo contiene a sólo a unos 22.000 agentes, sin contemplar al sistema educativo, que tiene una cantidad similar de empleados.

De ser como lo pinta UPCN, es válido concluir que la gestión provincial se resiste a abandonar el esquema de sumas fijas no remunerativas no sólo porque está poniendo más plata en el bolsillo de los trabajadores en tiempos de inflación. Probablemente lo esté haciendo también porque con esos “ahorros” financia sus obligaciones salariales de mediano plazo.

La “fábrica de certificados”

Claro que las estrategias para la recomposición salarial no conforman el único plan en marcha para poner a resguardo la billetera estatal, en tiempos de nulo derrame desde la Casa Rosada.

Con la marketinera frase que aludió a la “fábrica de certificados” descubierta en el Alto Valle, el Gobierno posicionó sus denuncias a nivel nacional y reforzó su nueva imagen de celoso guardián de los recursos públicos.

La ocurrencia no pudo ser más oportuna, porque sirvió para contrarrestar el impacto de otra de las noticias de la semana, surgida desde Roca, con los pedidos de penas para los farmacéuticos que estafaron al Ipross.

No hay dudas sobre la responsabilidad penal que cabe a los imputados, pero ese camino definido en la Justicia no exime –como mínimo- de la autocrítica para Weretilneck y el equipo que lo rodeó en la obra social.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2013 y 2019, es decir durante los dos mandatos anteriores del gobernador. Y todavía cuesta creer cómo nadie pudo advertir que cinco farmacias estaban vendiendo remedios de alto costo a un ritmo frenético, equivalente a las operaciones de 112 comercios del rubro en todo un año.