El paro de Unter ante un gobierno que ladra… ¿y ahora muerde?

Un repentino paro de la Unter alteró la agenda política rionegrina, centrada hasta el jueves en los efectos de la Ley Bases dentro de la provincia. 

El gremio docente esquivó la burocracia y la incertidumbre de sus congresos, convocando al Plenario de Secretarios Generales para sacar un plan de lucha exprés, que sorprendió tanto al Gobierno como a las familias con hijos en los casi 800 colegios del sistema público.  

Ante esa tormenta sin pronóstico, el Ejecutivo quedó lejos de la creatividad y reaccionó con herramientas clásicas: reproches públicos y promesa de sanciones.  

Esas represalias llegarían por vía administrativa -por no haber notificado las medidas dentro de los plazos legales- y en los recibos de sueldo, sin liquidar el último aumento ofrecido y descontando los días no trabajados. 

Sería toda una novedad que la administración Weretilneck retenga sumas a los docentes, porque los cinco paros previos que hizo la Unter este año, por reclamos salariales o adhiriendo a protestas nacionales de Ctera, no tuvieron consecuencias económicas, según confirmaron el viernes dirigentes de Unter. 

Y sería otra novedad dentro de los gobiernos de Juntos Somos Río Negro que se complete un ciclo administrativo por la aparente acción ilegal del gremio docente. 

La gestión anterior, encabezada por Arabela Carreras, descontó cinco días de paro, pero licuó el resto de las huelgas del 2023 con la extensión de una semana del ciclo lectivo y la suspensión de tres jornadas institucionales. Y más importante que eso, nunca concretó la supuesta multa millonaria para la Unter por no acatar la conciliación obligatoria dictada por Trabajo en el conflicto de la época preelectoral. 

De manera que, en el análisis costo/beneficio que siempre antecede a un plan de lucha, la historia reciente juega a favor del sindicato y seguramente eso pesó al momento de decidir la escalada del conflicto. 

Ahora bien, ese camino adoptado también tomó desprevenidos a otros gremios y seguramente ahora costará más presentar al Frente Sindical Estatal como un núcleo sólido, porque dentro de ese espacio hay quienes creen que la Unter no está leyendo bien el escenario nacional, donde los trabajadores públicos rionegrinos están mejor que sus pares de otras provincias.

La Ley Bases y el “voto por una rotonda”

Acertadas o no esas interpretaciones, lo concreto es que la crisis por los salarios estatales esfumó la sensación de tranquilidad que aparecía en el ambiente oficialista después de la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal en el Senado. 

El voto de Mónica Silva fue mucho más que un canje por una rotonda y la oposición justicialista deberá hacer algo más que posteos con dudosa ironía si pretende insistir en demostrar que no hay beneficios para la provincia a partir del nuevo escenario. 

Weretilneck no apareció en fotos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como otros mandatarios provinciales, pero negoció obras y recursos con la misma intensidad y finalmente abrió los canales de comunicación con la Casa Rosada. 

Luego de seis duros meses sin diálogo ni expectativas, haber desbloqueado la rigidez mileista ofrece un horizonte menos oscuro para los gobiernos provinciales que nunca exploraron seriamente los caminos del desarrollo sin alta dependencia de Nación. 

De todas maneras, la mayor predisposición a los consensos por parte del equipo de Milei no evitará el nuevo desafío para el oficialismo rionegrino, que sumará responsabilidades de gestión en ámbitos de fuerte exposición, como la administración de rutas y del pretendido servicio de trenes en el Alto Valle. 

En el final de su primer semestre, Weretilneck ya inició la revisión para determinar quiénes son los “funcionarios que funcionan” y quiénes no dan la talla para el nuevo tiempo.   

Igual que con la Unter, el oficialismo verá pronto si existe un nuevo estilo gubernamental, menos paciente que en las versiones anteriores.  

Algo de eso ya se vio esta semana, cuando se supo que el propio mandatario está firmando denuncias por supuestos certificados truchos en el Estado, una tarea que sin dudas otras personas pueden cumplir.