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El «nuevo» enemigo de la neuquinidad

Desde el destino de fondos petroleros para pagar jubilaciones sin un guiño hasta la industria de las licencias psicológicas, una relación tensa. ATEN menciona una campaña de desprestigio a la labor docente y buscó el lugar de la victimización que, en otros esquemas de poder, le dio resultado.

Las prácticas políticas se renuevan aunque, en el fondo, tienen una raíz común. El gobierno que conduce Rolando Figueroa definió que puede emulsionar la derecha y la izquierda bajo una marquesina grande: defender Neuquén. La teoría le funcionó aunque la práctica le está trayendo algunos chispazos.

No lo dijo porque no era políticamente correcto durante la campaña. Jorge Sapag desplegó la estrategia de la paz social, que luego perfeccionó Omar Gutiérrez, quien le agregó: a cualquier precio. No solo con los gremios “combativos” sino también con la cuestión petrolera que, después de 106 años, se resiste a incorporar el respeto al ambiente.

Por convicción ideológica (los fondos públicos son de todos, no solo de los empleados públicos) o conveniencia política (se ganó y la gente espera que haya un cambio) le permitió aplicar una “vinculación superadora”.

La relación de Figueroa y el gremio ATEN ha estado marcada por tensiones. Inicialmente, en un cogobierno con Gutiérrez, Figueroa decidió sacar fondos del Fondo Anticíclico para cubrir el déficit del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y mantener su estabilidad financiera. Posteriormente, decidió aumentar los aportes y contribuciones, decisión que encontró una fuerte oposición por parte de ATEN, que argumentó que la carga adicional recaería injustamente sobre los trabajadores. El guiño del uso de fondos públicos no recibió un gesto recíproco.

En el contexto de las negociaciones salariales, el gremio ATEN mantuvo una postura firme, insistiendo en que el gobierno respetara el índice de precios al consumidor (IPC) acordado previamente con Gutiérrez. A pesar de las presiones y la necesidad de llegar a un acuerdo, el gremio no flexibilizó su posición, lo que llevó al gobierno a decretar un aumento salarial por decreto. Esta medida incluyó una suma fija en enero y, posteriormente, incrementos basados en el IPC, reflejando la falta de consenso y la dificultad para alcanzar acuerdos negociados.

Es después de esa bisagra que el gobierno resolvió crear su propio enemigo de “la neuquinidad” y, con un poco de pudor, avaló el adicional por presentismo, ley percibida por ATEN como un “ataque directo a los derechos de los trabajadores”.

La cifra de lo que se paga en suplencias de suplencias nadie la sabe con certeza, más allá del redondeo que hizo Figueroa de unos 100 millones de dólares (lo mismo que obtuvo ahora del CAF), un poco menos que una masa salarial. El gremio sabe que es difícil establecerla, pero igual se suma al reclamo de tres legisladores opositores. Y como se resolvió comenzar mañana con un paro, en la semana el gobierno decidió destapar lo que describió como la “industria de los certificados psicológicos”. Esta acción reveló un supuesto uso indebido de estos certificados para justificar ausencias laborales: un psicólogo de Andacollo emitió 863 certificados de tratamiento, 800 de docentes y 63 de otras dependencias estatales. Se investiga, por cruce de cuentas, si los “pacientes” pagaban por la obtención de estas dispensas. El profesional lo hizo en cuatro meses.

ATEN menciona una campaña de desprestigio a la labor docente y buscó el lugar de la victimización que, en otros esquemas de poder, le dio resultado. Tal vez ahora también.

La paz social a cualquier precio quedó en evidencia con la transferencia de fondos que hubo en la anterior gestión hacia organizaciones sociales que no los rendían. Es obvio que el que daba esos fondos sabía que no era para “capacitación” porque el Estado tiene el cuasimonopolio de esa tarea y solo le interesaba que no cortaran los cruces de la avenida Argentina. “El primer paso era que se conociera, que se evidenciara, al igual que la reinscripción de los que recibían planes sociales, se presentó solo la mitad, y no pasó nada. De 20.000 que se pagaban, ahora se atiende a 10.000”, indicó un observador de las relaciones político-partidarias.

La elección de la contraparte política está en marcha y la segunda minoría se relame.


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