Educación, un derecho social garantizado por el Estado

*Ana Ferrero, directora IFDC El Bolsón; Jimena Aguirre, directora IDC Bariloche; Fernando Samuel, director IFDC (Fiske Menuko); Gustavo Germanier, director IFDC Catriel; Diego Chertoff, coordinador Departamento de Formación IFDC Bariloche.

Analizar las definiciones de políticas educativas en la provincia de Río Negro, obliga a mirar con detenimiento las decisiones en ese aspecto que ha tomado y toma el gobierno nacional. En este ejercicio de análisis encontramos plena coincidencia acerca del marco conceptual desde el cual se piensa la educación.

El gobierno nacional, en una de sus primeras medidas, decidió que Argentina no necesitaba un Ministerio de Educación; lo transformó en secretaría dentro del Ministerio Capital Humano. Acto seguido resolvió que la educación dejó de ser un derecho social y lo transformó en un servicio; esto último con el acompañamiento de la senadora Mónica Silva, quien en algún momento supo ser directora de un Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) y defensora de la educación como un derecho.

El mismo proceso se está llevando adelante en la provincia, defendido hasta la represión, por el gobierno provincial y cada uno de sus ministros y funcionarios.

En este marco, el gobierno provincial está convocando a un primer sondeo por la educación para la reforma de la Ley Orgánica de Educación Provincial (4819), el cual, en palabras de la ministra de educación busca: “que todos puedan participar, opinar y proponer lo que está bien de la educación, qué debemos seguir profundizando y qué es lo que debemos realmente cambiar para dar respuesta a las necesidades de la sociedad rionegrina”.

Sin embargo, entre las tres encuestas del sondeo, compuestas por más de 30 preguntas, sólo dos están orientadas a relevar información acerca de las obligaciones que el estado debería garantizar; una forma extraña de identificar necesidades.

Estas definiciones afectan a cada uno de los niveles del sistema educativo. De manera particular queremos detenernos en nuevas prácticas que comenzaron a suceder en el Nivel Superior, particularmente lo que respecta a los IFDC y la formación docente.

El pasado 31 de octubre se aprobó la resolución que modifica el reglamento de prácticas para todos los profesorados docentes; los que se dictan en los diez IFDC públicos y los que dictan los dos institutos privados de la provincia (Lenguas Vivas en Bariloche y San Agustín en G. Roca). Esta resolución modificó la denominación IFDC que se encuentra establecida en la Ley 4819, por las siglas ISFD (Instituto Superior de Formación Docente). La “C” que se suprimió significa “Continua”, y refiere a la función que desde los IFDC se lleva adelante para la formación permanente de los docentes de los niveles obligatorios. Esta modificación, que responde a requerimientos de la Dirección de Educación Privada, nos inquieta respecto a la posible intencionalidad de recortar esta función en los institutos públicos. Como ya dijimos, extraña manera de defender la educación pública como un derecho social, evidentemente los intereses reales no se condicen con los que escuchamos en cada aparición pública del gobernador, la ministra de educación u otros funcionarios. En este marco de tergiversación de las leyes vigentes, en julio de este año, en el Consejo Provincial de Educación (CPE), se sancionaron dos normas que desconocen más de 30 años de historia de la formación docente.

El Nivel Superior de Río Negro fue siempre un ejemplo nacional de excelencia académica, democracia y transparencia: excelencia académica en la formación de docentes reconocida en todo el país; democracia, en la participación de los IFDC en el diseño de políticas públicas para el nivel; transparencia, todo ingreso al nivel se realiza por concursos de antecedentes y oposición.

Las dos resoluciones del CPE (3846 y 4277) desconocen estas características históricas del nivel porque mediante las mismas se creó un Profesorado de Nivel Inicial en la localidad de Los Menucos, que no se alinea en los principios enunciados. Fue completamente inconsulto, ya que ninguno de los IFDC sabía de las características inéditas de este Profesorado.

Asimismo ninguno de los IFDC participó con sus aportes a esta normativa, ni a este proyecto, ni a este cambio en la política para el nivel superior; siendo que la responsabilidad académica de este profesorado depende, por primera vez, de un Instituto Técnico.

Además, estas resoluciones están permitiendo el ingreso de más de treinta cargos al nivel superior sin el requisito histórico de concursar; donde se desconocen las formas de designación, dándose nombramientos “a dedo”, por afinidad y por influencias políticas.

En este escenario ideológico y político, se inicia el debate nacional y provincial de diferentes documentos cuyos contenidos definen la calidad educativa de la formación docente: “Formación Docente Inicial basada en Capacidades”, los “Núcleos Prioritarios de Aprendizaje en Formación Docente” y los nuevos “Diseños Curriculares de la Formación Docente”.

Estamos preocupados; pero ocupados en defender a la educación pública como un derecho social garantizado por el estado.