Derechos y necesidades

Federico Aringoli

Editor responsable. Nació en 1982 en General Roca, Río Negro. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Realizó tareas de investigación académica entre 2005 y 2007 como becario de la UNCo. Luego se formó en periodismo digital. En RÍO NEGRO fue editor de la sección Energía (2017-2018), jefe de la agencia Neuquén (2018-2022) y Prosecretario de Redacción (2020-2022). Reside actualmente en Neuquén capital. En Diario RÍO NEGRO desde 2005.

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Suele repetirse una máxima, alimentada por el MPN, donde se explica que no por estar sobre la segunda reserva mundial de gas todos deberíamos tener acceso.


El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, blanqueó esta semana un debate que atraviesa al país y que se reactualiza en Neuquén. Eligió una provocadora forma de hacerlo al parafrasear e invertir la frase de Evita: “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. Más allá del encono peronista por la figura retórica escogida -de precisión quirúrgica- el juez, que debe su ascenso al expresidente Mauricio Macri, fue más claro que cualquiera de las voces opositoras: acusó al populismo de crear falsas expectativas: “Un mundo donde todas las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe”.

Sin embargo, lo que actualiza el debate en la provincia no es la realidad y similitudes locales de las palabras del magistrado sino, cuál es el punto de partida para comenzar a pensar, según la lógica expuesta, que existe un mundo -un país o una provincia- que vive cerca del ideal en el que asignar más derechos casi sería un empacho asistencialista.

Pero, ¿puede imaginarse algún estado parecido a la sobreabundancia de derechos cuando hay necesidades básicas insatisfechas como lo expresan los últimos datos de pobreza cercanos al 40%?

No es que el planteo del juez no tenga soporte en la realidad, lo tiene, pero desnuda en cierta manera la distancia social en las que empiezan a vivir las distintas “Argentinas”. Y también que ese estado de situación existe, que tiene responsables y que en gran medida, como un bumerán, el tema vuelve a los poderes del Estado.

El ministro de Educación de Neuquén, Osvaldo Llancafilo (MPN), quien si tenía algún pergamino para ocupar el cargo lo es su experiencia en la administración pública y por consiguiente la celeridad para solucionar los inconvenientes de rutina, perdió contra las ansias de protagonismo y polemizó con la madre de un estudiante en el canal de noticias TN, donde aseguró que no había escuelas sin clases por falta de gas en la provincia.

La veracidad del ministro duró menos que la tanda publicitaria de la señal televisiva.


El negocio sería que se extraiga en cantidades abultadas y que pueda exportarse. Con esa teoría, la del derrame, se solucionaría cualquier necesidad.


El acceso al gas en la provincia de Vaca Muerta, la principal productora del país, es un tema sensible. En medio de una ola polar quedó expuesta, una vez más, la escena de los que no acceden a la red de gas natural y deben pagar mucho sí es que tienen la suerte de conseguir una garrafa. Una familia necesita unos $20.000 mensuales para no pasar frío, es decir, unas 20 veces más que quienes tienen acceso a la red.

En 2020 la APDH pidió al Poder Judicial que se declare el acceso al gas natural como un derecho esencial. Lo hizo con un relevamiento donde constaba que 12.000 familias de la capital neuquina -algo que se repite en otras localidades de la provincia- no tenían acceso a ese servicio. La creativa presentación judicial supuso todo un desafío para el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, si bien se declaró incompetente, pudo establecer que se creen mesas técnicas de seguimiento.

La agudeza del planteo del equipo legal de la organización fue tal que obligó al TSJ a dar un paso judicial inédito, a tal punto, que la técnica judicial del caso se analiza en congresos internacionales de Derecho. Sin embargo, y sin intentar reduccionismos por la complejidad del tema, las mismas 12.000 mil familias o incluso más siguen sin gas, igual que en 2020 (o, incluso, mucho antes).

En Neuquén suele repetirse una máxima desarrollista, que alimentan los gobiernos del MPN, donde se explica que no por estar sobre la segunda reserva mundial de gas todos deberíamos tener derecho a su acceso ya que, en realidad, el negocio sería otro: que se extraiga en cantidades abultadas y que pueda exportarse. Con esa teoría, la del derrame, el volumen del negocio permitiría solucionar cualquier necesidad local.

La teoría parecería sólida, sin embargo, las exportaciones no solo siguen siendo marginales sino que las importaciones representan la principal cuenta de erogación en dólares para el país, vía los famosos barcos de GNL.


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