Condena a Cristina Kirchner: la descalificación política como razón judicial

La descalificación política, posee la facilidad de su incerteza, o sea no es necesario probar lo que se dice. La pereza opositora, tanto en lo político, intelectual y mediático, no se preocupa en hallar causas reales que hagan a hechos de supuesta corrupción llevados a cabo por Cristina Fernández de Kirchner, y eso motivó que se encierren en una causa, a todas luces falsa y de imposible culpabilidad y carente, desde el derecho administrativo, de posibilidades de ser efectuada por un presidente de la Nación. Es decir, ponen la descalificación política como razón judicial.

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En 1994 la Constitución argentina, en su reforma, incluye la figura novedosa del Jefe de Gabinete como lugar de la más alta responsabilidad incorporado a la Administración Pública nacional.

En el artículo 100 de dicha CN se fijan las tareas y funciones del jefe de Gabinete de ministros, y es útil recordar que este cargo es un órgano no electivo, que designa la presidencia de la Nación, y que por la Constitución queda al frente de la administración y se encarga de la relación con el Poder Legislativo.

Sus funciones tienen variedad de rubros, pero pueden definirse desde el área legislativa, la coordinación y la parte administrativa.

Nos interesa lo que hace a la administración, y entre sus facultades está la de “ejecutar el presupuesto” y no menos importante es que “Ejerce la administración general del país, trabajando junto al gabinete de ministros y sus funcionarios, coordinando las tareas a su cargo y haciendo un seguimiento de las políticas públicas diseñadas.”

O sea, en la causa Vialidad, en la que fue condenada CFK, las partidas, decisiones, modificaciones, detalles de pagos, control de obras y etc. etc. etc. era tarea exclusiva de la jefatura de Gabinete y no de la presidencia de la Nación.

Esto no significa que las pruebas presentadas en el juicio, tengan asidero (recordemos que uno de los peritos puestos por la fiscalía y que era alguien allegado a Macri, reconoció que no existían sobre precios, ni rutas cobradas y no terminadas y enfáticamente expresó que no habia motivo alguno para consumar un juicio) y por lo tanto deba ser condenado quien ocupaba entonces el manejo de la administración nacional, sino que es imposible que se le acuse a un funcionario, que no está facultado para llevar a cabo lo que se le imputa, de hacer o no hacer al respecto.

Bien dice el experto en Derecho Administrativo Rodolfo Barra, en su conclusión entregada a la causa Vialidad “De conformidad con la reforma introducida al texto constitucional en 1994, es el Jefe de Gabinete de Ministros quien ejerce la administración general del pais y quien por lo tanto ejecuta el presupuesto de la Nación y solo excepcionalmente, dichas facultades son ejercidas, por “avocación”, por el presidente de la Nación”.

Vale aclarar que Barra es el actual Procurador del Tesoro, cargo que le asignó Milei y es un ex miembro de la Corte Suprema de Justica y es un hombre, desde la política insospechado de simpatías por la ex presidenta.

Y cuando se refiere a la excepcionalidad que la facultad administrativa pase del Jefe de Gabinete a la presidencia dice que debe ser por “avocación” que es una técnica del derecho administrativo mediante la cual se traslada el ejercicio de la competencia en un caso concreto y desde un órgano jerárquicamente inferior a uno superior. Es como lo contrario a la delegación.

O sea que en caso Vialidad, debe demostrarse que la Jefatura de Gabinete decidió “avocar” en la presidencia todo lo concerniente a las obras públicas cuestionadas.

Tema este que, por supuesto, no existe, no está demostrado en el juicio y ni siquiera surge en todo la consustancia judicial algo aproximado a esta cuestión.

* Exdiputado nacional por el PJ-Frente para la Victoria.